El gobierno de Estados Unidos formalizó una acusación penal contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Otros nueve funcionarios activos y retirados forman parte de una nueva causa que sacude a México.
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Narcotráfico: Estados Unidos apunta contra el gobernador de Sinaloa
Los cargos fueron presentados ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por el fiscal federal, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, en representación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La acusación señala que los imputados utilizaron sus cargos de alta jerarquía para facilitar el tráfico masivo de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia territorio estadounidense. Según el documento judicial, la red de corrupción convirtió a las instituciones públicas de Sinaloa en un brazo logístico y de protección para el Cártel de Sinaloa, organización designada como terrorista por la administración Trump.
Además de Rocha Moya, entre los funcionarios imputados figuran Enrique Inzunza Cazárez, senador en funciones por el partido Morena y exsecretario general del estado; Juan de Dios Gámez, presidente municipal de Culiacán; Dámaso Castro, vicefiscal estatal; y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
Los cargos que impulsa Estados Unidos son tres: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración relacionada con esas armas. De ser declarados culpables, enfrentarían una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.
La DEA detalló pagos específicos dentro de la red: el vicefiscal Castro Zaavedra recibía presuntamente USD 11.000 mensuales por filtrar información sobre operativos policiales, lo que permitía al cártel anticiparse a las detenciones.
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Vínculo con “Los Chapitos” y la elección de 2021
El núcleo de la acusación es la relación entre Rocha Moya y la facción del cártel liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”. Según el documento judicial, este grupo habría impulsado la candidatura de Rocha Moya a la gobernación mediante el secuestro e intimidación de rivales políticos antes de las elecciones de 2021.
Una vez electo, el gobernador habría mantenido reuniones con los líderes de Los Chapitos, garantizándoles impunidad operativa en el estado y permitiéndoles colocar a funcionarios afines en puestos clave del gobierno estatal y de las fuerzas del orden. A cambio, el cártel habría entregado millones de dólares en pagos al grupo de funcionarios.
Este no es el primer indicio que vincula al gobernador con el crimen organizado y el narcotráfico. En 2024, Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, detenido en julio de ese año y actualmente preso en Estados Unidos, afirmó en una carta que fue llevado engañado al país del norte cuando se dirigía a una reunión con Rocha Moya. La revelación no tuvo consecuencias judiciales en México en ese momento.
La respuesta de México: reclamo diplomático y sin evidencias
La Cancillería de México reaccionó con sorpresa ante la difusión pública de la acusación, argumentando que los tratados bilaterales vigentes establecen la confidencialidad de este tipo de información. En respuesta, anunció el envío de un reclamo diplomático formal a la Embajada de Estados Unidos.
“Los documentos no cuentan con elementos de prueba para determinar la responsabilidad de los implicados”, sostuvo la Cancillería, que remitió las solicitudes de detención con fines de extradición a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis.
La FGR advirtió que, en el caso de Rocha Moya y otros acusados con fueros institucionales, el Congreso debería retirarles la inmunidad procesal antes de que puedan ser procesados penalmente. Solo entonces la extradición sería legalmente viable.
Por su parte, el gobernador negó categóricamente las acusaciones desde su cuenta de X: “Carecen de veracidad y fundamento alguno. Así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”. También las calificó como parte de “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional” y la soberanía de México.
La dirigencia nacional de Morena sostuvo que la acusación “vulnera principios básicos del debido proceso”. El senador Inzunza, a su vez, también negó los cargos y los encuadró como un ataque político contra el movimiento gobernante. La oposición, en cambio, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum que se deslinde de Rocha Moya y facilite el proceso judicial.
