Un brutal atentado con explosivos en la Vía Panamericana, en el suroeste de Colombia, dejó al menos 20 muertos y más de 30 heridos, en uno de los ataques más graves contra civiles en los últimos años y a pocas semanas de las elecciones presidenciales.
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Atentado: Colombia acusa a las disidencias de las FARC
El violento ataque se produjo el 25 de abril cuando un artefacto explosivo impactó sobre varios vehículos, incluido un bus, que circulaban por la carretera Panamericana en el departamento del Cauca.
El saldo fue devastador, con al menos 20 personas muertas y otras 36 resultaron heridas.
Rápidamente, las autoridades calificaron el hecho como un acto terrorista dirigido contra población civil, en una zona donde operan grupos armados vinculados al narcotráfico.
Las primeras investigaciones apuntan a disidencias de las antiguas FARC, especialmente estructuras que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 y hoy funcionan como organizaciones criminales.
Estos grupos mantienen una fuerte presencia en el Cauca, donde disputan rutas de salida de cocaína, control territorial, y otras economías ilegales como minería y extorsión.
El ataque estaría vinculado a esa disputa por el control del negocio narco, más que a una lógica política tradicional en un contexto electoral.
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Crisis de seguridad a un mes de las elecciones
El atentado ocurre a poco más de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, previstas para el 31 de mayo, en un contexto de creciente violencia.
En los días previos al ataque se registraron:
- Más de 20 acciones violentas en la misma región
- Ataques a infraestructura policial y militar
- Incremento de la actividad de grupos armados
Esto genera preocupación sobre un posible intento de desestabilización del proceso electoral o de presión territorial por parte de organizaciones criminales.
El ataque también reaviva el debate sobre la política de “paz total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, que busca negociar con grupos armados. El recrudecimiento de la violencia pone en duda la efectividad de esa estrategia frente a organizaciones que combinan lógica insurgente con estructuras del crimen organizado.
El propio presidente calificó a los responsables como “terroristas y narcotraficantes” y pidió intensificar la ofensiva militar. “Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar”, sostuvo el mandatario.
Mientras tanto, el gobierno de Colombia busca esclarecer la responsabilidad del atentado en el departamento de cauca y atender la agravada crisis de seguridad a poco más de un mes de las elecciones que marcarán un nuevo rumbo en el país.
