La “era de las deportaciones” llegó a Europa. Los ministros del Interior de los 27 países que integran la Unión Europea (UE) acordaron en Luxemburgo avanzar con un nuevo reglamento migratorio que habilita centros de deportación en terceros países y deja sin resolver el futuro de los refugiados ucranianos. Esta nueva reglamentación resulta un tanto similar a las medidas que tomó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca.
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En paralelo, la UE desbloqueó las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, luego de que Hungría levantara el veto que mantuvo frenado el proceso durante dos años.
Unión Europea: deportaciones, centros en el exterior y polémica por los menores
El nuevo Reglamento de Retornos representa el mayor giro en la política migratoria europea de los últimos años. El texto avanzó tras un acuerdo político alcanzado entre las instituciones europeas a comienzos de semana y habilita la creación de centros de detención de migrantes en países que no forman parte de la UE. La situación recuerda a las políticas de deportación masiva impulsadas por la administración de Donald Trump, en Estados Unidos, a quien se criticó fuertemente por ese accionar.
El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, celebró el avance y lo calificó como un logro para el bloque. Sin embargo, no todos los países compartieron ese entusiasmo. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, rechazó públicamente el mecanismo y advirtió que podría entrar en contradicción con principios y valores fundamentales de la Unión Europea.

Su principal objeción apuntó a la posibilidad de enviar familias con menores a esos centros por hasta 24 meses, una medida que España consideró desproporcionada y reclamó que se aplique solamente como último recurso.
Países como Alemania y Países Bajos anunciaron que comenzarán conversaciones con terceros países para instalar esas instalaciones. La iniciativa va en línea con una tendencia de endurecimiento migratorio que se extiende por toda Europa, impulsada en parte por el auge de partidos de derecha y ultraderecha en varios Estados miembros.

El destino de los refugiados ucranianos también quedó en suspenso. La protección temporal que recibieron tras la invasión rusa vence en marzo de 2027 y los ministros no llegaron a ninguna resolución concreta sobre si se prorrogará, ni bajo qué condiciones. España reclamó una posición común del bloque que garantice la continuidad del esquema y favorezca el retorno voluntario, mientras otros socios plantearon restringir el acceso para ciertos grupos.
Uno de los puntos más delicados fue la posibilidad de excluir de esa protección a los hombres ucranianos de entre 23 y 60 años, es decir, aquellos en edad de ser reclutados por el ejército. Brunner indicó que esa exclusión cuenta con el aval del propio gobierno de Kiev y anticipó que la Comisión Europea elaborará una propuesta formal luego de consultar a los países más afectados por la presencia de refugiados (Alemania, Austria, Polonia y República Checa).
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En otro frente, nueve países europeos, en su mayoría nórdicos y bálticos, presentaron una carta firmada por 16 ministros para exigir medidas coordinadas que restrinjan los visados turísticos a ciudadanos rusos. El pedido apuntó a frenar el “visa shopping”, tras conocerse que en 2025 se emitieron cerca de 477.878 visados Schengen a rusos con fines recreativos.
Ucrania y el camino hacia la adhesión a la UE
El bloque europeo programó para el 15 de junio en Luxemburgo el inicio formal de las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. El desbloqueo se produjo después de que el primer ministro húngaro, Péter Magyar, levantara el veto que su país sostuvo durante dos años.

El proceso de adhesión implica negociar 33 capítulos agrupados en seis bloques temáticos. El primero, que aborda el Estado de derecho, los derechos humanos y el sistema judicial, dado que exige reformas estructurales profundas. Ucrania y Moldavia trabajaron durante el período de bloqueo para dejar lista esta primera etapa en cuanto el veto fuera levantado.
Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski fue quien impulsó personalmente el ingreso a la Unión Europea como una garantía de seguridad para el país en guerra.




