El gobierno de Javier Milei creó una nueva mesa de coordinación federal para prevenir amenazas vinculadas al narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado en proyectos estratégicos incluidos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que impulsa Argentina.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 461/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y apunta a reforzar controles sobre grandes inversiones en sectores clave como minería, energía, infraestructura, tecnología y turismo.
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Cómo es la nueva mesa de seguridad creada por Argentina
La nueva estructura se denomina “Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas en el marco del RIGI” y funcionará dentro del Ministerio de Seguridad Nacional.
Entre sus funciones principales estarán:
- Detectar riesgos criminales de manera temprana.
- Proteger infraestructura crítica.
- Prevenir infiltración de economías ilícitas.
- Coordinar acciones federales y provinciales.
- Elaborar diagnósticos de riesgo sobre inversiones estratégicas.
La resolución sostiene que los grandes proyectos promovidos por el RIGI pueden atraer actividades vinculadas a lavado de activos, narcotráfico, corrupción, extorsión y el crimen organizado transnacional.

“El volumen y la magnitud de las inversiones pueden constituirse en objetivos de interés para organizaciones criminales”, advirtió el texto oficial publicado en el Boletín Oficial.
El RIGI es uno de los principales instrumentos económicos impulsados por el gobierno de Milei para atraer inversiones multimillonarias en sectores estratégicos. La Casa Rosada considera que el crecimiento de grandes proyectos energéticos, mineros y logísticos puede generar vulnerabilidades frente al avance del crimen organizado, especialmente en regiones alejadas o con fuerte circulación de capitales y mercancías.
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Narcotráfico y crimen organizado: qué organismos integrarán la mesa de coordinación del RIGI
La mesa estará integrada por distintas áreas de seguridad e inteligencia criminal del Estado nacional como la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia, el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, y representantes de las fuerzas federales de seguridad.
Además, podrán incorporarse los gobiernos provinciales, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), y las empresas privadas vinculadas a proyectos estratégicos.

La iniciativa también contempla cooperación con operadores logísticos, concesionarios de infraestructura y cámaras empresarias para fortalecer mecanismos de prevención y alerta temprana.
La resolución remarca que la dispersión territorial y el carácter estratégico de las inversiones requieren “mecanismos específicos de coordinación interinstitucional y prevención temprana”.
La creación de esta mesa se enmarca en una política más amplia de endurecimiento de seguridad impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional que incluye la creación de la Unidad Antimafia y la reciente inclusión de mesas federales contra el narcotráfico en corredores bioceánicos.
Argentina también reforzó la cooperación internacional en seguridad con Estados Unidos y otros países occidentales, especialmente en áreas vinculadas a crimen organizado transnacional, terrorismo y narcotráfico.




