En medio de la inestabilidad política y una seguidilla de golpes militares, la región del Sahel es la más golpeada por los ataques yihadistas. Grupos afiliados al Estado Islámico y Al-Qaeda siembran el terror en la población y ponen en jaque la autoridad del Estado.
Lejos de los reflectores de la prensa occidental, en el corazón del continente africano, una región sufre los estragos del terrorismo yihadista. Nos referimos al Sahel, una franja de 5400 kilómetros de extensión ubicada al sur del desierto del Sahara. Allí la autoridad del Estado es amenazada por distintos grupos armados, que funcionan bajo el paraguas del Estado Islámico o utilizando la “franquicia” de Al-Qaeda.
Las consecuencias de la violencia criminal recaen sobre la población, que se encuentra a merced de la violencia y los abusos. Más de un tercio de los muertos en acciones terroristas en todo el mundo en 2023 se produjeron en el Sahel, según el Índice de Terrorismo Global del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
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África, sacudida por el terrorismo yihadista
En su Índice Global del Terrorismo 2023, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) afirma que “la región del Sahel y el África subsahariana son hoy el epicentro del terrorismo”. Ese centro de estudios, con sede en Australia, indicó que el 43% de las muertes provocadas por el terrorismo a nivel global en 2022 corresponde al Sahel.
Burkina Faso y Malí son los dos países del Sahel más afectados por la actividad terrorista. “La tendencia alcista de los niveles de violencia en Burkina Faso es un factor que preocupa especialmente a medida que su gobierno se muestra incapaz de minimizar la amenaza”, afirma el Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo (OIET), con sede en España.
Mientras tanto, según el propio OIET, en la vecina Malí “los retos a la seguridad continúan agravándose en un conflicto político donde se entrecruzan grupos rebeldes, organizaciones terroristas y la autoridad central”.
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Los grupos yihadistas están aprovechando el vacío dejado por la salida de las tropas francesas, instaladas desde 2012 en Malí, y el deterioro de los vínculos de Burkina Faso y Malí con las autoridades en París, su antigua metrópoli.
“Las dinámicas de violencia en África Occidental no ofrecen un gran espacio para el optimismo, a medida que la situación política empeora en el entorno doméstico y el apoyo de seguridad merma debido las tensas relaciones entre los países de la región y las potencias internacionales”, explica el Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo (OIET) en su último reporte sobre la actividad yihadista en el Sahel.
Estado Islámico y Al-Qaeda, franquicias del terror
El Estado Islámico en la Provincia del África Occidental (ISWAP, sigla en inglés) es una de las organizaciones terroristas más activas, con fuerte presencia en la región de Liptako-Gourma, en la triple frontera entre Burkina Faso, Malí y Níger, y en la cuenca del lago Chad. Sus ataques se centran, mayormente, en objetivos militares y en las fuerzas de seguridad.
Una organización rival, afiliada a Al-Qaeda, es el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, sigla en árabe), que funciona desde 2017 como una coalición de cuatro facciones yihadistas. El JNIM tiene especial influencia en Malí y también en la frontera con Níger y Burkina Faso, donde controla distintos territorios en los que establece pequeños “califatos” islámicos. Sus acciones incluyen el secuestro de ciudadanos europeos, entre ellos periodistas y religiosos.
Aunque en el pasado han existido pactos de no agresión entre estos dos grandes grupos terroristas, en los últimos tres años JNIM e ISWAP también han protagonizado enfrentamientos por el control del territorio y por el reclutamiento de nuevos miembros.
Ha habido acusaciones cruzadas de traición y cruentos combates, que han echado por tierra con la llamada “excepción del Sahel”, que consistía en la presunta convivencia y comunidad de intereses entre ambas formaciones.
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Ruptura con Occidente y acercamiento a Rusia
La débil respuesta de las autoridades civiles de África frente a los grupos terroristas ha tenido efectos desestabilizadores en el plano político. El golpe militar en Níger, en julio de este año, se suma a una seguidilla de interrupciones del orden constitucional que vivieron Malí, en mayo de 2021, y Burkina Faso, en enero y septiembre de 2022. Los tres países han sido suspendidos de la Cedeao -que agrupa a los 15 países de África Occidental- y de la Unión Africana.
La reciente disolución del G-5 Sahel, por decisión de los gobiernos de Mauritania y Chad, es el epílogo de los esfuerzos de las potencias europeas por estabilizar la región. La oficialización de esta ruptura es la consecuencia del acercamiento de los regímenes militares de Malí, Burkina Faso y Níger a Rusia. Estos tres exmiembros del G5 Sahel rompieron con el grupo y conformaron la Alianza de Estados del Sahel con el objetivo de unir fuerzas y resistir las presiones de la comunidad internacional para el restablecimiento del orden democrático.
En medio de la inestabilidad reinante, el Kremlin ha utilizado la retórica anticolonialista y se ha valido de los mercenarios rusos para establecer nuevos acuerdos de seguridad y alianzas geopolíticas en clave antioccodental a lo largo del Sahel.
