El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, redobló la presión sobre la Legislatura provincial para aprobar la reforma de seguridad pública bajo una consigna tajante: “O manda el Estado o mandan las organizaciones criminales”. Aunque la administración provincial sostiene que los índices de violencia y homicidios en Rosario mostraron mejoras respecto de años anteriores, desde el Ejecutivo insisten en que “no se ha ganado ninguna batalla” y que la Policía necesita herramientas legales más duras para evitar retrocesos.
Sin embargo, el avance del proyecto denominado de Herramientas para el Mejoramiento de la Seguridad Pública abrió una fuerte controversia jurídica y política, que no solo enfrenta al Gobierno con la oposición y colegios de abogados, sino que también genera rispideces dentro del propio frente oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe.
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Reforma de seguridad de Pullaro: Los 5 puntos más importantes
El corazón de la reforma reside en otorgar mayor margen de maniobra operativo y facultades discrecionales a las fuerzas de seguridad en la vía pública y en la etapa prejudicial:
- Ampliación de la detención por averiguación de antecedentes: El proyecto busca facultar a los efectivos policiales para demorar o retener a personas con el fin de constatar su identidad o antecedentes sin necesidad de una orden judicial previa ni de que medie un delito en flagrancia flagrante, con plazos que pueden extenderse hasta por 24 o 48 horas según las circunstancias procesales.
- Requisas y controles de personas y vehículos sin sospecha previa: Se habilitan inspecciones preventivas en la vía pública, paradas de transporte y accesos urbanos con menos restricciones procesales para la intervención policial espontánea.
- Mecanismos de allanamientos y requisas de urgencia: Facilidades para que las fuerzas de seguridad y los fiscales procedan a intervenciones rápidas e ingresos en domicilios o sitios vinculados a investigaciones criminales activas ante situaciones de sospecha inmediata de fuga o destrucción de pruebas.
- Endurecimiento del régimen penitenciario y cárceles de máxima seguridad: Consolidación legal del régimen estricto para presos de alto perfil (aislamiento de líderes narco, inhibición absoluta de comunicaciones no monitoreadas y control estricto de visitas para desarticular la orden de delitos desde los pabellones).
- Reincorporación y empoderamiento de la fuerza policial:Complementado con medidas de equipamiento tecnológico (cámaras con inteligencia artificial, nuevas estaciones de monitoreo) y la reincorporación remunerada de personal policial retirado para funciones operativas y de custodia.
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¿Por qué causa tanta polémica la reforma?
La iniciativa genera tensión en tres frentes: el plano constitucional, el rechazo de organizaciones de derechos humanos y la interna legislativa.
Especialistas en derecho constitucional y colegios de penalistas advierten que facultar a la policía para demorar ciudadanos sin orden de un juez ni sospecha fundada de delito es incompatible con el artículo 18 de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.
Críticos del proyecto compararon la figura de la detención por antecedentes con normativas restrictivas de décadas pasadas, señalando que delegar en la discrecionalidad del uniformado la posibilidad de privar de la libertad a cualquier persona que no porte identificación abre la puerta a la arbitrariedad, la estigmatización y la violencia institucional sobre jóvenes de sectores vulnerables.
Frente a las objeciones, el gobernador Pullaro y su Ministerio de Seguridad defienden que las leyes son racionales y necesarias para el momento de emergencia que atraviesa la provincia. Argumentan que los delincuentes no pueden tener mayores garantías procesales que los ciudadanos que sufren la violencia armada. “Hablamos de garantías constitucionales, pero la principal garantía que tienen los ciudadanos es el derecho a que no los maten”, remarcó el mandatario.
En la Legislatura santafesina, la oposición peronista y sectores de izquierda rechazaron de plano los artículos sobre detenciones sin orden judicial.
Sin embargo, la mayor traba parlamentaria se dio dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe: legisladores del Partido Socialista y sectores afines exigieron fijar límites precisos a los plazos de demora, asegurar la notificación inmediata al fiscal o defensor público y evitar que la policía tenga vía libre para allanar sin aval judicial, lo que forzó modificaciones al texto original previo a su tratamiento en el recinto.
