Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Venezuela vive lo que Delcy Rodríguez llama un “nuevo momento político”. Sin embargo, el país sigue atado a la misma estructura legal chavista que persiguió a la oposición y asfixió la economía durante años. Por eso, distintas organizaciones exigen derogar algunas leyes clave como condición mínima para una transición democrática real.
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La ONG Transparencia Venezuela identificó esas normas y adviertió que todas “carecen de bases constitucionales sólidas, contradicen estándares internacionales y son incompatibles con una democracia plural”.
Venezuela: las nueve leyes chavistas que bloquean la democratización
Las normas apuntadas por Transparencia Venezuela abarcan distintas áreas que van desde el control de organizaciones no gubernamentales hasta la libertad de expresión, las sanciones internacionales y el funcionamiento de la economía.
La lista incluye:
- Ley de Fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales.
- Ley Constitucional contra el Odio.
- Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista.
- Ley Constitucional Antibloqueo.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley sobre Precios Acordados.
- Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.
- Ley de Protección de las Pensiones frente al Bloqueo Imperialista.
- Régimen de Control Cambiario.
Derogar este conjunto de leyes, según la ONG, permitiría restaurar la separación de poderes, garantizar las libertades individuales y cívicas, reducir la discrecionalidad del Estado y fortalecer el Estado de Derecho.
Una de las más cuestionables es la Ley contra el Odio. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la describió como un instrumento “punitivo” que persiguió a quienes ejercían su derecho a la libertad de expresión.
La norma establece penas de hasta 20 años de prisión por expresiones definidas de manera ambigua, prevé sanciones y posibles cierres de medios, y generó una autocensura sistemática en el país. Decenas de personas fueron detenidas por publicaciones u opiniones en redes sociales.
Por otra parte, la llamada Ley Bolívar castiga con hasta 30 años de prisión a quienes promuevan o apoyen “medidas coercitivas unilaterales” contra Venezuela o sus autoridades. Su artículo 9 prohíbe la postulación a cargos públicos de quienes hayan impulsado ese tipo de medidas, con una inhabilitación política de hasta 60 años.
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Muchos señalan que esa disposición apunta directamente a bloquear cualquier candidatura de la líder opositora María Corina Machado, a quien el chavismo acusa de haber respaldado sanciones internacionales y promovido la operación que derivó en la captura de Maduro.
Obstáculos para el crecimiento económico en la era post Maduro
En el plano económico, Transparencia Venezuela advierte que varias de las normas cuestionadas atentan contra el derecho a la propiedad privada y promueven la opacidad en el manejo de fondos públicos.
Por ejemplo, el régimen de control de Precios Acordados y el impuesto a las grandes transacciones financieras generan lo que la ONG define como un “ecosistema económico hostil a la inversión”, con efectos concretos sobre el financiamiento de empresas y bancos en todo el país.
