El mapa del narcotráfico en Argentina atravesó una metamorfosis estructural en los últimos años. Lo que históricamente fue analizado y catalogado como un mero país de tránsito para el clorhidrato de cocaína producido en Bolivia, Perú y Colombia se consolida como un nodo logístico sumamente complejo para la producción y distribución.
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El origen de la ruta: contrabando de materia prima y la articulación del NOA
El flujo del narcotráfico hacia el territorio argentino inicia en las zonas de cultivo e insumos químicos en los países vecinos, principalmente Bolivia. Aunque el ingreso de hoja de coca cuenta con circuitos tradicionales de consumo legal y ancestral en las provincias del Noroeste Argentino, las organizaciones criminales explotan de forma paralela estas mismas vías fluviales y terrestres para ingresar materia prima no fiscalizada y pasta base.
Puntos fronterizos de alta permeabilidad en las provincias de Salta y Jujuy, tales como Salvador Mazza, Aguas Blancas, La Quiaca y Pichanal, concentran un volumen constante de tráfico informal e interdicciones de carga.
Una vez superados los controles limítrofes, la sustancia es encauzada a través de la Ruta Nacional 34, históricamente denominada por los investigadores como la Ruta de la Cocaína. Esta gran arteria vial atraviesa Jujuy, Salta y Tucumán, actuando como la columna vertebral que conecta la frontera norte con los centros de acopio del litoral santafesino y con la vasta red de distribución del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, realizó esfuerzos para hacer frente a los ingresos irregulares mediante despliegues unificados como el Plan Güemes. La presencia de las fuerzas de seguridad federales y la articulación en un comando unificado permitió realizar incautaciones récord en 2025 y continuar el trabajo en 2026.
Balance de incautaciones: la radiografía del tráfico en el período 2024-2025
Según informes que analizan procedimientos de gran escala entre enero de 2024 y mediados de 2026, las fuerzas de seguridad decomisaron cerca de 15.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína en operativos de más de 100 kilos. Estas cifras reflejan un salto significativo, con un aumento superior al 600% en la cantidad de procedimientos mayoristas y un incremento de más del 500% en el volumen total de droga incautada si se lo compara con el promedio registrado en 2024.
La información oficial confirma además que más del 80% de estos cargamentos decomisados provenía directamente de Bolivia, posicionando a la provincia de Salta como el territorio con mayor concentración de secuestros de droga del país.
En cuanto a las modalidades de transporte, si bien el traslado terrestre mediante camionetas y camiones domina el volumen de casos por la facilidad de camuflaje en cargas agropecuarias, la vía aérea —con vuelos clandestinos detectados en el norte de Santa Fe— y los intentos de salida marítima mediante buques mercantes representan casi un tercio del tonelaje total incautado.
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El hito de 2026: la irrupción de las “cocinas” en el centro porteño
El fenómeno del procesamiento local dio un salto cualitativo e histórico en mayo de 2026, cuando la Policía Federal Argentina desarticuló un laboratorio de cocaína montado en las inmediaciones de la villa Rodrigo Bueno, en el barrio porteño de Puerto Madero. El operativo, que derivó de una investigación iniciada años atrás por la PROCUNAR, el fiscal Franco Picardi y el juez Julián Ercolini, marcó la primera vez que las autoridades hallaron un centro de procesamiento y estiramiento de estas dimensiones dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El laboratorio funcionaba oculto tras la fachada de un restaurante de comida peruana y contaba con un equipamiento industrial completo para el refinamiento de la droga. En el lugar se encontraron estufas y hornos de secado, compresores hidráulicos, moldes de prensado y grandes cantidades de ácido bórico utilizado para estirar el producto final.
En el allanamiento se secuestró 77 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, además de cuños metálicos diseñados para estampar los ladrillos con logos reconocidos internacionalmente, un recurso habitual entre las bandas para simular procedencia o garantizar calidad ante sus compradores.
La estructura criminal no sólo procesaba la sustancia en el ámbito porteño, sino que articulaba una red de distribución hacia el Conurbano bonaerense y blanqueaba sus ganancias a través de cuevas financieras situadas en la zona sur de la Capital Federal.
Según el experto Mario Medrano, Argentina se convirtió de forma definitiva en un punto clave de exportación de cocaína, un destino elegido por las organizaciones criminales transnacionales debido a la vulnerabilidad de los puertos fluviales y al escaso control en los pasos fronterizos. A nivel global, la producción andina ronda las 4.100 toneladas, y se estima que entre el 50% y el 60% de ese volumen atraviesa de algún modo las fronteras nacionales.
Sin embargo, el aspecto más alarmante señalado por Medrano es que el país pasó a ser también un productor de clorhidrato de cocaína y pasta base (PBC) a escala media y baja para sostener el consumo interno. En ese sentido, la hoja de coca que ingresa al país no solo satisface usos tradicionales, sino que alimenta una red creciente de laboratorios clandestinos que son desbaratados de forma constante en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, con capacidades de producción que van de los 100 a los 200 kilos por recinto.
Los datos recientes sobre el decomiso de materia prima refuerzan este diagnóstico. Solo entre junio y septiembre se incautaron cerca de 14 toneladas de hoja de coca en grandes operativos, sin contabilizar los cientos de pequeñas encomiendas interceptadas de entre 150 y 200 kilos. Para Medrano, estas cifras revelan que si no se logra frenar y controlar eficazmente ese flujo irregular de importación y tránsito, la espiral de violencia y el consumo interno serán cada vez más difíciles de contener.
