El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel erigida en El Salvador como el máximo símbolo de la política de “mano dura” del presidente Nayib Bukele, se enfrenta a una reestructuración de su modelo operativo. Tras sostener durante años un régimen de encarcelamiento masivo bajo el estado de excepción, el propio Ejecutivo salvadoreño planteó un plan de liberación anticipada y condicional que cambia indefectiblemente la realidad del país.
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El plan de seguridad de El Salvador en la mira: revisión de penas y liberación de presos
El Gobierno evalúa conceder la liberación anticipada con monitoreo electrónico a aquellos reos procesados durante el régimen de excepción que actuaron como “colaboradores” presionados por las maras (MS-13 y Barrio 18).
El anuncio del presidente Nayib Bukele abrió un intenso debate público sobre quiénes podrían ser liberados y qué consecuencias podría tener en la estabilización del país tras la violencia de las pandillas. El mandatario aclaró que no se trata de un perdón masivo ni automático para pandilleros de alta peligrosidad, sino de una revisión caso por caso destinada a quienes cumplieron un rol secundario o forzado en la estructura criminal.
El Salvador se transformó en uno de los países con la mayor tasa de encarcelamiento del planeta, superando los 90.000 a 109.000 reclusos en total en todo su sistema presidiario a raíz de las detenciones del régimen de excepción.
Solo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) alberga a 40.000 detenidos de alta peligrosidad, entre ellos ranfleros, cabecillas, sicarios y perfiladores principales de la MS-13 y Barrio 18. El problema radica en la cantidad de presos y las penas, que oscilan entre 20 y más de 100 años de prisión por delitos como homicidio agravado, extorsión, terrorismo y agrupaciones ilícitas.
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Los números del CECOT: Construcción y costo de mantenimiento
El sostenimiento de un recinto hiper tecnológico de 200 manzanas de terreno y 32 de construcción en Tecoluca representa un reto económico considerable. La construcción de la mega cárcel requirió un desembolso de entre 115 y 135 millones de dólares y se estima que su mantenimiento demanda cerca de 150 millones al año del presupuesto nacional.
La combinación entre la carga financiera sostenida y la presión social por la reinserción de personas no vinculadas directamente a homicidios aceleraron la necesidad de transitar hacia un esquema de monitoreo condicional y reinserción supervisada.
La revisión de las penas y la potencial liberación de colaboradores pandilleros confirma que la estrategia de confinamiento masivo e indefinido resulta insostenible en el largo plazo. Mientras el CECOT continuará operando como un centro de máxima seguridad para los liderazgos operativos de las pandillas, las calles de El Salvador podrían ser testigos del regreso de presos vinculados al crimen organizado y el modelo Bukele enfrentará su primer desafío tras años de éxito.
