En la reciente 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en la ciudad de Panamá, las abogadas Mariana Romano y María Jimena Molina, delegadas de la ONG Usina de Justicia, llevaron adelante una intensa misión diplomática para saldar una deuda histórica con las víctimas de la delincuencia con la aprobación de la Convención Interamericana sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas de Delito.
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Usina de Justicia y una agenda de alto nivel ante la OEA
América Latina y el Caribe ostentan el triste récord de ser la región más violenta del planeta en materia de homicidios cometidos en contextos de inseguridad: 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en este territorio.
Frente a este contexto, el eje central de la comitiva de Usina de Justicia fue promover la Convención Interamericana sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas de Delito. Se trata de una ambiciosa propuesta de autoría propia que busca otorgar a la víctima el protagonismo, el poder y el amparo que merece dentro de los procesos judiciales a nivel regional.
Del 22 al 24 de junio, las representantes de la asociación presidida a nivel nacional por Diana Cohen Agrest mantuvieron reuniones estratégicas de alto nivel. La delegación fue recibida por el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, y desplegó una fuerte agenda en el país anfitrión.
En territorio panameño, se entrevistaron con las juezas de la Corte Suprema de Justicia, Ariadne García y María Eugenia López; la Defensora del Pueblo, Ángela Russo; y la Ministra de la Mujer, Niurka Palacio. Estas autoridades se comprometieron formalmente a difundir el documento y realizar las articulaciones necesarias para que la propuesta sea analizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
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Las conclusiones de María Jimena Molina y los desafíos futuros
Tras concluir las jornadas, que coincidieron con el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, los balances institucionales fueron sumamente optimistas, pero con una fuerte dosis de realidad.
En consonancia con tales fructíferas reuniones, el abogado panameño y miembro del comité científico del Instituto de Victimología de Usina de Justicia (IVUJUS), Darío Solís, fue una pieza clave para el avance en las conversaciones y para el empuje de un documento que se advierte fundamental para la región.
Además, el esfuerzo de la ONG se vio respaldado por reconocidos victimólogos y criminólogos de prestigio, como es el caso de María de la Luz Lima Malvido, Hilda Marchiori y Marcelo Aebi, miembros también del comité científico de IVUJUS, y Lev Altan, Director Ejecutivo de Victim Support Europe (VSE).
En paralelo, a través de la campaña de difusión “Víctimas con derechos”, Molina expuso la relevancia de que Usina de Justicia sea actualmente la única entidad especializada en la tutela de víctimas de delito con carácter de miembro permanente ante la OEA. Se trata de una organización apartidaria que se financia exclusivamente con aportes de sus miembros y donaciones privadas, lo que vuelve la travesía aún más quijotesca.
Sin embargo, Molina advierte sobre el límite técnico de estos esfuerzos: “La sociedad civil es solo una vox clamantis in deserto (una voz que clama en el desierto) si un Estado no decide tomar y presentar el proyecto ante la OEA”.
Por este motivo, el foco de la ONG está puesto ahora en las cancillerías de los países miembros interesados. Hasta el momento, países como Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Chile y República Dominicana demostraron un interés concreto en la Convención.
En Argentina, Usina de Justicia continuará las mesas de trabajo iniciadas con autoridades de los diversos poderes del Estado nacional. La meta es clara y urgente: se espera que para la próxima Asamblea General de la OEA, tanto la República Argentina como el resto de los países firmantes instalen formalmente el documento en la agenda diplomática y procedan a su definitiva sanción.
Como bien concluye la campaña de la organización: las víctimas no necesitan silencio, necesitan derechos. Y esta Convención es la llave para establecer, de una vez por todas, estándares comunes de protección en el foro político y jurídico más importante del hemisferio.
