Frente a la escalada de violencia extrema, sicariato, extorsión y descontrol en los penales, el Congreso aprobó la delegación de facultades legislativas para Keiko Fujimori, con el objetivo de implementar medidas drásticas de seguridad ciudadana y militarización. Aunque el gobierno celebra esta aprobación como un avance estratégico, surge la interrogante central: ¿Son suficientes estos “superpoderes” para frenar al crimen organizado en Perú?
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Ley N° 32743: Superpoderes para Keiko Fujimori y respuesta al crimen organizado
El camino parlamentario para la obtención de este marco legal expuso la fractura política en el Congreso. La Cámara de Diputados recortó sustancialmente la propuesta inicial, aprobando solo 20 de los 66 puntos solicitados, mientras que un acuerdo en el Senado permitió rescatar y aprobar 7 puntos adicionales rechazados en la cámara baja.
El resultado es la Ley N° 32743, un paquete normativo que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno, reformas en los sistemas de inteligencia y penitenciario, endurecimiento de regulaciones migratorias e infraestructura de seguridad.
Para evaluar si este despliegue de fuerza estatal logrará contener la crisis de inseguridad, el abogado especialista en seguridad y crimen organizado, Mario Medrano, analiza los alcances realistas y los vacíos estructurales de esta ley.
En un complejo contexto institucional, el experto señala que obtener estas facultades es un paso crucial para el gobierno en el contexto actual, pero advierte que el reto es monumental. “Estás facultades obtenidas por el ejecutivo serán el principal desafío en un estado colapsado y a las cuales la oposición las llama populistas”, señaló.
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¿Es lo que necesita Perú en este momento?
Entre las medidas aprobadas, Keiko Fujimori aumentará el uso de las Fuerzas Armadas y podrá hacer gala de las reformas de inteligencia. Sin embargo, uno de los peligros es agotar la confianza de la ciudadanía.
“Hay que ser realistas, la población no confía en el estado y sus instituciones, la Ley N° 32743 que delega poder sobre la militarización, el respaldo a las fuerzas del orden, la regulación migratoria, los cambios en infraestructura y reformas del sistema penitenciario y de inteligencia estratégica son medidas atractivas que si no tienen respuesta inmediatas, pueden generar mayor desconfianza en el ciudadano peruano”, explicó Mario Medrano.
A pesar de respaldar el uso contundente de la fuerza del Estado contra el crimen organizado, Medrano enfatiza que las leyes por sí solas no resolverán el problema si no se combate la corrupción interna.
“Considero que a las organizaciones criminales hay que entrarles con fuerza y con todo el peso de la ley Sin embargo, esta batalla tiene que ir acompañada con una depuración en las instituciones del Estado, en donde las organizaciones criminales se han enquistado y han corrompido a las fuerzas policiales, penitenciarias y judiciales, y esto es lo que en particular no puedo observar de manera positiva; no se están tomando en cuenta estas propuestas que son determinantes”, enfatizó.
La aprobación de la Ley N° 32743 en Perú otorga herramientas clave para el despliegue operativo e inteligencia en zonas de alto riesgo. Sin embargo, la sola presencia militar y el endurecimiento de penas no serán suficientes si no se implementa en paralelo una limpieza drástica dentro de la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Poder Judicial. Sin una reforma institucional profunda, el crimen organizado continuará operando desde las entrañas del propio Estado.
