En las zonas de altura de América Latina, el acceso al agua potable es uno de los indicadores más críticos de desigualdad. Japón, a través de un esquema de donación directa creado en 1989, acaba de formalizar un nuevo financiamiento que transformó la realidad de cientos de familias rurales antes del cierre del 2026.
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El proyecto se enmarca en una política de cooperación internacional que el gobierno japonés sostiene sin condicionamientos. Japón apuesta por construir infraestructura básica para aquellas comunidades que muchas veces no son alcanzadas de manera efectiva por los organismos multilaterales.
Japón y su plan para potabilizar el agua en una comunidad latinoamericana
La región en cuestión es Llachisquia, ubicada en el municipio de Ayata dentro del departamento de La Paz, Bolivia. Allí, el gobierno japonés formalizó el financiamiento para la construcción de sistemas de agua potable.
La iniciativa se apoya en el esquema de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, conocido como APC. Se trata de un programa japonés diseñado para atender necesidades básicas urgentes en áreas rurales sin que las comunidades beneficiadas tengan que devolver los fondos recibidos.
El problema que motivó el acuerdo es concreto. En Llachisquia, las fuentes naturales no garantizan ni seguridad ni continuidad durante todo el año, lo que obliga a las familias a depender de recursos hídricos inestables y, en muchos casos, contaminados.
El nuevo sistema permitirá que las personas cuenten con agua de calidad de manera sostenida, lo que mejorará las condiciones de salud y saneamiento. En la ceremonia de firma participaron el embajador japonés, Shigeharu Orihara, y el alcalde municipal, Eleuterio Maraza, cuya presencia subrayó el carácter bilateral y comunitario del proyecto.
El esquema APC y tres décadas de presencia japonesa en Bolivia
La APC no es una iniciativa nueva. Japón la implementa en Bolivia desde 1989 y, a lo largo de más de tres décadas, superó los 700 proyectos ejecutados en ese país, con una inversión acumulada que ronda los 47 millones de dólares. Su filosofía es conocida en japonés como kusa-no-ne, que puede traducirse como “las raíces de la comunidad”, en referencia a su enfoque de trabajar directamente con la sociedad, sin intermediarios institucionales de gran escala.
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Los proyectos financiados bajo esta modalidad abarcan sectores como educación, medioambiente, agua y saneamiento, con especial énfasis en municipios rurales alejados de los centros urbanos. Entre los antecedentes más cercanos figuran la entrega de un sistema de agua potable en el distrito Sapecho del municipio de Palos Blancos, en La Paz, y otro en la comunidad de Muyupampa, en el departamento de Chuquisaca, ambos financiados a través del mismo esquema APC.
Bolivia es uno de los países latinoamericanos con mayor vulnerabilidad hídrica. Así, la cooperación japonesa se presenta como uncomplemento sostenido frente a las intervenciones de los grandes organismos que históricamente concentran su acción en ciudades intermedias y grandes.
