De cara a las elecciones en Brasil pactadas para el 3 de octubre, el combate al crimen organizado se consolida como un eje estratégico nacional. El país enfrenta el desafío de consolidar un plan de seguridad a largo plazo contra organizaciones con poder financiero, transnacional y cibernético. Para ello, Lula da Silva presenta la experiencia de su gestión mientras que Flávio Bolsonaro propone imitar el modelo Bukele e integrarse a América Latina mediante la adhesión al Escudo de las Américas.
El experto Alexander Ferreira —especialista en Inteligencia, Ciberdefensa, asesor estratégico en el Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras (SISFRON) del Ejército Brasileño y representante de la Red de Expertos y Analistas Latinoamericanos (R.E.A.L.)— analiza los programas de seguridad que presentan los dos principales candidatos, los desafíos y las necesidades más allá de la elección de un presidente.
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El avance del crimen organizado y el desafío que impone, ¿qué medidas impulsa Lula?
-De cara a las elecciones en Brasil, ¿cómo ves el estado de la seguridad en el país?
-Brasil atraviesa un momento especialmente complejo en materia de seguridad pública. El problema ya no puede ser analizado solamente a partir de los indicadores tradicionales de homicidios, robos o violencia urbana. El crimen organizado brasileño ha evolucionado hacia estructuras empresariales, con capacidad financiera, logística y tecnológica, presencia transnacional y creciente penetración en actividades económicas legales e ilegales.
Hoy el desafío incluye el dominio territorial ejercido por facciones y milicias, el tráfico internacional de drogas y armas, la utilización de las fronteras como corredores logísticos, el lavado de activos, la infiltración en sectores económicos y el uso intensivo de tecnología.
Por eso, la respuesta del Estado necesita combinar operaciones policiales con inteligencia, inteligencia financiera, control fronterizo, cooperación internacional, sistema penitenciario y capacidades cibernéticas.
Hay además un aspecto que considero central: combatir únicamente al delincuente que está en la calle ya no es suficiente. Es necesario atacar la arquitectura de la organización criminal: su comando, sus finanzas, sus comunicaciones, su logística y su capacidad de reclutamiento. Esa percepción aparece, con enfoques diferentes, en los programas de los principales candidatos.
-Frente a tu diagnóstico, hubo anuncios para el fortalecimiento de la frontera y mayores penas de prisión para líderes criminales. ¿Lo ves suficiente para los desafíos actuales?
-Son medidas importantes, pero por sí solas no resuelven el problema. Brasil tiene dimensiones continentales y fronteras terrestres con 10 países. Es imposible pensar en su protección únicamente mediante presencia física. La frontera del siglo XXI necesita ser vigilada con una combinación de inteligencia, sensores, radares, drones, comunicaciones seguras, imágenes satelitales, análisis de datos e integración entre Fuerzas Armadas, Policía Federal, Policía Rodoviaria Federal, Receita Federal y las fuerzas de seguridad de los estados.
Hay además proyectos estratégicos, como el SISFRON, que muestran precisamente esa lógica de integración entre sensores, comunicaciones, comando y control e inteligencia.
En relación con el endurecimiento de penas y el aislamiento de líderes criminales, son instrumentos relevantes, especialmente porque muchas organizaciones continúan siendo dirigidas desde el sistema penitenciario. Pero aumentar penas sin mejorar investigación, inteligencia, capacidad de identificación patrimonial y tasa de esclarecimiento puede producir un efecto mucho menor de lo esperado.
Para mí, la palabra clave es integración: integración de bases de datos, inteligencia financiera, fronteras, sistema penitenciario, policías y cooperación internacional.
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-Río de Janeiro aparece como un punto crítico de los esfuerzos de Lula para frenar el avance del crimen organizado. ¿Llega en el momento correcto?
-La cooperación entre el gobierno federal y el gobierno de Río es necesaria. En septiembre fueron formalizados acuerdos entre el Ministerio de Justicia y el estado para integrar fuerzas, recuperar territorios bajo influencia de organizaciones criminales y actuar sobre corredores logísticos estratégicos. Esa coordinación ya avanzó hacia la elaboración de planes operacionales conjuntos.
El problema es que Río de Janeiro acumula décadas de fragmentación territorial, expansión de facciones y milicias y dificultades de coordinación institucional. Por eso, no existe una solución exclusivamente policial ni una operación capaz de resolver estructuralmente la situación.
Recuperar un territorio es una fase. Mantener permanentemente la presencia del Estado es otra, mucho más difícil. Después de una operación policial deben llegar servicios públicos, infraestructura, inteligencia permanente, oportunidades económicas y capacidad del Estado para impedir que la organización criminal vuelva a ocupar aquel espacio.
Río puede convertirse en un laboratorio importante para una política nacional contra organizaciones criminales, pero el resultado dependerá más de la continuidad de la estrategia que de operaciones puntuales.
El plan de seguridad de Flávio Bolsonaro
-Flávio Bolsonaro presentó un plan de seguridad como un instrumento principal de sus consignas, entre ellas el ingreso al Escudo de las Américas y el modelo Bukele como ejemplo. ¿Qué opinión te merece?
-El programa de Flávio Bolsonaro apuesta claramente por una doctrina de mayor coerción estatal: endurecimiento penal, expansión del sistema penitenciario federal, restricciones a beneficios penales, reducción de la edad de responsabilidad penal, mayor utilización de reconocimiento facial y clasificación de determinadas facciones como organizaciones narcoterroristas.
El modelo salvadoreño ofrece un caso relevante para estudiar porque El Salvador consiguió una reducción muy significativa de la violencia asociada a las pandillas. Sin embargo, transportar directamente ese modelo a Brasil exige mucha cautela. Brasil tiene aproximadamente 200 millones de habitantes, una estructura federativa, dimensiones continentales, organizaciones criminales con presencia internacional y un sistema constitucional e institucional diferente.
Por eso, algunas herramientas pueden ser objeto de análisis comparativo, pero no considero adecuado tratar el “modelo Bukele” como una fórmula que pueda simplemente ser copiada.
La discusión sobre el Escudo de las Américas también debe ser analizada desde dos perspectivas. La cooperación internacional en inteligencia, combate al narcotráfico, rastreo financiero y control de fronteras puede aportar capacidades importantes. Al mismo tiempo, cualquier mecanismo regional de seguridad debe preservar claramente la soberanía nacional, el marco jurídico brasileño y los mecanismos institucionales de decisión. El debate adquiere además una dimensión geopolítica porque Brasil actualmente no integra esa iniciativa y otras fórmulas regionales de cooperación también están siendo discutidas.
-¿Ves la seguridad como un eje clave de la campaña? ¿Quién presenta el plan más sólido para abordar la lucha contra el crimen organizado?
-La seguridad es claramente uno de los grandes temas de esta elección, porque el avance de las organizaciones criminales dejó de ser solamente un problema policial para convertirse en una cuestión económica, institucional y de seguridad nacional. Los programas de Lula y Flávio Bolsonaro parten de doctrinas diferentes y tienen algunos puntos de convergencia.
Lula concentra su estrategia en una mayor coordinación federal, integración de bases de datos e inteligencia, combate financiero a las organizaciones criminales, cooperación entre la Unión y los estados y recuperación territorial. Su programa también propone fortalecer la estructura federal de seguridad y ampliar el aislamiento de líderes criminales.
Flávio Bolsonaro enfatiza el componente coercitivo y penitenciario: penas más severas, expansión de prisiones federales de máxima seguridad, reducción de la edad penal, tecnologías de vigilancia y tratamiento de grandes facciones como organizaciones narcoterroristas. También propone atacar el patrimonio y los flujos financieros de esas organizaciones.
Hay, por tanto, una diferencia doctrinal importante: uno pone mayor énfasis en coordinación institucional, inteligencia e integración federativa; el otro prioriza disuasión, endurecimiento penal, encarcelamiento y capacidad coercitiva.
Pero hay una convergencia que considero muy relevante: ambos empiezan a reconocer que el verdadero centro de gravedad de una organización criminal no es solamente el hombre armado en la calle. Son su dinero, su liderazgo, su logística, sus comunicaciones y su capacidad de penetrar la economía formal. En mi evaluación técnica, el punto decisivo para cualquier gobierno será transformar estas propuestas en una arquitectura permanente de Estado contra el crimen organizado, independientemente del ciclo electoral.
Ciberataques, el gran desafío más allás de las elecciones
-¿Y cómo entra la ciberseguridad en esta disputa, especialmente frente al incremento de ataques apoyados por inteligencia artificial?
Este es probablemente uno de los temas que todavía recibe menos atención política de la que merece.
Crimen organizado, seguridad pública y ciberseguridad están convergiendo rápidamente. La inteligencia artificial permite potenciar el phishing, ingeniería social, fraude, generación de identidades falsas, deepfakes, automatización de ataques y reconocimiento de vulnerabilidades. El atacante que antes necesitaba un equipo altamente especializado puede automatizar partes significativas de su operación.
La propia inteligencia brasileña ya advirtió en 2026 sobre el riesgo de agentes de inteligencia artificial capaces de planificar, ejecutar y adaptar ataques con creciente autonomía, especialmente contra sectores estratégicos e infraestructuras críticas. El CTIR Gov también ha señalado campañas con mayor automatización, comprometimiento de identidades y reducción del intervalo entre la intrusión inicial y la filtración de datos.
Por eso, el próximo gobierno tendrá que tratar la ciberseguridad como una cuestión de seguridad nacional y no simplemente como un problema de tecnología de la información. Brasil necesita avanzar hacia una arquitectura integrada que reúna gobierno, Fuerzas Armadas, inteligencia, policías, infraestructura crítica, sistema financiero, telecomunicaciones, academia y sector privado.
Y existe un componente adicional en 2026: la propia protección del proceso electoral frente a desinformación, deepfakes y contenidos sintéticos. El TSE actualizó específicamente las reglas sobre el uso de inteligencia artificial para estas elecciones.
La gran transformación que estamos viviendo puede resumirse así: la frontera de la seguridad nacional dejó de ser solamente geográfica. Hoy también es digital.
Por eso, quien gobierne Brasil después de 2026 tendrá que enfrentar simultáneamente tres fronteras: la frontera física, por donde circulan drogas, armas y recursos ilícitos; la frontera financiera, por donde el crimen lava y movimenta su capital; y la frontera digital, donde organizaciones criminales y actores estatales o no estatales pueden operar prácticamente sin reconocer límites territoriales.
