El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur entró en vigor provisional el 1 de mayo tras meses de incertidumbre y negativas desde Europa. En paralelo, el bloque europeo avanza con un paquete de medidas que pone en jaque las exportaciones agroindustriales del bloque sudamericano, especialmente las vinculadas a la soja.
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Acuerdo Mercosur-UE: las normativas que estancan el tratado
La normativa conocida como Reglamento 1115 establece que a partir de enero de 2027, ningún producto agroindustrial podrá ingresar al mercado europeo si proviene de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Los bienes alcanzados por la medida incluyen soja, carne vacuna, aceite de palma, café, cacao, madera, carbón vegetal y caucho, entre otros.
Para cumplir con la norma, las empresas importadoras europeas deberán exigir a sus proveedores una declaración de “diligencia debida” que certifique el origen del producto. En la práctica, eso implica que los países exportadores deben implementar sistemas de trazabilidad con georreferenciación de cada unidad productiva.
Lo que hace la situación especialmente conflictiva es la categorización de riesgo que la UE aplicó a los distintos países proveedores. Naciones como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, China, Chile y Uruguay quedaron en la categoría de “riesgo bajo”, lo que supone controles simplificados. En cambio, Argentina, Brasil y Paraguay, los tres mayores exportadores mundiales de derivados de soja, fueron clasificados como de riesgo “medio”, lo que implica una fiscalización más intensa sobre sus embarques.
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Con esta categorización, Europa coloca a las principales potencias agroindustriales del Mercosur en una posición de desventaja estructural respecto de competidores del hemisferio norte. Lo curioso es que muchos de estos tienen historiales de deforestación comparables o peores.
Una guerra comercial que Europa no está en condiciones de ganar
Estas reglamentaciones no son casuales sino que intentan golpear donde el Mercosur tiene mayor peso a escala mundial, sobre todo al considerar las dificultades en el proceso para la firma del acuerdo con el bloque europeo. Pero declarar una guerra implica evaluar bien la relación de fuerzas y, en ese punto, Europa parece haber cometido un error de cálculo importante.
A diferencia de Estados Unidos o China, la UE no tiene una influencia decisiva sobre el territorio del Mercosur. De hecho, en términos geopolíticos y financieros, ambos bloques son en buena medida zonas de disputa entre las dos potencias, lo que los pone en una situación bastante más parecida entre sí de lo que Bruselas parece querer admitir.
El acuerdo que acaba de entrar en vigor era, justamente, una chance para queambas regiones ganaran algo de autonomía frente a ese escenario. Desperdiciarla en nombre de una ofensiva regulatoria que difícilmente pueda sostenerse puede salir muy caro.
