La provincia de Santa Fe presentó un nuevo paquete de reformas de seguridad que busca ampliar las facultades policiales, endurecer medidas judiciales y reforzar el control penitenciario en la provincia, en pleno combate contra el crimen organizado y el narcotráfico.
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Qué incluye el nuevo plan de seguridad de Santa Fe
La iniciativa, denominada “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, fue enviada a la Legislatura santafesina y representa la segunda reforma de seguridad impulsada por la gestión Pullaro desde su llegada al poder.
El proyecto apunta a consolidar la estrategia provincial contra el narcotráfico, las bandas criminales y la violencia urbana, especialmente en Rosario y Santa Fe capital.
La reforma contempla once modificaciones clave sobre el Código Procesal Penal, como el juicio penal en ausencia, y distintas leyes vinculadas a seguridad pública y sistema penitenciario.
Entre las principales medidas aparecen:
- Más facultades de investigación para la Policía y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
- Procesos judiciales más rápidos.
- Endurecimiento de regímenes penitenciarios.
- Aislamiento especial para presos de alto perfil.
- Nuevas herramientas contra el crimen organizado.
- Refuerzo de capacidades operativas policiales.
Además, se contempla la creación de zonas de intervención especiales donde podrán instrumentar la restricción de los derechos de circulación, así como el uso de mecanismos para inhabilitar inmuebles utilizados por el narcotráfico, y la modernización del sistema de recompensas.
Uno de los puntos potencialmente polémicos es que se habilita el interrogatorio policial en los primeros momentos investigativos y se elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Otro aspecto clave para la discusión es que los fiscales adquirirán atribuciones para ordenar directamente la inactivación física de inmuebles utilizados para el microtráfico u otros delitos en casos de “extrema obviedad”, sin necesidad de intervención judicial previa. Sumado a esto, la Fiscalía podrá imponer medidas no privativas de la libertad mediante un decreto fundado.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, defendió la iniciativa y aseguró que la provincia atraviesa una “segunda etapa” de su política de seguridad, enfocada en consolidar la baja de homicidios y delitos violentos.
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Más poder para la Policía y foco en el crimen organizado
Uno de los ejes centrales del proyecto es la ampliación de facultades para las fuerzas de seguridad en tareas de investigación y prevención.
El gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que la provincia no puede “retroceder ni ser blanda” frente al avance de las organizaciones criminales.
La propuesta se inscribe dentro de una política más amplia de fortalecimiento policial impulsada por la actual gestión, que incluye la incorporación de nuevos efectivos, inversión en patrulleros y tecnología, mejoras salariales y la construcción de cárceles de máxima seguridad.
Durante 2026, el Ejecutivo santafesino también lanzó un plan integral para las fuerzas policiales con mejoras en salud mental, transporte, alojamiento y adicionales salariales para personal de calle.
El endurecimiento penitenciario y la cárcel “El Infierno”
La nueva ofensiva legislativa también profundiza la estrategia penitenciaria contra narcos y sicarios.
La provincia avanza en la construcción de “El Infierno”, la nueva cárcel de máxima seguridad ubicada en Piñero que será destinada a internos de alto perfil vinculados al crimen organizado.
Prevista su inauguración para 2027, el proyecto busca fortalecer los sistemas de aislamiento y limitar la capacidad operativa de líderes criminales detenidos.
Desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, Santa Fe restituyó pabellones especiales para jefes narcos y reforzó controles penitenciarios para impedir que bandas criminales continúen operando desde prisión.
