La infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder de América Latina dejó de ser una amenaza latente para convertirse en una realidad cotidiana. Operaciones judiciales de gran escala, como el Caso Metástasis en Ecuador, expusieron la profundidad de esta red de complicidades: jueces, fiscales, policías y políticos trabajando de la mano con cárteles y redes transnacionales. El término “metástasis” dejó de ser solo un nombre procesal para transformarse en la metáfora más precisa de un Estado cuyas instituciones fueron parasitadas desde adentro.
Para comprender el alcance real de esta crisis institucional, DEF conversó con Mario Medrano, especialista en crimen organizado, quien analiza el estado de la región, la falta de voluntad política para asumir los datos duros y las fallas estructurales que hoy impiden erradicar las mafias de la administración pública.
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Mario Medrano: “Las organizaciones criminales parasitaron todas las instituciones del Estado”
-¿En qué estado se encuentra la región en cuanto a la corrupción vinculada al crimen organizado?
-En la actualidad, la mayoría de los países de la región enfrentan una gran problemática para combatir y tratar de erradicar, aunque sea parcialmente, el crimen organizado y los delitos complejos. Las organizaciones criminales parasitaron todas las instituciones del Estado: la política, las fuerzas policiales, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Los grandes presupuestos económicos que manejan las organizaciones criminales nacionales y transnacionales son la principal fuente de tentación: financian las campañas de los políticos y compensan los bajos sueldos de las instituciones policiales, volviéndolos fáciles de corromper.
A esto se le suman las amenazas de muerte a jueces y fiscales que, en la mayoría de los casos, se encuentran desprotegidos, vulnerables y sin custodia. Esa es la principal debilidad que enfrentan los Estados latinoamericanos.
-¿Considera que este diagnóstico es evadido por el liderazgo político en general?
-Sin duda. La clase política entiende y conoce la situación crítica de cada país de la región, pero a la gran mayoría le cuesta blanquear los datos duros, ya que consideran que es perjudicial para su gestión de gobierno o para una futura reelección. Hay que entender una premisa fundamental: el dato mata al relato.
Por lo general, la situación real, crítica y desbordada solo se revela públicamente cuando nos encontramos ante una histeria delictiva en la sociedad.
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¿Qué se puede hacer cuando el Estado es también el problema?
-Frente a un Estado comprometido, ¿qué mecanismos deberían implementarse para frenar esta cooptación?
-En un Estado parasitado, las reformas tienen que ser estructurales, impulsadas con iniciativa política y criterios claros de persecución y sanción del delito. En primer lugar, es clave identificar los factores de vulnerabilidad propensos a la corrupción para proceder a una depuración institucional inmediata.
Esto debe ir acompañado de reformas legislativas, judiciales y migratorias, además de un fortalecimiento tecnológico y económico de las unidades de investigación policial y los servicios de inteligencia criminal.
Estas herramientas deben trabajarse bajo un planeamiento estratégico, sin amiguismos políticos y con profesionales idóneos en toda la estructura estatal. Asimismo, es vital garantizar la actualización constante del personal policial a cargo de la investigación del delito.
Esto requiere filtrar a los formadores y docentes, ya que muchos son nombrados por amiguismo político sin contar con la idoneidad requerida para el área.
-¿Visualiza un escenario a futuro donde se pueda erradicar la criminalidad de los gobiernos latinoamericanos?
-Pregonar que los gobiernos de América Latina van a erradicar la criminalidad organizada sería ofrecer un discurso sensacionalista e irresponsable.
Frente a la debilidad institucional, la corrupción y el enquistamiento criminal que muestran los gobiernos de América Latina —sumado a la escasez de políticas criminales, de inteligencia y de planeamiento estratégico—, la fortaleza económica, logística y corruptiva de las organizaciones criminales nos coloca en una triste, real y creciente desventaja.
