Argentina avanzó en una doble ofensiva contra el uso de celulares en las cárceles federales. Las medidas se hicieron efectivas con la Resolución 336/2026, mientras la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, participó de una destrucción récord de teléfonos móviles requisados dentro de las unidades penitenciarias.
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Cárceles: la ofensiva que lanzó el Servicio Penitenciario Federal
La Resolución 336/2026, publicada el 20 de abril en el Boletín Oficial, autoriza al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a instalar y poner en funcionamiento dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI, tecnología inhibidora que permite identificar y anular celulares y tarjetas SIM activos dentro de los muros de los establecimientos.
La medida, fundamentada en la Ley 24.660, que prohíbe expresamente las comunicaciones móviles no autorizadas en penales, también aprueba el Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales, que establece el marco operativo completo para implementar esta herramienta en el sistema federal.
La medida también deroga la flexibilización en el uso de celulares que se había dictado durante la pandemia, cuando la suspensión de visitas presenciales abrió una excepción al régimen habitual. Con la emergencia sanitaria superada, el Ministerio consideró que esa excepción ya no tiene sustento legal y que, por el contrario, vulnera la seguridad del sistema.
De acuerdo a esta línea de trabajo, la Dirección Nacional de Tecnología de la Información será la responsable de gestionar la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión del sistema.
“En nuestras cárceles hay control, ley y orden. Requisamos, incautamos y destruimos. Bloqueamos la señal para que no haya posibilidad de contacto con el exterior”, expresó la ministra de Seguridad Nacional en su cuenta de X.
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Alejandra Monteoliva participó de la destrucción de más de 4.200 celulares
En paralelo, Monteoliva participó de la destrucción de más de 4.200 celulares en Ezeiza, que se realizó bajo protocolos estrictos que garantizan la trazabilidad del proceso desde la detección y el secuestro hasta la eliminación definitiva.
Cada celular destruido representaba, según las autoridades, un canal de comunicación ilegal que podía ser utilizado para coordinar delitos, extorsiones o amenazas desde el interior de los penales.
“La medida forma parte de una estrategia integral orientada a cortar la cadena de mando del delito. En ese sentido, el fortalecimiento del control penitenciario permitió avanzar en la interrupción de las comunicaciones que sostienen estructuras criminales desde el encierro”, explicó el Ministerio de Seguridad Nacional.
Desde la incorporación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) al Ministerio de Seguridad Nacional, los procedimientos de requisa se incrementaron un 330,5% respecto de 2023 e implican un golpe a la continuidad de la actividad ilícita incluso desde la reclusión.
Con la Resolución 336/2026, el Ministerio de Seguridad Nacional establece un nuevo punto de presión sobre el crimen organizado y alcanza un nuevo hito en la estrategia de seguridad llevada a cabo por Alejandra Monteoliva en Argentina.
