Los líderes de los movimientos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte sellaron un memorando de entendimiento inédito para presionar juntos al gobierno del Reino Unido por el derecho a decidir su futuro constitucional. El encuentro reunió al primer ministro escocés, John Swinney; al mandatario galés, Rhun ap Iorwerth; y a la líder norirlandesa, Michelle O’Neill, del Sinn Féin (partido irlandés de izquierda); junto a la presidenta de ese partido, Mary Lou McDonald. El histórico documento sostiene que cada nación posee el derecho a determinar democráticamente su propio destino y exige que ningún gobierno central pueda bloquear ese proceso.
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El trasfondo del anuncio no pasó inadvertido para los observadores internacionales. El texto coloca en el centro de la discusión la autodeterminación, el mismo concepto que el Reino Unido recurre para justificar su soberanía sobre las Islas Malvinas y rechazar cualquier negociación con la Argentina al respecto.
Escocia, Gales e Irlanda del Norte: un reclamo sostenido de soberanía al Reino Unido
El deseo de separarse del Reino Unido no nació esta semana, sino que arrastra siglos de historia distinta en cada territorio. Escocia mantiene su propia identidad institucional pese a que su parlamento y el de Inglaterra se fusionaron hace más de 300 años, ya que conserva su sistema jurídico y educativo propio. Ese reclamo llegó a las urnas con un referéndum que terminó con una mayoría que optó por seguir unida al Reino Unido, aunque con un resultado ajustado.
El Brexit reabrió una herida que parecía cerrada. Tanto Escocia como Irlanda del Norte habían votado mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea (UE). Sin embargo, el resultado final selló la retirada debido al peso del voto inglés.
Gales, en cambio, representa un fenómeno más reciente. Recuperó instituciones de autogobierno hace apenas un cuarto de siglo con la creación de su propio parlamento, el Senedd. Inglaterra, por su parte, retiene competencias centrales como defensa y política exterior, lo que dejó a la península con el reclamo de mayor autonomía y la independencia como horizonte.
Irlanda del Norte, en tanto, tiene una historia todavía más compleja. La partición de la isla ocurrió hace más de un siglo, cuando la mayor parte de Irlanda avanzó hacia la independencia y seis condados del norte permanecieron dentro del Reino Unido por el peso de los sectores unionistas. Esa división alimentó décadas de violencia entre unionistas y republicanos que dejaron miles de muertos, hasta que un acuerdo de paz estableció que el territorio sigue en el Reino Unido solo mientras la mayoría de su población así lo quiera.
Esa es, en definitiva, la razón por la que estas naciones continúan unidas a Londres pese a sostener por generaciones un reclamo contrario. La ley británica exige autorización del gobierno central para habilitar cualquier referéndum territorial, un criterio que ratificó la Justicia, y hasta ahora ningún ejecutivo mostró voluntad política de cederla sin una mayoría social contundente que lo respalde.
La autodeterminación que el gobierno de Inglaterra usa según su conveniencia
El reclamo de las tres naciones expone una contradicción que Argentina observa con particular atención. Reino Unido presenta la autodeterminación como un principio absoluto e innegociable cuando se trata de sostener su soberanía sobre las Islas Malvinas, un archipiélago que el país más austral del mundo reclama como propio.
Sin embargo, dentro de sus propias fronteras, el gobierno británico somete ese mismo derecho a autorizaciones parlamentarias, mayorías políticas específicas y el aval final del gobierno central.
La coincidencia temporal resultó bastante oportuna. Apenas días antes del pacto de Cardiff, el gobierno británico había vuelto a responder en el Parlamento que las islas seguirán bajo administración británica mientras sus habitantes así lo deseen. De esta manera, calificaron ese compromiso como absoluto e inquebrantable frente al reclamo argentino.
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En el plano legal, la normativa británica no habilita referendos regionales sin autorización del poder central, un criterio que ratificó el Tribunal Supremo. Esa misma limitación no aplica, según la posición oficial, al caso de las Malvinas, donde la voluntad de los isleños se presenta como suficiente y definitiva para resolver cualquier disputa de soberanía, pese a que ni las propias Naciones Unidas (ONU) acreditan esta postura, al tratarse de una población implantada.
