La aparición de ballenas muertas en Puerto Madryn y Península Valdés encendió nuevas alarmas en Argentina. El suceso ocurre mientras el Reino Unido autoriza el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, lo que alimentó dudas sobre un posible impacto ambiental en el Atlántico Sur.
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Sin embargo, y hasta el momento, los especialistas no encontraron relación entre ambos hechos. Aun así, la coincidencia abrió un debate sobre qué ocurre y qué normas internacionales estarían en juego si la actividad británica afecta el ecosistema marino.
Argentina: qué pasó con las ballenas en la Patagonia y por qué se habla del Reino Unido
En apenas una semana aparecieron siete ballenas francas australes muertas en la costa de Chubut. Durante los primeros meses de la temporada, los hallazgos fueron sobre todo crías, pero ahora se sumaron juveniles y adultos, un cambio que los expertos describen como atípico.
Las hipótesis oficiales apuntan a una bacteria que provocaría erisipela en los ballenatos y a toxinas de la marea roja en los ejemplares más grandes. Un programa de monitoreo sanitario recolecta muestras, y los informes finales todavía no están listos.
Mientras tanto, el Reino Unido autorizó formalmente el yacimiento Sea Lion, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Lo desarrollan la israelí Navitas y la británica Rockhopper, con 23 pozos, dos buques de producción y una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios.
Si bien las perforaciones comenzarían a principios del año próximo, ya hay obras y preparativos en marcha. Algunos sectores se preguntan si el ruido, el tráfico de buques o eventuales vertidos podrían afectar a especies que recorren el Atlántico Sur, aunque esto, por ahora, es solo una posibilidad sin evidencia empírica.
Qué normas internacionales se estarían violando en el Atlántico Sur
Argentina sostiene que explotar hidrocarburos en esa plataforma continental sin su consentimiento viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ese tratado reconoce al Estado ribereño derechos soberanos sobre los recursos de su plataforma y obliga a proteger el medio marino.
Por eso, presentó un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Solicitó que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación mientras se resuelve la disputa de fondo.
También entraría en juego la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU. Pide a ambas partes abstenerse de adoptar decisiones unilaterales sobre los recursos mientras la soberanía siga en discusión, algo que Argentina considera incumplido.
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En el plano ambiental, la Convención sobre el Derecho del Mar exige evaluar el impacto de actividades que puedan contaminar y evitar daños a otros Estados. Si se comprobara un efecto sobre las ballenas, podrían sumarse la Convención sobre Especies Migratorias y el régimen de la Comisión Ballenera Internacional.
En el derecho interno, la ley argentina 26.659 regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental, y la ballena franca austral es Monumento Natural nacional. Por su parte, el Reino Unido rechazó el reclamo y anunció medidas legales para proteger a las empresas involucradas.
