Alegando que la controversia de soberanía respecto de las islas Malvinas genera el deber de las partes de “abstenerse de adoptar medidas unilaterales susceptibles de modificar la situación existente”, dos organizaciones argentinas presentaron una medida cautelar contra las petroleras que operan el bloque Sea Lion. La explotación, a cargo de la petrolera británica Rockhopper Exploration y su socia israelí Navitas, se ubica a 220 kilómetros al norte de la isla Soledad.
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Los demandantes, la Asociación Civil de Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, solicitaron al Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego) que frene la explotación del petróleo en la zona. Alegan que el proyecto Sea Lion se emplaza en aguas del Mar Argentino y “amenaza con la producción de grave daño ambiental en ese recurso hídrico interjurisdiccional, con eventual expansión de daños al sector antártico y aguas internacionales”.
A su vez, la demanda se refiere a la infraestructura a construirse alrededor de Puerto Argentino, capital del archipiélago. En concreto, menciona “la ampliación de una instalación portuaria temporal mediante obras de escollera, aumento del calado y sistemas para el abastecimiento de combustibles, agua y fluidos industriales”. La presentación también detalla que “se proyecta una base logística de entre 80.000 y 120.000 m², destinada al almacenamiento de tuberías, contenedores, equipos y oficinas operativas”.
Por último, se hace referencia a la construcción de una instalación complementaria: “Una planta para la preparación de lodos de perforación y cemento, instalaciones específicas para almacenamiento de productos químicos, infraestructura habitacional para trabajadores permanentes y temporarios, y un centro de apoyo aeronáutico en el aeropuerto de Puerto Argentino para el transporte continuo de personal hacia las instalaciones offshore”.
Explotación de petróleo en las islas Malvinas: qué piden los demandantes
En concreto, los demandantes solicitan a la jueza federal, Mariel Ester Borruto, que decrete “una medida cautelar de no innovar en la que se ordene suspender el inicio y/o continuidad de la ejecución de las obras de construcción del complejo León Marino (Sea Lion)”.
Los autores de la presentación piden que se declare “la inaplicabilidad e inoponibilidad, dentro del ámbito jurisdiccional de la República Argentina, de toda licencia, permiso, autorización, habilitación administrativa, acto regulatorio o decisión emanada de las autoridades coloniales británicas respecto del proyecto”.
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Al respecto, apuntan a “la ejecución de una actividad extractiva de gran magnitud y prolongada duración sobre recursos naturales pertenecientes a espacios sobre los cuales la República Argentina mantiene sus legítimos derechos de soberanía”. Y sostienen que se trata de un “proyecto ilegal” que no cuenta con el “certificado de aptitud ambiental emitido por el Estado argentino”.
Además, solicitan que se inste a las demandadas a “abstenerse de celebrar nuevos contratos de financiación, solicitar o aceptar nuevos desembolsos, efectuar pagos, transferencias, aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constitución de garantías, afectación de activos o cualquier otro acto jurídico o financiero destinado directa o indirectamente a posibilitar la continuación de la ejecución del proyecto”.
Y, finalmente, piden que se informe de la existencia de esta acción preventiva a las Bolsas de Nueva York y Tel Aviv, así como a toda autoridad de supervisión financiera, organismo regulador del mercado de capitales, bolsa de valores, mercado regulado y cualquier otro organismo que la jueza estime pertinente.
