En diálogo con DEF, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, reflexionó sobre su paso por la guerrilla del M19, su estilo polémico y los desafíos de su gestión. Una entrevista de Patricia Lee Wynne. Especial desde Bogotá.
Gustavo Petro, el ex guerrillero del M19, el congresista polémico que sacudió a Colombia con sus denuncias sobre la parapolítica en la década pasada, tiene ante sí un nuevo y duro desafío: pasar del dicho al hecho. Desde enero de 2012, Petro es alcalde de Bogotá, ciudad que, con sus ocho millones de habitantes, puede ser considerada la tercera de América Latina. Ahora en el gobierno de esta megaurbe, Petro tiene que dar respuesta a los problemas cotidianos de sus habitantes: el transporte, la seguridad, la droga, la pobreza

Petro es un alcalde polémico. Desde su posesión, no hay día que no aparezca en los titulares de los diarios. En las últimas semanas, su propuesta de que la empresa de acueducto se encargue de la recolección de basura ha generado una discusión abierta con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Con 52 años, Petro ha llevado una vida intensa. Aunque nació en el departamento de Córdoba, estudió en Zipaquirá, cerca de Bogotá, en el mismo colegio que Gabriel García Márquez. Por eso eligió como alias en la guerrilla “Aureliano”, el personaje de Cien Años de Soledad. Ingresó al M19 a los 17 años y rápidamente fue ganando posiciones en el ala política de la organización, hasta ser uno de los cinco miembros de la dirección de la Región Central. Fue detenido en 1985 en el barrio Bolívar 23 de Zipaquirá, que él había ayudado a construir en terrenos invadidos, fue torturado y estuvo preso 18 meses, en los que se dedicó a aleccionar a los presos, convirtiéndose en un dolor de cabeza para sus carceleros, hasta que fue puesto en libertad. En ese momento, el M19 estaba en crisis tras la ocupación del Palacio de Justicia que culminó con el asalto por las fuerzas de seguridad y decenas de muertos. Petro promovió la paz y el desarme junto con Carlos Pizarro Leóngomez, el candidato presidencial del M19 que fue asesinado en un avión en 1990.

En 1991, tras la asamblea constituyente en la cual el M19 jugó un papel preponderante, Petro fue elegido diputado nacional, pero en 1994, debido a las amenazas contra su vida, tuvo que salir del país y fue nombrado agregado diplomático en Bruselas. En 1997 llegó otra vez al Congreso con la lista más votada, encabezada por Antonio Navarro Wolf. Allí empezó a brillar con sus denuncias y debates, que lo fueron convirtiendo en un eje de la oposición. En 2002 fue reelecto diputado y en 2006 llegó a Senado. Su popularidad era tan alta que fue nombrado “personaje del año” por los lectores del diario El Tiempo. Desde su banca, Petro se convirtió en el más duro opositor al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, destapando el escándalo de la parapolítica, el de los “falsos positivos” (personas de bajos recursos disfrazadas de guerrilleros y dadas de baja por el Ejército para aumentar el número de bajas) y el de las “chuzadas”, escuchas telefónicas ilegales a dirigentes políticos de oposición.  En 2010, Petro fue candidato presidencial por el Polo Democrático, pero quedó en tercer lugar. A finales de ese año, Petro rompió con su propio partido al destapar el escándalo del ‘cartel de la contratación’ en Bogotá, y al alcalde Samuel Moreno, miembro de su partido, que ahora está preso. Con Navarro Wolf, fundó el movimiento “Progresistas”, con el cual se lanzó como candidato a la alcaldía, ganando las elecciones en octubre de 2011.

Petro es economista de la Universidad el Externado de Colombia. Cuenta con una especialización en administración en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y tiene otra especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la Universidad Católica de Lovaina, además de un Doctorado en Nuevas Tendencias en Administración de Empresas en la Universidad de Salamanca. Petro se propone una ciudad distinta: prohibió el porte de armas, bajó las tarifas del Transmilenio (transporte público de buses) y bajó las del agua para sectores carenciados, propuso crear centros regulados de consumo de droga, inició un plan de jornada de 40 horas para los colegios y quiere construir el metro. Estas son algunas de las propuestas que han generado polvareda y que lo han tenido en el centro del candelero desde su toma de posesión. Con su gorra calada, que oculta dos recientes cirugías de cráneo por un hematoma subdural, Petro responde las preguntas de DEF en su oficina del Palacio Liévano, frente a la Plaza de Bolívar, de Bogotá.

– ¿Cómo fue posible que usted, como ex dirigente del M19, haya llegado a la Alcaldía de la capital colombiana?

– El M 19 fue un movimiento muy popular, que dejó una historia dentro de las clases populares de Colombia. Muchas personas pobres de mi edad tienen una referencia positiva del M19, y eso hace parte de un acumulado histórico, que nos permite tener esa raigambre. El M19 fue el creador de la Constitución de 1991, antes de que América Latina entrara en la fase de renovación política que vivimos, fue un precursor. La Constitución, aún cuando fue escrita hace veinte años, es una de las más democráticas del mundo, y generó cambios de mentalidad, sobretodo en sectores modernos y urbanos del país, y Bogotá no fue la excepción.

Bogotá es “andino tibetana”, tiene unas características especiales, diferentes a las del resto de Colombia: su estructura económica es casi que autárquica. Hay un comercio y una industria muy democratizados, centenares de miles de comerciantes y manufactureros que solo venden en la ciudad, y el mercado interno es el principal sustento de la economía capitalina. Bogotá tiene el PBI per cápita más alto del país, quizás uno de los más altos de América Latina, 6000 dólares, similar al de varios países europeos como Hungría, Eslovaquia y otros países de la antigua cortina de hierro. Ese mercado interno tiene una protección involuntaria, porque los costos del transporte son muy altos y eso le ha permitido florecer hasta el día de hoy como una ciudad industrial, comercial y financiera, que es el centro económico del país, sin tener un rio navegable ni estar cerca del mar.

Esto ha permitido expresiones políticas diferentes a las del resto del país. Aquí nació el gaitanismo y la primera insurrección, cuando Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en 1948, hecho que desencadenó la violencia en el resto del país. Aquí crecieron partidos no tradicionales, aquí ganó el M 19 en las elecciones para la Asamblea Constituyente en 1991.

En toda Colombia obtuvimos 19 de los 73 constituyentes y pudimos establecer una alianza de mayoría y por eso somos responsables protagónicos de la Constitución. Después empezaron a surgir en Bogotá movimientos ciudadanos independientes como el de Antanas Mockus, y ganó la izquierda dos veces, así el último gobernante perteneciera a las mafias de la política, como yo mismo lo denuncié, y finalmente gané yo.

Es por esta realidad sui generis de la ciudad y esta cultura democrática de siglos, por lo que pudimos ganar y obtener el segundo cargo en importancia.

– ¿Cómo fue el paso de ser parlamentario más votado, que denunció la parapolítica y se convirtió en el principal opositor al gobierno de Álvaro Uribe, a asumir la administración de una urbe como Bogotá?

– Sobre mi paso por el Congreso se conocen los debates que hice sobre el paramilitarismo. Me tocó mostrar con mucho riesgo, y con una opinión pública mayoritariamente a favor del gobierno, la radiografía del poder real de Colombia, la estrecha relación entre el poder político y los ejércitos que generaron un Auschwits en Colombia, con 300.000 asesinados, miles de fosas comunes, llenas de ancianos, niñas y mujeres descuartizadas. No fue una violencia política, contrainsurgente, fue violencia como la que hoy vive México pero mucho más grande e imbricada con el poder político. El poder mafioso, lo denominé, y demostré en varias regiones, incluida la región de la cual es oriundo el ex Presidente Uribe cómo esos vínculos existían y eso me hizo muy famoso. Me ocasionó el exilio de mi familia, el riesgo de atentados, vivir siempre entre escoltas armados.

En la Comisión de Asuntos Económicos en la que estuve durante muchos años participé en los debates de carácter económico, que no fueron tan conocidos, y que eran mucho más áridos.

Entre estudios académicos y experiencia en el Congreso se crea una base suficiente para asumir una administración tan complicada, una ciudad de ocho millones de habitantes, con un PIB mayor que el de cualquier país centroamericano, incluso más grande que el de Uruguay y Paraguay. Esto se complica más porque hemos decidido evitar hacer una administración tradicional y producir, aún en condiciones adversas, un cambio y una transformación real, desde el punto de vista progresista, de la ciudad.

– La tasa de homicidios de Bogotá es la más baja en treinta años. Usted ha tomado medidas como prohibir el porte de armas. ¿Cuál es su balance en materia de seguridad?

– En materia de seguridad, Bogotá es exitosa desde hace más de quince años, a diferencia del resto del país. A partir del primer gobierno de Antanas Mockus (2001-2003, N de la R), Bogotá decidió construir una política diferente, alternativa, que se basa en la cultura ciudadana y en grandes inversiones sociales, fundamentalmente en la educación. Esto hace sui géneris la ciudad respecto del país, que en esa época se introdujo en la lógica de la defensa, de armarse, de creer que la seguridad era ganar una guerra, y de construir modelos neoliberales. Eso llevó a Colombia a niveles de desigualdad asombrosos, con una pobreza muy alta.

En Bogotá sucedió algo muy diferente. No nos fuimos por la vía de la autodefensa. En 1993 teníamos 73 homicidios por cada 200.000 habitantes. Desde entonces esta cifra no ha dejado de bajar, y el año anterior fue de 22 homicidios por 100.000 habitantes. El logro en estos nueve meses de mi gobierno, es que decidimos pasar a la política del desarme, no de la autodefensa. Se prohibió el porte de armas en lugares públicos, cambió la organización policial, y bajó el nivel de pobreza, en la perspectiva de una seguridad humana.

Los resultados han sido espectaculares. La tasa de homicidios cayó de 22 por cada 100.000 habitantes, a 16 por 100.000, la caída más abrupta del homicidio y nos coloca como una de las ciudades más seguras de América Latina. Falta mucho, pero muchas ciudades de Estados Unidos son más violentas que Bogotá, Centroamérica y México están muy por encima, así como la mayoría de ciudades de Colombia.

Esperamos pasar a un dígito al final de este mandato, con lo cual podemos decir con mucha certeza que salimos de la violencia.

– ¿Cuáles son los logros en materia de reducir la pobreza?

– Aunque Colombia no logró los pasos de América Latina en disminución de la pobreza y la desigualdad, Bogotá sí lo hizo. Estamos a punto de eliminar por completo la pobreza extrema, y yo me he dedicado con programas específicos a intentarlo en el corto plazo usando todo el peso del Estado para desterrarla.

La pobreza se ubica en el 12% de la población, y la de Colombia es tres veces más alta. La caída de la pobreza en Bogotá ha sido más acelerada que en el país. Eso hace que el empleo sea más sólido, que las tasas de desempleo no sean tan altas, 9.6%, y algo muy importante para el tema de la violencia: que el empleo que genera no es de baja calidad, sino formal, que puede gozar de ciertas garantías de seguridad social.

Pobreza no es igual a violencia. Desigualdad social sí es igual a violencia. Los países pueden ser pobres pero no tan desiguales. Pueden ser muy ricos, pero pueden tener una desigualdad pequeña. Donde la desigualdad es alta, aflora la violencia, y Bogotá ha logrado disminuir su pobreza.

– El sistema del Transmilenio significó un cambio en el transporte de Bogotá, pero este sigue siendo uno de los principales problemas de la ciudad. ¿Qué propone su administración?

– Bogotá tiene una historia dramática del transporte. Como muchas ciudades de América Latina, la ciudad tenía un sistema de tranvía y se estaba discutiendo su electrificación, pero en 1948, con la insurrección popular del 9 de abril, los interesados en desarrollar un transporte público privado sobre la base del bus, que venía en auge en Canadá y Estados Unidos, decidieron ayudar a quemar los tranvías.

Desde entonces, la ciudad tiene un transporte cien por ciento privado de buses, que hasta la introducción de BRT (Bus Rapid Transit), era un sistema caótico. Hoy sigue siendo privado y de buses, pero con este elemento modernizador que se ha ido vendiendo como un modelo en el mundo y en América Latina.

Nosotros queremos salir de un sistema unimodal de transporte. Las ciudades modernas tienen sistemas multimodales y utilizan metros, tranvías, buses, barcos, bicicletas, cables como en Medellín, hasta helicópteros como taxis en San Pablo.

Cuando la sociedad cree en un solo modo, el carro particular, como en EEUU, termina en ciudades depredadoras, extensas, copando territorio y calorías, ciudades que ante el cambio climático no pueden seguir existiendo.

La idea es desarrollar el transporte multimodal, mantener el BRT y desarrollar el sistema de buses tradicionales para el Sistema Integrado de Transporte (SITP), que es como funciona el transporte en la mayor parte del mundo desarrollado, con una sola tarjeta que permite hacer trasbordos de un modo de transporte a otro sin volver a pagar.

Tenemos muchos problemas para lograr esto, porque así como quemaron los tranvías en 1948, hoy quieren volverlo a hacer. Los rieles eran de izquierda y las llantas de derecha.

Una ley colombiana dice que donde no hay competencia, el Estado puede operar. Nosotros no podemos operar buses pero sí podemos operar trenes, metros. Quienes tienen el 100% del transporte público ven que la entrada del tranvía y del metro les quitaría una parte de su negocio. Por suerte aún mantenemos nuestros corredores ferroviarios sin utilizar, atravesando la ciudad en un sentido que hoy coincide con los grandes desplazamientos de la población de manera rutinaria. Nuestra decisión es usarlos y hacer el metro ligero.

– Su propuesta de centros de atención a los narcodependientes y de distribución de droga ha sido muy polémica.

– Tiene que ver con nuestra política de seguridad y cambia unos patrones culturales que se han construido desde que comenzó esta guerra contra las drogas hace treinta años. A diferencia de América Latina donde los populismos derrotaron a los terratenientes, en Colombia nunca fue posible. Quienes lo intentaron fueron asesinados, la violencia de 1948 a 1964 derrotó al movimiento campesino y aún vivimos este conflicto, sin que ningún gobierno resuelva hacer la reforma agraria.

Al no resolver este problema, hace 30 años empezó el narcotráfico urbano de grandes capos que vivían ostentosamente en las ciudades, se trasladaron hacia una forma de mafia rural con ejércitos armados que inmediatamente vieron en la tierra una forma de lavar los dólares del narcotráfico y se apoderaron por las buenas y por las malas de la tierra obteniendo el poder local y parte del poder nacional. Ese es el esquema de poder del narcotráfico, un poder enseñoreado del mundo rural, que desplazó millones de campesinos, de los cuales Bogotá ha recibido el 20%.

Esto llevó a nuestros dirigentes a una actitud muy hipócrita. Colombia se convirtió en el primer exportador de marihuana y después de cocaína y nuestra elite se alía con EEUU en la política antidrogas, así fuera un fracaso, y al interior hace fiestas, orgías, y recibe los dineros del narcotráfico para mantenerse en el poder, una doble moral.

Entonces el gran pecador no es el narcotraficante, sino el consumidor. En Colombia los héroes son los sicarios, los dirigentes políticos que se ufanaron de sus relaciones con las masacres, en cambio los malos son las víctimas, los dependientes de la droga, a los cuales se les lleva a la cárcel, mientras al narcotraficante se lo lleva al Senado.

El gobierno de Uribe derogó la despenalización de la dosis mínima y se propuso llevar a la cárcel a los dependientes de la droga, mientras negociaba con los grandes narcotraficantes.

Ahora se prohíbe el consumo de drogas excepto para tratamiento médico, y eso es lo que nos ha permitido proponer los centros de consumo controlado de drogas, como otros países europeos. Yo quiero hacer el experimento piloto en Bogotá, en el país que es el mayor exportador de cocaína. El Centro de Consumo Regulado es un espacio higiénico, controlado por el Estado, donde se pueden suministrar jeringas y drogas por tratamiento médico.

En Colombia terminan buscando la droga en manos de la narcobanda que es la mayor responsable de los homicidios. Le dejamos nuestra juventud al crimen, y fundamentalmente la juventud popular, ya que el 80% de los crímenes lo hacen los dependientes de la droga.

– ¿Usted cree que Colombia puede romper el ciclo de gobiernos liberales y conservadores e insertarse en la corriente latinoamericana de gobiernos progresistas o de centro izquierda?

– Un elemento fundamental son las FARC. En América Latina se ve a las FARC como una vanguardia revolucionaria, que ha logrado apoyos ingenuos de la izquierda latinoamericana. Las FARC son un contrasentido en América Latina, porque mientras que el continente demuestra que se puede acceder pacíficamente al poder, las FARC rechazan esa alternativa y mantienen el viejo principio del siglo XX de que solo se puede acceder al poder por las armas.

La existencia de un movimiento armado con pretensiones de izquierda le ha dado la excusa a la extrema derecha para ser violenta y ha logrado algo que no ha sucedido en ningún país latinoamericano: que la extrema derecha logre apoyo popular. Esto nunca había sucedido en Colombia pero tal es el cansancio de la sociedad y la degradación de la guerra misma y de las FARC, que una parte del sector popular ha terminado apoyando a la extrema derecha, poniendo en peligro la estabilidad democrática.

Solo si acabamos el factor armado y violento que la sociedad ve en la izquierda, será posible que un movimiento de izquierda progresista logre construir un bloque de mayorías que le permitan un acceso pacífico al poder.

– ¿Usted cómo se ve en esa perspectiva?

– Soy relativamente joven, ingresé al M19 a los 17 años y llegué al Congreso a los 30, mi vida ha sida intensa, eso me ha servido para aprender que la historia determina a quiénes les toca liderar, así que no me desespera eso.

El establecimiento ve con temor que yo pueda ganar una elección presidencial. Por eso tratan de bloquear las medidas en Bogotá, no tanto por mi pasado, sino por mi futuro. El gran esfuerzo del establecimiento es demostrarle a la opinión pública bogotana que soy mal gobernante, y les sale mal.

Pero las mismas políticas, como reducir la tarifa del servicio de agua potable a 617.000 familias, aplicando el derecho al agua que aprobó las Naciones Unidas, o reducir las tarifas de transporte público, tienen tanto impacto, que entre la información manipulada y la factura que llegó menor que la anterior, o que se pueda bajar un bus pagando menos, la gente va observando cuál es el gobierno que tiene. Esto pone muy nervioso al establecimiento, que, en tiempos de negociaciones de paz, queda metido en una paradoja. Destruir a Petro significa decir que fue un guerrillero y que así va a ser en el futuro si ellos se desarman. Unos dicen que hay que ayudar a Petro para decir que sí se puede hacer la paz, y otros buscan la combinación de todas las formas de lucha para destruirnos.

Pero que yo vaya a ser candidato, no lo pongo como una obsesión, más cuando acabo de salir de dos operaciones quirúrgicas de hematoma subdural, donde producto de ese hematoma pude morir. Entonces decir que voy a ser el presidente de Colombia no me quita el sueño, porque no me dejaría gobernar la ciudad y yo quiero poner en práctica hoy las transformaciones a las que pueda llegar al máximo posible.

Eso lo llamo ejercer la paz. No es esperar a que en Oslo o la Habana, salgan unos barbudos e industriales y digan que hicimos la paz, sino que hay que ejercerla ahora.