A pesar de los recientes acontecimientos políticos y la excarcelación de cientos de presos políticos en los últimos meses, las estructuras estatales responsables de la represión, la persecución y las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Caracas siguen intactas. Esta es la principal conclusión vertida en el más reciente informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre el aparato represivo en Venezuela.
Aunque los expertos del organismo reconocieron una disminución en la cifra de detenciones de larga duración y desapariciones forzadas tras los hechos de inicios de año, enfatizaron que cualquier apertura democrática en el país seguirá siendo “frágil y reversible” mientras no se apliquen reformas institucionales estructurales.
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Venezuela: “Cambios cosméticos sin reformas de fondo”
La Misión de la ONU destacó que, si bien se han registrado liberaciones y un margen ligeramente mayor para las manifestaciones públicas y la labor periodística, no se derogaron las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia ni se ha transformado el funcionamiento de los cuerpos de seguridad e inteligencia.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, sostuvo Sofía Macher, presidenta de la Misión de la ONU sobre Venezuela.
Asimismo, la investigación de la ONU sobre el aparato represivo en Venezuela advierte sobre los siguientes puntos críticos:
- Presos políticos aún tras las rejas: Se estima que entre 379 y 500 personas continúan detenidas por motivos políticos, bajo una opacidad oficial que impide determinar su estado de salud y situación legal.
- Continuidad de funcionarios cuestionados: Al menos 19 altos cargos señalados por su participación en graves violaciones de derechos humanos siguen ocupando o han sido reasignados a puestos clave.
- Detenciones arbitrarias breves: Se identificó un patrón recurrente de arrestos de corta duración orientados a intimidar a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil.
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Nuevos casos de tortura y condiciones deplorables de detención
El informe documenta al menos 64 nuevos casos de tortura registrados en el último periodo, confirmando que estas prácticas siguen siendo generalizadas en los centros de reclusión.
Los investigadores resaltaron la persistencia de tratos crueles en recintos como el presidio de máxima seguridad El Rodeo I —donde se documentó intubación forzada y el confinamiento en celdas subterráneas conocidas como la “máquina del tiempo”— y la instalación militar Fuerte Guaicaipuro, con celdas bajo el nivel del suelo expositoras al frío extremo y privación de alimentos.
A esto se le suma la falta prolongada de acceso a atención médica adecuada y agua potable, factor determinante en la muerte bajo custodia de diversos detenidos por motivos políticos.
El rol central de los colectivos en el aparato represivo de Venezuela
Un apartado fundamental del informe de Naciones Unidas profundiza en la actuación de los llamados colectivos (grupos civiles armados progubernamentales). Según la Misión, estos grupos no operan de forma aislada, sino como un componente central del aparato de control social del Estado.
- Coordinación con fuerzas estatales: Existe una superposición directa entre los integrantes de organismos de seguridad y los colectivos.
- Financiamiento y logística: Se constató el suministro estatal de armas de fuego, municiones, transporte, equipos de radiocomunicación y respaldo político.
- Atribución de responsabilidad: La ONU determinó que la conducta de estos grupos es atribuible al Estado venezolano cuando ejercen funciones públicas o actúan bajo sus órdenes, e instó a su inmediato desarme y desmantelamiento.
Ante este escenario, la Misión de las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a mantener la presión para garantizar un marco de justicia transicional centrado en las víctimas y el restablecimiento del Estado de derecho. Entre las recomendaciones principales, los expertos instaron a Venezuela a revertir su retiro del Estatuto de Roma y cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional (CPI) para poner fin a años de impunidad institucionalizada.
