La trata de personas es un componente clave para entender las tendencias delictivas que ocurren en Argentina. Lejos de estar aislado frente a las realidades criminales de América Latina, el país enfrenta desafíos para socorrer a las víctimas y para responder ante los actores criminales detrás de la captación, traslado y explotación de miles de personas.
DEF accedió a Laura Estomba, abogada, especialista en Derecho Internacional Público y docente universitaria. Cuenta con más de quince años de experiencia profesional en migraciones, protección de derechos y lucha contra la trata de personas, incluyendo funciones en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la coordinación de proyectos regionales vinculados con prevención de la trata, protección de personas migrantes y cooperación internacional.
Entre sus principales logros se encuentra la creación de la Plataforma Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (PRETT), integrada por los países de América del Sur y desarrollada en el marco del Programa EUROFRONT – Componente I, financiado por la Unión Europea, como mecanismo de cooperación y articulación regional para fortalecer las capacidades estatales frente a ambos delitos.
- Te puede interesar: Un nexo peligroso: el informe que alerta sobre el avance de China, Rusia e Irán en América Latina
Argentina frente a la trata de personas, ¿qué dicen las estadísticas?
-¿Cómo ves la situación de la trata de personas en Argentina? ¿Qué visibilidad crees que tiene entre los problemas de seguridad del país?
-La trata de personas en Argentina debe analizarse en el contexto de las tendencias regionales y globales. No constituye un fenómeno exclusivamente nacional ni puede ser abordada únicamente como un problema de seguridad: se trata de un delito complejo y, al mismo tiempo, de una grave vulneración de derechos humanos. El marco internacional establecido por el Protocolo de Palermo estructura la respuesta de los Estados alrededor de tres objetivos centrales: prevenir la trata, perseguir y sancionar a quienes la cometen y proteger a las víctimas.
Las estadísticas oficiales argentinas registran 22.945 personas rescatadas y/o asistidas desde la sanción de la Ley 26.364, en 2008, hasta agosto de 2026. A su vez, entre enero y agosto de 2026 fueron rescatadas y/o asistidas 506 personas, de las cuales 386 eran argentinas. Por su parte, la Línea 145 recibió 29.660 denuncias desde 2012 (reforma de la ley) hasta agosto de 2026.
Estos datos requieren una lectura cuidadosa. Las estadísticas disponibles miden diferentes dimensiones: denuncias, víctimas detectadas, personas rescatadas o asistidas, investigaciones y sentencias, y no representan necesariamente la magnitud total de un delito que presenta importantes niveles de subregistro tanto en la dimensión nacional como global. Un incremento de las víctimas identificadas o de las denuncias puede responder a modificaciones en el fenómeno, como a una mejora en la capacidad estatal y social para detectarlo.
También se observan cambios en los perfiles y modalidades detectados. El informe de PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación de Argentina) sobre las denuncias recibidas por la Línea 145 durante 2024 registró 930 potenciales víctimas. Por primera vez en esa serie, los varones superaron a las mujeres entre las potenciales víctimas identificadas, un cambio asociado, entre otros factores, con una mayor presencia de denuncias relacionadas con explotación laboral, particularmente en ámbitos rurales.
Este dato permite ampliar una percepción todavía extendida que asocia la trata casi exclusivamente con mujeres sometidas a explotación sexual. La explotación sexual continúa siendo una modalidad relevante, pero no agota las formas contemporáneas de trata de personas hacia las mujeres y adolescentes, grupos junto a las niñas y niños de los más vulnerados.
-¿Qué rol tienen los países vecinos? ¿Argentina es parte de una red transnacional?
-Argentina forma parte de las dinámicas regionales de movilidad humana y dentro de ellas existen también situaciones de trata de personas transnacional. Se detectan víctimas extranjeras en el país y existen movimientos entre países de la región que pueden derivar en situaciones de explotación.
Sin embargo, trata transnacional y trata de personas no son necesariamente conceptos equivalentes. La existencia de una frontera internacional no constituye un requisito excluyente del delito, ya que la captación, el traslado y la explotación pueden producirse íntegramente dentro del territorio de un mismo Estado.
Los datos oficiales argentinos permiten observar claramente esta dimensión interna. De las 506 personas rescatadas y/o asistidas entre enero y agosto de 2026, 386 eran víctimas argentinas. En 2025, 639 de las 807 personas asistidas eran de nacionalidad argentina.
Al mismo tiempo, la dimensión regional es relevante. En las denuncias analizadas por PROTEX entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, entre las víctimas cuya nacionalidad pudo establecerse, se registraron 913 argentinas, 154 bolivianas, 19 paraguayas y 12 peruanas, además de otras nacionalidades. Estos movimientos hacen necesaria la cooperación entre los Estados para la investigación, el intercambio de información, la identificación y localización de víctimas y su protección.
También debe distinguirse la trata de personas del tráfico ilícito de migrantes. La trata tiene como elemento central la finalidad de explotación humana y no requiere atravesar una frontera internacional. El tráfico ilícito consiste en facilitar, con el propósito de obtener un beneficio, el ingreso irregular de una persona a un Estado del cual no sea nacional o residente permanente. Son delitos diferentes, aunque en determinadas circunstancias pueden conectarse: una persona que inicialmente recurre a una red de tráfico puede posteriormente quedar sometida a una situación de explotación constitutiva de trata.
- Te puede interesar: Narcopolítica en América Latina: cuando el crimen organizado coopera con el Estado
El organigrama estatal para combatir y asistir a las víctimas
-¿Qué medidas resultaron positivas en Argentina y qué más podría hacerse para abordar la problemática de la trata de personas?
-Argentina desarrolló desde 2008 un marco normativo e institucional específico para abordar el delito de trata de personas. La Ley 26.364, sancionada ese año, y su reforma mediante la Ley 26.842 en 2012 constituyeron los principales hitos legislativos y permitieron consolidar progresivamente mecanismos especializados de prevención, investigación, denuncia, rescate, protección y asistencia a las víctimas.
La reforma de 2012 creó además dos instancias centrales de coordinación de la política pública: el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
El Consejo Federal funciona como un ámbito permanente de coordinación institucional y federal: reúne a organismos nacionales, representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Entre sus funciones se encuentran diseñar la estrategia general, realizar el seguimiento de las políticas, promover estándares comunes entre jurisdicciones y supervisar la actuación del Comité Ejecutivo.
El Comité Ejecutivo, a su vez, tiene un carácter principalmente operativo: articula la actuación de los organismos nacionales con competencias en la materia y tiene a su cargo la ejecución del Programa Nacional contra la Trata. Entre sus funciones se encuentran desarrollar protocolos y circuitos de intervención, fortalecer la detección y persecución del delito y coordinar acciones de protección y asistencia a las víctimas. Esta estructura permite diferenciar un espacio amplio de definición, coordinación y seguimiento federal —el Consejo— de una instancia encargada de llevar adelante y articular las acciones concretas de la política nacional —el Comité—.
Entre las restantes herramientas institucionales se encuentran la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dentro del Ministerio Público Fiscal; la Línea 145, gratuita, nacional, disponible las 24 horas y que permite realizar denuncias anónimas; y los dispositivos especializados de rescate, protección y asistencia.
La planificación de la política pública también se institucionalizó mediante planes nacionales. El Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2024-2026 contempla 26 medidas y 85 acciones con participación de más de 50 organismos, estructuradas en cinco ejes: prevención, asistencia, persecución, articulación e innovación tecnológica.
Los desafíos de Argentina, entre la información y la cooperación internacional
Entre los principales desafíos se encuentra continuar mejorando la producción, sistematización e interoperabilidad de la información que generan las diversas agencias estatales con competencias en la materia. Las estadísticas de denuncias, investigaciones, rescates, asistencia y sentencias corresponden a diferentes etapas de la respuesta estatal y no siempre permiten reconstruir integralmente las trayectorias de los casos.
Asimismo, resulta fundamental el fortalecimiento institucional continuo de los organismos públicos especializados, tanto en términos de capacidades técnicas como de actualización de herramientas y procedimientos frente a un delito que modifica permanentemente sus modalidades de captación, explotación y circulación de recursos. En este sentido, el trabajo estatal en red y la articulación entre organismos nacionales, provinciales, fuerzas de seguridad, sistema de justicia y dispositivos de protección y asistencia resultan centrales: frente a redes delictivas que operan de manera articulada y, en muchos casos, atraviesan distintas jurisdicciones, la respuesta estatal también requiere altos niveles de coordinación e intercambio de información.
Entre los desafíos específicos se encuentran fortalecer la detección de la explotación laboral; profundizar las investigaciones económicas, patrimoniales y financieras orientadas a afectar la rentabilidad del delito; mantener actualizadas las capacidades de investigación frente al uso de tecnologías digitales; y garantizar procesos de protección y asistencia a las víctimas de mediano y largo plazo.
La cooperación regional e internacional constituye otro componente indispensable. La dimensión transnacional que puede asumir el delito de trata de personas requiere mecanismos ágiles de cooperación entre los Estados para el intercambio de información, la investigación de casos, la identificación y protección de víctimas y el fortalecimiento de capacidades institucionales. En este marco, los recursos y programas de la cooperación internacional cumplen un papel relevante para sostener procesos de capacitación y asistencia técnica, desarrollar herramientas comunes, intercambiar experiencias y buenas prácticas y promover respuestas coordinadas entre los países.
La experiencia acumulada a nivel nacional, regional e internacional muestra que una respuesta integral requiere actuar simultáneamente sobre la prevención, la detección temprana, la persecución penal y financiera, la protección efectiva de las víctimas y la cooperación entre instituciones, jurisdicciones y Estados. Frente a un delito dinámico y, muchas veces, organizado en redes, la capacidad de respuesta depende también de la fortaleza y articulación de las redes institucionales encargadas de prevenirlo y combatirlo.
