El Gobierno argentino ratificó, a través del Comunicado Oficial Número 168, que recurrió al Tribunal del Mar para exigir el freno preventivo de la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. El pedido apunta al proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y busca evitar que avancen las perforaciones mientras se resuelve el conflicto.
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Se trata de la primera vez que Argentina usa este mecanismo por la explotación de hidrocarburos en las islas. El organismo tiene un plazo máximo de un mes para responder, y lo que decida podría influir en el rumbo de la disputa con el Reino Unido.
Cuestión Malvinas: qué es el Tribunal del Mar y por qué su decisión importa en la disputa por las islas
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) es un órgano judicial independiente. Fue creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que se aprobó en 1982 y ordena el uso de los océanos entre los Estados.
Esa Convención incluye un sistema de arbitraje obligatorio para resolver los conflictos entre países. Dentro de ese esquema, su artículo 290 permite que un tribunal competente dicte medidas provisionales; es decir, órdenes urgentes para proteger los derechos de cada parte o evitar daños graves al ambiente marino hasta que haya una sentencia definitiva.
Justamente, esto fue lo que reclamó Argentina. Según el comunicado de la Oficina del Presidente, el objetivo es resguardar los derechos soberanos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades que Londres autorizó por decisión propia agraven una controversia que Naciones Unidas reconoce.
Por su parte, el canciller, Pablo Quirno, explicó en su cuenta de X que se solicitó que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de la explotación en la Cuenca Malvinas Norte. También se pidió que no utilice, en perjuicio de Argentina, los datos obtenidos al explorar áreas marítimas en disputa.
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Desde el Reino Unido, en tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, respondió que los habitantes de las islas pueden aprovechar sus recursos naturales como prefieran. Además, anunció nuevas medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales, para amparar a personas y empresas frente a lo que describió como “amenazas argentinas”.
Qué puede resolver el Tribunal y qué antecedentes existen al respecto
Lo primero que deberá definir el Tribunal es si es competente, es decir, que tiene la autoridad legal para juzgar el caso y dictar una sentencia o medidas obligatorias para los países involucrados. Tras la presentación argentina, el pedido se trasladó al Reino Unido y luego habrá audiencias orales con ambas partes, todo dentro del límite de un mes.
Existen tres escenarios posibles:
- Puede aceptar el pedido y ordenar que no se inicien nuevas perforaciones por parte de la empresa Sea Lion.
- Puede adoptar una solución intermedia. Este es el escenario más frecuente en su jurisprudencia e incluye cooperación, intercambio de información, monitoreo ambiental o abstenerse de agravar la disputa.
- Puede rechazar la solicitud. Incluso en este escenario, el caso no terminaría. El arbitraje continuaría y el tribunal arbitral que se constituya podría volver a analizar medidas provisionales.
Argentina ya obtuvo medidas provisionales ante este mismo Tribunal en el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en el año 2012, cuya liberación inmediata e incondicional fue ordenada. Aun así, el contexto era otro, y por Malvinas no existen antecedentes equivalentes.
A nivel internacional, el precedente más cercano enfrentó a Ghana y Costa de Marfil. Una sala especial ordenó no hacer nuevas perforaciones en una zona marítima en disputa, conservar la información obtenida y evitar agravar el conflicto. En los casos de la Planta MOX y del Estrecho de Johor, entre Malasia y Singapur, el Tribunal también buscó preservar la situación existente y reducir riesgos ambientales.
