Irán atraviesa un período de tensión interna marcado por manifestaciones masivas y un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad como herramienta represiva. Este escenario se desarrolla bajo un sistema político vigente desde la Revolución Islámica de 1979, en el cual el poder real está estructurado en torno a unliderazgo religioso que condiciona las principales decisiones del Estado.
De hecho, entre los factores que motivan las protestas aparece el propio régimen político, junto con el deterioro económico y la negativa ante las respuestas represivas del aparato estatal iraní.
Irán: qué es y cómo surgió el régimen de los ayatolas
El régimen de los ayatoláses un sistema político-religioso en el que la autoridad del Estado se basa en la interpretación del islam chiita y está supervisada por el clero. A diferencia de una teocracia clásica, Irán combina instituciones electas con órganos no electivos que responden al liderazgo religioso y tienen poder de veto sobre el sistema político.
El ayatolá Ruhollah Jomeini, fundador de la República Islámica de Irán.
El ayatolá, en concreto, significa “señal de Dios”, y es el título de mayor jerarquía dentro de la pirámide de poder religiosa del islam chiita. Se considera una élite religiosa e intelectual, por lo que, para ser reconocido como tal, un clérigo debe completar estudios avanzados, conocidos como Dars-e-Kharej, y demostrar su capacidad para interpretar leyes sagradas. No existe una cifra fija de cuántos hay en el mundo.
Este modelo se consolida tras la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi y puso fin a la monarquía apoyada por Estados Unidos. A partir de ese proceso, Irán pasó a definirse como una república islámica, donde la religión dejó de ser un ámbito separado del poder político.
La nueva Constitución, aprobada ese mismo año, incorporó el principio de la Vilayat-e Faqih, o tutela del jurista islámico. Esta doctrina establece que un clérigo con amplio conocimiento religioso debe ejercer la autoridad suprema para garantizar que el Estado se rija por los principios del islam chiita.
Desde 1979, Irán es una República Islámica.
El liderazgo religioso adquirió así un rol institucional permanente, con capacidad de supervisar a los poderes del Estado y de intervenir en la vida política. El régimen se presentó como un modelo alternativo tanto a las monarquías regionales como a los sistemas democráticos occidentales.
Desde entonces, el sistema político iraní se mantuvo con cambios limitados, preservando el predominio clerical como eje central de su organización estatal.
Cómo se estructura el poder en Irán y quién toma las decisiones clave
En la cúspide del sistema político iraní se encuentra el Líder Supremo, actualmente Ali Jamenei, máxima autoridad religiosa y política del país desde 1989. Su figura concentra un poder amplio, ya que tiene control sobre las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria, el Poder Judicial y los principales organismos de seguridad e inteligencia.
El Consejo de Guardianes.
Debajo de esa estructura funciona el gobierno electo. El presidente, hoy Masoud Pezeshkian, elegido por voto popular, encabeza el Poder Ejecutivo y administra el día a día del Estado, pero su margen de acción es limitado. No tiene control directo sobre el aparato militar ni sobre las grandes líneas de la política exterior, áreas que responden al liderazgo religioso.
Un actor clave en este esquema es el Consejo de Guardianes, integrado por 12 clérigos y juristas vinculados al sistema. Este organismo revisa las leyes aprobadas por el Parlamento y decide si son compatibles con la Constitución y la ley islámica. Además, tiene la facultad de habilitar o bloquear candidaturas en los procesos electorales.
La Asamblea de Expertos es el último escalafón de la estructura. Está compuesta por 88 clérigos elegidos por voto popular y tiene la función de designar y supervisar al Líder Supremo.
Irán profundiza su camino hacia el caos interno por las protestas multitudinariasoriginadas en las provincias del oeste y que en pocos días se masificaron en las grandes ciudades, incluyendo a la capital del país, Teherán. Sin posibilidad de disuasión y las represiones sin efecto, el régimen de los Ayatolás ordenó un apagón total de internet y telefonía en todo el país para intentar frenar el crecimiento de las manifestaciones y su viralización en redes sociales.
Las manifestaciones comenzaron a fines de diciembre de 2025, principalmente en Teherán y grandes ciudades, motivadas por el colapso económico, la hiperinflación, la caída de la moneda local y el aumento de precios de alimentos y medicinas.
Aunque en un inicio se centraron en demandas económicas, el malestar se transformó rápidamente en un rechazo ampliado al régimen, con consignas contra el líder supremo ayatolá Alí Jamenei desde sectores de oposición.
Con consignas varias, comenzaron a verse banderas iraníes de la época del último Sha de Irán, Mohammad Reza Pahlaví, depuesto por la Revolución Islámica en 1979. Su hijo, Reza Pahlavíhizo un llamado en redes sociales para continuar con los reclamos en las calles que ya superan la masividad de las protestas de 2009y la presión sobre el régimen teológico más importante de Medio Oriente.
El hijo del último Sha, Reza Pahlavi, aparece como una de las alternativas opositoras ante una hipotética salida del líder supremo Alí Jamenei.
Las movilizaciones generalizadas en más de 27 ciudades dejaron un saldo de al menos 2.000 personas muertas entre manifestantes y fuerzas de seguridad, aunque la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, alertó además que “según algunas estimaciones, más de 6.000 personas podrían haber muerto”. Además, adviriteron sobre miles de arrestos en distintas ciudades como Teherán, Isfahán y Shiraz.
La estrategia de los Ayatolás: apagón de internet y un ofrecimiento de 7 dólares
En el comienzo de las manifestaciones, el régimen había ofrecido 7 dólares mensuales a todos sus ciudadanos como una medida económica frente al aumento de la inflación y el desplome del valor de la moneda nacional, el rial iraní.
Ante la continuidad de las protestas, desde el 8 de enero de 2026, Irán estableció un apagón casi total de internet, con un desplome drástico de la conectividad observado por grupos como NetBlocks y Cloudflare Radar, que reportaron caídas de hasta el 98% en el tráfico de algunas redes.
Sin internet y apagones informativos, Irán se sume en unas protestas con pocos precedentes en la historia reciente y crece la respuesta represiva incluso en Teherán.
La situación afecta tanto redes móviles como parte del acceso fijo, dejando al país digitalmente aislado en momentos críticos de agitación social, en un intento por evitar la coordinación de los manifestantes y limitar la filtración de información a actores extranjeros.
Esta censura alcanzó también a las llamadas telefónicas locales e internacionales, así como la información brindada por medios afines al régimen, que estuvieron actualizando la información de forma intermitente.
Según grupos como el National Council of Resistance of Iran, la desconexión fue deliberadamente diseñada para ocultar la represión violenta y “evitar que se conozcan los crímenes del régimen”.
Estados Unidos, un actor clave en la situación iraní
El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, acusó a los manifestantes de actuar en nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtió que Teherán no tolerará que los ciudadanos actúen como “mercenarios de extranjeros”.
Por su parte, Trump amenazó con una respuesta militar si el gobierno de Irán continuaba con la represión mortal contra sus ciudadanos y señaló que no se reunirá con Reza Pahlavi, ante las especulaciones de un respaldo a la antigua monarquía por parte de la Casa Blanca.
Estados Unidos ve las protestas en Irán como una posibilidad para poner fin al régimen teocrático que ejerce el poder desde 1979.
“Si las fuerzas del régimen iraní empiezan a matar gente, Estados Unidos les dará un duro golpe”, expresó el mandatario estadounidense, en medio de una semana marcada por la captura de Nicolás Maduro y su intervención en Venezuela.
Como castigo adicional, Trump anunció aranceles de 25% a países que hagan negocios con Irán en un intento por disuadir a socios comerciales y profundizar el aislacionismo de Teherán
El factor extranjero, sumado al mayor momento de fragilidad del régimen desde 2009, pone a Teherán en un complejo proceso que podría transformar la concepción del poder de los Ayatolás, así como su proyección en Medio Oriente.
En un contexto de crecientes tensiones sociales, económicas y políticas, la represión a las protestas y el apagón de internet reflejan la grave situación interna de Irán y la posibilidad de que el caos interno se extienda en las próximas semanas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la ampliación de la lista de “Countries Subject to Visa Bonds”, una política que exige a ciudadanos de determinados países “depositar una fianza” para solicitar una visa B1/B2 de turismo o negocios. La medida, impulsadaporDonald Trump, busca disminuir que los visitantes permanezcan más tiempo del permitido, aunque ya generó críticas por su impacto económico en quienes desean viajar al país.
La exigencia de esta fianza, que puede ir desde los 5.000 hasta 15.000 dólares según el caso, no garantiza la aprobación de la visa y solo se reembolsa si la visa es denegada o si el viajero cumple con las condiciones establecidas por la Visa.
Qué países están sujetos a los “bonos Visa” y qué implica
Según el sitio web oficial del Departamento de Estado sobre información de viajes internacionales, la política de “Visa Bonds” aplica a ciudadanos de países identificados por Estados Unidos con altas tasas de permanencia irregular tras el vencimiento de sus visas. En estos casos, el funcionario consular puede exigir el pago de una fianza como condición previa para avanzar con la solicitud de visa de turismo o negocios (B1/B2).
Con la última actualización, la lista pasó de 13 a 38 países, incorporando a más de veinte nuevos Estados a partir del 21 de enero de 2026. La mayoría de las nuevas incorporaciones corresponden a países de África y Asia, aunque también se sumaron naciones del Caribe, Oceanía y América Latina, lo que amplía significativamente el alcance geográfico de la medida.
Los países más afectados por esta medida son africanos y asiáticos.
Entre los países añadidos recientemente se encuentran:
Angola (21 de enero de 2026).
Antigua y Barbuda (21 de enero de 2026).
Argelia (21 de enero de 2026).
Bangladesh (21 de enero de 2026).
Benín (21 de enero de 2026).
Botsuana (1 de enero de 2026).
Burundi (21 de enero de 2026).
Bután (1 de enero de 2026).
Cabo Verde (21 de enero de 2026).
Costa de Marfil (21 de enero de 2026).
Cuba (21 de enero de 2026).
Dominica (21 de enero de 2026).
Fiyi (21 de enero de 2026).
Gabón (21 de enero de 2026).
Gambia (11 de octubre de 2025).
Guinea (1 de enero de 2026).
Guinea Bissau (1 de enero de 2026).
Kirguistán (21 de enero de 2026).
Malawi (20 de agosto de 2025).
Mauritania (23 de octubre de 2025).
Namibia (1 de enero de 2026).
Nepal (21 de enero de 2026).
Nigeria (21 de enero de 2026).
República Centroafricana (1 de enero de 2026).
Santo Tomé y Príncipe (23 de octubre de 2025).
Senegal (21 de enero de 2026).
Tanzania (23 de octubre de 2025).
Tayikistán (21 de enero de 2026).
Togo (21 de enero de 2026).
Tonga (21 de enero de 2026).
Turkmenistán (1 de enero de 2026).
Tuvalu (21 de enero de 2026).
Uganda (21 de enero de 2026).
Vanuatu (21 de enero de 2026).
Venezuela (21 de enero de 2026).
Yibuti (21 de enero de 2026).
Zambia (20 de agosto de 2025).
Zimbabue (21 de enero de 2026).
¿Para qué implementa Estados Unidos este sistema de fianzas?
El objetivo del Departamento de Estado es reducir los casos de overstays, es decir, personas que permanecen en Estados Unidos más allá del período permitido. Para las autoridades, la fianza actúa como un incentivo financiero para garantizar el cumplimiento de las normas migratorias.
El “Visa Bonds” busca disminuir las estadías irregulares al exigir las altas fianzas.
Sin embargo, especialistas en migración advierten que el altísimo costo adicional puede hacer inviable el proceso de solicitud, aun cuando el solicitante cumpla con el resto de los requisitos formales.
Además del pago de la fianza, algunos solicitantes bajo este esquema pueden estar sujetos a restricciones adicionales, como la obligación de ingresar al país por aeropuertos específicos designados por las autoridades migratorias estadounidenses, lo que añade costos logísticos al viaje.
El Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Javier Milei, modificó por decreto de necesidad y urgencia (DNU) la ley de inteligencia, ampliando las facultades de los organismos de seguridad para aprehender personas, intervenir comunicaciones y acceder a datos sin orden judicial previa.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial este 1.º de enero de 2026, altera puntos clave de la vieja normativa de inteligencia para adaptarla a “las nuevas amenazas en materia de seguridad nacional”, según el Gobierno.
Qué cambia el DNU 941/2025 en la ley de inteligencia
La modificación por decreto de necesidad y urgencia (DNU) introduce cambios sustanciales en el régimen de inteligencia interior y exterior, entre los que se destacan:
Ampliación de facultades de aprehensión: permite que organismos de inteligencia puedan intervenir y detener a personas sin intervención judicial directa cuando se argumente “riesgo inminente para la seguridad nacional”.
Acceso a datos y comunicaciones: autoriza la intervención de comunicaciones privadas, incluyendo digitales, sin orden judicial, cuando se justifique bajo parámetros de seguridad emergente.
Cooperación entre fuerzas y organismos: establece mecanismos más amplios de intercambio de información entre agencias de inteligencia, fuerzas federales y organismos de seguridad.
El decreto busca “modernizar” el accionar de los servicios de inteligencia frente a amenazas como terrorismo, ciberdelitos y crimen organizado, pero hay dudas sobre el amplio margen de discrecionalidad para su aplicación.
Los decretos de inteligencia bajo el mandato de Javier Milei
Los decretos de necesidad y urgencia fueron el principal instrumento del gobierno argentino para reformar marcos de inteligencia. En diciembre de 2025, se publicó el Decreto 864/2025 que establece la primera Política de Inteligencia Nacional formal en más de 20 años, con el objetivo de modernizar el sistema, ampliar capacidades en ciberdefensa, proteger recursos estratégicos y reorganizar la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Con los primeros pasos en materia de inteligencia y la falta de debate legislativo, DEF consultó a Edgardo Glavinich, director ejecutivo de la Fundación Sherman Kent, un think tank sobre inteligencia estratégica con sede en Argentina, y secretario nacional del Consejo Argentino para la Seguridad Integral (CAPSI).
Bajo el gobierno de Javier Milei, la SIDE emerge nuevamente con el principal organismo estatal vinculado al área de inteligencia.
Por un lado, el experto señaló la falta de debate legislativo y la ausencia de mayores controles a las labores de inteligencia sobre amenazas emergentes como narcoterrorismo y ciberdelito.
Pero en lo estrictamente ligado al Decreto 941/2025 y sus efectos, Glavinich consideró que el DNU “representa una respuesta, imperfecta, a deficiencias estructurales que han costado vidas argentinas y que han convertido a nuestro sistema de inteligencia en una anomalía disfuncional en el concierto de las democracias occidentales”, recordando los atentados a la Embajada de Israel, a la Asociación Mutual Argentina Israelita (AMIA) y la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Pros y contras de la reformada ley de inteligencia
Respecto a los mecanismos de control, el último decreto de necesidad y urgencia crea la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), sustituyendo a la anterior División de Asuntos Internos. El nuevo organismo tendrá una autoridad designada por el Poder Ejecutivo, lo que constituye un cambio en la supervisión de las tareas de inteligencia, pero no deja de ser un mecanismo interno frente a la necesidad de un órgano de control independiente, sostiene Glavinich.
Para el experto, este problema se amplifica con la falta de un monitoreo civil tras la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y el traslado de sus responsabilidades en materia de defensa a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, manejada por las Fuerzas Armadas.
A su vez, Glavinich señala que el texto del decreto podría haber sido más preciso acerca de las actividades de inteligencia que habilitarían a agentes de la SIDE a realizar arrestos y sostiene que el gobierno nacional debería preparar un protocolo interno para “delimitar estos supuestos”.
Pese a estas críticas, destaca la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que responde a una necesidad documentada en todos los sistemas de inteligencia contemporáneos: la integración efectiva de información dispersa en múltiples agencias y la necesaria centralización de las funciones bajo un mismo organismo rector, la SIDE.
Eduardo Glavinich considera fundamental la diferenciación entre ciberseguridad y ciberinteligencia, una asignada a la seguridad, mientras que la otra está más vinculada a tareas ofensivas como prevención y acción frente amenazas a la integridad nacional.
Además, descarta la preocupación sobre las “nuevas facultades” para la aprehensión de personas. “La facultad de aprehensión en flagrancia no es exclusiva de policías; el Código Procesal Penal de la Nación (artículo 287) faculta a “cualquier persona” a detener a quien sorprenda en flagrante delito. Lo que el DNU hace es clarificar que el personal de inteligencia, en el ejercicio de sus funciones, no está impedido de ejercer esta facultad ciudadana general cuando presencia la comisión de un delito. Esta clarificación no crea un nuevo tipo penal ni modifica penas; regula el ejercicio de una facultad procesal”.
Por otra parte, el director ejecutivo de la Fundación Sherman Kent remarca el acierto de separar ciberseguridad y ciberinteligencia, estableciendo organismos separados así como distintas áreas de trabajo y supervisión, así como el desacierto de la incorporación de la Unidad de Información Financiera (UIF) a la Comunidad de Inteligencia Nacional que “genera tensiones con estándares internacionales”.
Finalmente, considera que el Decreto 941/25 es una reforma imperfecta pero necesaria, que alberga tanto aspectos positivos como negativos, y tendrá como pendiente el debate legislativo y la elaboración de una ley que aborde las necesidades y deficiencias de los servicios de inteligencia de Argentina.
En las últimas semanas, la inteligencia artificialGrok, desarrollada por xAI y utilizada dentro de la red social X, quedó en el centro de una fuerte polémica internacional por su capacidad para generar deepfakes extremadamente realistas, especialmente imágenes sexualizadas creadas sin el consentimiento de las personas involucradas.
El caso reavivó el debate global sobre los límites de la IA generativa y expuso las debilidades regulatorias cuando estas herramientas se lanzan al público sin salvaguardas suficientemente robustas.
El problema surgió cuando usuarios comenzaron a demostrar que Grok podía ser inducido a crear o modificar imágenes para “desnudar” personas, colocarlas en situaciones íntimas falsas o generar representaciones explícitas sin autorización. Estas prácticas, conocidas como deepfakes sexuales, nosolo afectan la privacidad y la dignidad de las víctimas, sino que en algunos casos violan leyes penales, especialmente cuando involucran a menores.
Aunque xAI aseguró que este tipo de contenidos están prohibidos y que se trató de fallas en los filtros del sistema, la facilidad con la que se replicaron estos usos encendió las alarmas.
El problema surgió cuando usuarios comenzaron a demostrar que Grok podía ser inducido a crear o modificar imágenes para “desnudar” personas.
La reacción no tardó en llegar. A nivel social, el impacto fue inmediato: organizaciones de derechos digitales, expertos en ética tecnológica y funcionarios públicos advirtieron que este tipo de herramientas amplifican una forma de violencia digital que afecta de manera desproporcionada a mujeres y adolescentes.
La polémica también golpeó la imagen de Grok, que había sido presentado como un modelo más “libre” y menos restrictivo que otros sistemas de IA, una característica que terminó volviéndose en su contra.
Ante la presión, X decidió limitar el acceso a las funciones de generación y edición de imágenes de Grok, restringiéndolas a usuarios pagos. La empresa argumentó que esto permitiría una mayor trazabilidad y responsabilidad, pero la medida fue ampliamente criticada.
Para muchos reguladores, convertir una función riesgosa en un servicio premium no resuelve el problema de fondo y, por el contrario, puede incentivar un uso aún más problemático.
Las demandas por regulación de la IA
En este contexto, países como el Reino Unido elevaron exigencias claras. Autoridades británicas reclamaron que la plataforma refuerce de inmediato sus sistemas de prevención, señalando que la creación y difusión de imágenes íntimas falsas ya constituye un delito bajo su legislación. También advirtieron que, de no cumplir con las normas de seguridad digital vigentes, la empresa podría enfrentar sanciones severas.
Italia, por su parte, adoptó una postura igualmente firme. Suautoridad de protección de datos alertó que la generación de deepfakes sin consentimiento viola principios básicos de privacidad y protección de datos personales, consagrados tanto en la legislación nacional como en el marco regulatorio europeo.
Ante la presión, X decidió limitar el acceso a las funciones de generación y edición de imágenes de Grok.
El país pidió a la empresa que implemente salvaguardas técnicas mucho más estrictas y abrió la puerta a posibles acciones legales si no se corrigen las fallas detectadas.
El impacto del caso Grok va más allá de una plataforma puntual. El escándalo aceleró discusiones regulatorias en toda Europa y reforzó la idea de que la IA generativa no puede depender solo de la autorregulación.
Para muchos gobiernos, este episodio demuestra que los modelos deben ser diseñados desde el inicio para impedir la creación de contenidos ilegales o abusivos, y no limitarse a reaccionar una vez que el daño ya está hecho.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante” de presos políticos. Aunque no se haya confirmado aún la cantidad exacta de liberados, actualmente son más de 800 las personas que están privadas de su libertad. Dentro de la lista, aparecen dos argentinos: Nahuel Gallo y Germán Giuliani.
Hasta el momento, desde el gobierno venezolano dieron a conocer la liberación de cinco jóvenes españoles. Aún se esperan novedades no solo de quienes serán excarcelados, sino cuántos.
El presidente del parlamento anunció la liberación de un “número importante de personas venezolanas y extranjeras”
Con el objetivo de “consolidar la unión nacional y contribuir a la paz”, el líder de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la puesta en libertad de presos políticos.
En ese sentido, y gracias a diversos testimonios, se dieron a conocer las terribles condiciones que imperan en los centros de reclusión venezolanos. Familiares y exreclusos denuncian que la alimentación es insuficiente, sumado a reportes constantes sobre torturas, tratos crueles y falta de atención médica.
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, anunció la liberación de un gran número de detenidos.
Mientras se anunciaba la medida, el dirigente chavista aclaró que ya iniciaron con las liberaciones.
Nahuel Gallo y Germán Giuliani: los argentinos presos en Venezuela que podrían recuperar la libertad
Nahuel Agustín Gallo es cabo de la Gendarmería Nacional Argentina y fue detenido el 8 de diciembre de 2024, tras cruzar la frontera desde Colombia para visitar a su familia, por lo que hoy cumple más de un año en cautiverio bajo acusaciones supuestamente fabricadas.
En concreto, el gobierno venezolano lo acusó de terrorismo, conspiración y espionaje, señalándolo como un “mercenario” infiltrado para atentar contra funcionarios y rescatar a opositores asilados. Hasta el momento, Gallo continúa recluido en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, totalmente incomunicado y bajo tratos inhumanos.
El gendarme, Nahuel Gallo, se enuentra privado de su libertad desde hace casi dos años. El abogado, Germán Giuliani, fue detenido hace poco menos de un año.
A partir de esta situación, el Gobierno argentino denunció su caso como “desaparición forzada” ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Al conocerse la noticia de la liberación, y con el “corazón en la boca” la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, afirmó que se trata de un “proceso largo” y que Venezuela nunca podrá mejorar su situación si no liberan a todos aquellos encarcelados que están allí injustamente. Esperanzada, nerviosa y un tanto angustiada, cree que en breve podrá recibir a Nahuel nuevamente en Argentina.
Por su parte, Germán Darío Giuliani fue arrestado en abril de 2025 al llegar a Venezuela por motivos profesionales, y enfrenta un panorama similar de desprotección jurídica. Su detención fue confirmada meses después por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, vinculándolo sin pruebas claras a planes desestabilizadores.
El último reporte oficial fue en diciembre de 2025, e indica que Giuliani fue trasladado al Internado Judicial Yare 2, una de las prisiones con mayores denuncias de violencia interna y precariedad sanitaria. Mientras tanto, su familia intensificó la campaña pública para exigir acceso consular, alertando sobre el grave riesgo que corre su integridad física en un entorno donde la desnutrición y las enfermedades infecciosas son constantes.
Desde su lanzamiento en 1990, el Telescopio Espacial Hubble transformó nuestra comprensión del cosmos al observar el universo sin las distorsiones de la atmósfera terrestre. Instrumento emblemático de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), Hubble permitió medir la edad del universo, estudiar la expansión acelerada cósmica, observar galaxias a miles de millones de años luz y analizar fenómenos tan diversos como estrellas recién nacidas o la luz más tenue de supernovas lejanas.
Pero este veterano observatorio espacial volvió a sorprender con un descubrimiento que abre una nueva ventana a la parte más misteriosa del universo: Cloud-9.
Cloud-9 es una estructura cósmica sin estrellas, compuesta principalmente de gas y materia oscura, ubicada a unos 14 millones de años luz cerca de la galaxia espiral Messier 94. Científicos la clasificaron como una nube de hidrógeno neutro limitada por reionización, en inglés Reionization-Limited H I Cloud o RELHIC, un tipo de objeto predicho por teorías cosmológicas, pero jamás observado de forma confirmada hasta ahora.
Lo extraordinario de este hallazgo es que Cloud-9 carece por completo de estrellas. A diferencia de galaxias o cúmulos estelares habituales, donde la luz de millones de estrellas revela su presencia, esta estructura solo ha podido identificarse mediante señales de gas y el efecto gravitatorio de su enorme cantidad de materia oscura.
Cloud-9 es una estructura cósmica sin estrellas, compuesta principalmente de gas y materia oscura.
Esto la convierte en un “fósil cósmico”: un resto primordial del universo temprano que nunca encendió la formación estelar, lo que permite a los científicos estudiar directamente procesos que hasta ahora solo se entendían de manera teórica.
El papel de Hubble fue crucial, pues su sensibilidad y resolución permitieron confirmar que no existen estrellas en Cloud-9. Observaciones previas con radiotelescopios como el FAST de China y arreglos como el VLA habían detectado una nube de gas, pero solo Hubble pudo descartar cualquier fuente luminosa estelar en su interior.
Esto valida predicciones de modelos cosmológicos sobre estructuras dominadas por materia oscura que no evolucionan hasta formar galaxias brillantes.
El investigador argentino detrás del descubrimiento
Más allá del hallazgo mismo, este episodio tiene una fuerte impronta argentina. El astrofísico Alejandro Benítez-Llambay, nacido en Jujuy y formado en la Universidad Nacional de Córdoba, fue uno de los investigadores principales del equipo que lideró el estudio.
Actualmente docente e investigador en la Universidad de Milano-Bicocca (Italia), Benítez-Llambay combina observaciones con simulaciones numéricas para entender cómo la materia oscura moldea el universo, incluso en escalas donde no se forman estrellas.
El impacto de Cloud-9 en la comunidad científica
El descubrimiento de Cloud-9 tiene implicaciones profundas para la astronomía y la física teórica. En primer lugar, ofrece una ventana directa a la materia oscura, un componente que representa más del 85% de la masa del universo, pero que no emite ni absorbe luz, y cuya naturaleza sigue siendo uno de los mayores enigmas científicos. Observar una estructura dominada por esta materia invisible permite probar modelos cosmológicos con un nivel de detalle sin precedentes.
El astrofísico Alejandro Benítez-Llambay, nacido en Jujuy y formado en la Universidad Nacional de Córdoba, fue uno de los investigadores principales del equipo que lideró el estudio.
Además, Cloud-9 desafía la visión tradicional de cómo se forman las galaxias. Su existencia sugiere que existen bloques cósmicos que quedaron truncos antes de producir estrellas, proporcionando evidencia tangible de procesos que ocurrieron en la historia temprana del universo.
Esto no solo estimula nuevas teorías y simulaciones, sino que también abre las puertas para que futuros telescopios, como el James Webb y otros observatorios de próxima generación, exploren objetos similares.
Finalmente, el hallazgo contribuye a romper barreras entre la ciencia y la sociedad. Las imágenes y explicaciones de Hubble acercaron el universo al público durante más de tres décadas, y descubrimientos como Cloud-9 inspiran a nuevas generaciones de científicos y entusiastas a mirar el cielo con asombro y curiosidad.
El gobierno de Cuba lanzó ejercicios militares en respuesta a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con intervenir si se intensificaba la represión de manifestantes en Irán o en La Habana.
Las autoridades cubanas aseguraron que las prácticas son preventivas y forman parte de su estrategia para proteger la soberanía y la seguridad nacional, pero pone en alerta a la región ante posibles agresiones externas.
Cuba se moviliza ante las amenazas de Estados Unidos
Tras la operación militar estadounidense que condujo a la captura de Nicolás Maduro y a su enjuiciamiento en Nueva York, la atención de Washington se posó sobre Cuba, el aliado más importante de Caracas en la región, y el nexo latinoamericano con países como Rusia y China.
Las maniobras incluyeron ejercicios de defensa territorial, despliegue de fuerzas armadas y simulacros de respuesta rápida, organizados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
El régimen de La Habana realizó maniobras militares defensiva en medio de tensiones con Estados Unidos y la crisis interna.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias aseguró que los ejercicios buscan disuadir cualquier intento de acción hostil por parte de Estados Unidos y fortalecer la preparación militar interna. La escalada retórica entre Washington y La Habana eleva aún más las tensiones en un contexto de polarización geopolítica en América Latina.
Según fuentes del gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel, estas prácticas estaban contempladas en un calendario anual de entrenamiento, pero fueron aceleradas y reforzadas tras las declaraciones diplomáticas recientes de Estados Unidos, que amenazó con una intervención en el caso de represión letal contra manifestantes.
Las Fuerzas Armadas de Cuba, ¿son una amenaza regional?
En contexto de suma tensión, el régimen cubano se apoya en sus Fuerzas Armadas para demostrar fortaleza y ejercer su retórica frente a Estados Unidos. Sin embargo, los recientes ejercicios dejan entrever un creciente deterioro producto de la crisis económica y el aislacionismo.
Dentro de su enfoque defensivo, con una población estimada en alrededor de 10 millones de habitantes, La Habana cuenta con alrededor de 50.000 efectivos en servicio activo, incluyendo Ejército, Fuerza Aérea y Marina, y 39.000 reservistas vinculados a fuerzas paramilitares o milicias.
Las Fuerzas Armadas de Cuba cuentan con aproximadamente 50.000 efectivos, un número menor en comapración a Venezuela que sufrió una operación militar a comienzos de enero.
Se estima que Cuba dispone de alrededor de 300 tanques principales de combate, como los modelos soviéticos como T-55 y T-62, aunque la disponibilidad operativa real es baja por falta de repuestos y mantenimiento.
En el campo aéreo, según reportes de Military Power Rankings cuenta con aeronaves de combate MiG-21 y ejemplares más modernos como los MiG-29, pero con baja disponibilidad operativa, ya que sufren del deterioro producto del paso de los años al igual que los helicópteros Mi-24/Mi-17 utilizados para transporte y ataque.
Gran parte del equipamiento cubano provine de las relaciones con la Unión Soviética que, sumado a escaso mantenimiento, estaría en desventaja con las últimas tecnologías estadounidenses.
Por otro lado, su fuerza naval se encuentra orientada a la defensa litoral y está compuesta por corbetas y embarcaciones ligeras para el patrullaje. Las Fuerzas Armadas cubanas enfrentan décadas de falta de mantenimiento y un abandono de los principales equipamientos y armamentos obtenidos durante las relaciones con la Unión Soviética.
El panorama operativo le impide a Cuba ejercer su soberanía, especialmente frente a una potencia militar como Estados Unidos, que bajo la presidencia de Donald Trump demostró la capacidad para intervenir en Venezuela para remover a Nicolás Maduro del poder o para impedir el avance del programa nuclear de Irán.
En este contexto, sumado a la crisis que atraviesa el país, La Habana se enfrenta a un complejo panorama con pérdida de aliados, aislacionismo y las amenazas de Washington que relegan las recientes maniobras militares cubanas a una demostración de cierta estabilidad puertas adentro.
Frente al Río de la Plata y a poca distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Vicente López, la Armada Argentina cuenta con un polo educativo que va más allá de su. moderna infraestructura: es un espacio donde conviven la tradición naval, lainvestigación y la formación universitaria de una Fuerza (y un país) que proyecta su futuro en clave marítima. En ese lugar funciona la Facultad de la Armada (FADARA), una institución estratégica para la formación de profesionales vinculados a la defensa y al mar.
A una década de su consolidación dentro de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), la FADARA tiene carreras de grado, posgrado, extensión e investigación, destinadas tanto a civiles como a militares. El eje es claro: preparar profesionales para un escenario marcado por los desafíos tecnológicos, estratégicos y marítimos del siglo XXI.
En diálogo con DEF, el capitán de navío (retirado) Gonzalo Hernán Prieto, decano de la Facultad de la Armada, repasó el camino recorrido, la oferta académica vigente y los desafíos que se proyectan hacia el futuro.
“De la Facultad dependen, en total, seis unidades académicas”, cuenta a DEF el capitán de navío (retirado) Gonzalo Hernán Prieto (Foto: Fernando Calzada)
Un dato: el polo educativo de la Armada constituye la sede de la Facultad, del emblemático Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” y de la Dirección General de Educación de la Armada. Sobre este último organismo, cabe destacar que el Director es, a su vez, Vicerrector de la UNDEF – Área Armada: es decir, en su figura se articula el funcionamiento de la FADARA.
¿Qué opciones ofrece la institución y cuáles son las salidas laborales que tienen?
DEF en la Facultad de la Armada
La Facultad de la Armada funciona desde hace diez años bajo la órbita de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Pero, a su vez, mantiene un vínculo estrecho con la Dirección General de Educación de la Armada, organismo que conoce, de primera mano, las necesidades educativas de la Fuerza.
En Vicente López, frente al Río de la Plata, el moderno Polo educativo. dela Armada Argentina (Foto: Fernando Calzada)
Cabe aclarar que, en materia de excelencia educativa, la Armada tiene una tradición centenaria. Con el tiempo, la evolución dio lugar a un sistema educativo mucho más complejo y de mayor alcance.
Una facultad con opciones de grado, posgrado, extensión e investigación
“De la Facultad dependen, en total, seis unidades académicas”, explica Prieto, quien también señala que actualmente se está trabajando en la expansión de la oferta académica, proceso busca dar respuesta a las necesidades de los egresados de la Armada, brindándoles las herramientas y los conocimientos necesarios para desempeñarse en un contexto profesional atravesado por los constantes avances tecnológicos.
“Nosotros valoramos mucho el aporte y el amor por la profesión de los docentes. Además, si hay algo que sí o sí hay en la Armada es el trabajo en equipo, básicamente por la naturaleza misma de las tareas que llevamos adelante. Por eso, y con el apoyo de la UNDEF, llevamos adelante mecanismos de extensión e investigación”, comenta.
“Si hay algo que sí o sí hay en la Armada es el trabajo en equipo, básicamente por la naturaleza misma de las tareas que llevamos adelante”, dice Prieto (Foto: Fernando Calzada).
Escuela Naval Militar, una alternativa académica y profesional
De acuerdo con el decano, en la Escuela Naval Militar, una de las seis unidades académicas de la FADARA, se forman ciudadanos que buscan transformarse en oficiales de la Armada Argentina.
“Los capacitamos para que puedan desempeñar su trabajo con solvencia, con una base sólida de valores éticos y las habilidades que demanda el liderazgo en el ámbito naval. Además de convertirse en oficiales de la Armada (comenzando con el grado militar de guardiamarinas), ellos egresan con un título universitario”, explica sobre el instituto ubicado a poca distancia de la ciudad de La Plata.
Quienes quieren sumarse a la Armada como oficiales pueden optar por tres orientaciones: Comando Naval, Infantería de Martina e Intendencia (Foto: Fernando Calzada)
Un detalle: desde 2026, la carrera tiene una duración de cuatro años. Al ingresar, los cadetes optan por una de tres orientaciones: cuerpo Comando Naval, Infantería de Marina o Intendencia (enfocada en el área económico-administrativa). La orientación elegida determina también el título universitario: los de Comando Naval e Infantería de Marina obtienen la licenciatura en Recursos Navales para la Defensa, mientras que los de Intendencia egresan como licenciados en Administración Naval. Esta formación culmina con una instancia decisiva: el viaje anual de instrucción de la fragata ARA “Libertad”, oportunidad en la que los guardiamarinas realizan prácticas profesionales en un entorno operativo real, consolidan lo aprendido y completan el ciclo con experiencia naval.
“El objetivo principal está relacionado con la necesidad de la Defensa de poder formar oficiales de excelencia para el instrumento militar. En este caso, el naval”, dice Prieto, no sin antes agregar que allí también ingresan quienes desean formar parte del cuerpo profesional. Es decir, ciudadanos que ya vienen del ámbito civil con un título universitario y desean ser parte de la Fuerza.
La importancia de la Escuela de Oficiales de la Armada
El decano de la FADARA también explica que en Puerto Belgrano funciona la Escuela de Oficiales de la Armada (ESOA), destinada a la especialización y actualización permanente del personal (a medida que avanzan en la carrera).
En síntesis, la misión del instituto es formar oficiales para la conducción, la administración y el empleo de sistemas navales con un enfoque en competencias, liderazgo y valores y orientado a los roles operativos y de mando, al aporte a la defensa nacional, y a la protección de los intereses marítimos. En esta Escuela hay distintos posgrados: la especialización en Planeamiento y Acción Naval Integrada, Sistemas Eléctricos Navales, Sistemas Mecánicos Navales y Finanzas y Abastecimientos Navales.
La Facultad acompaña la carrera del personal con distintas opciones académicas, muchas de ellas abiertas al público (Foto: Fernando Calzada)
También se destaca por el desarrollo de actividades de investigación y extensión, en áreas científicas y tecnológicas, orientadas a su aplicación operativa en la Armada
Oferta de grado y posgrado, para civiles y militares, en la Escuela de Guerra Naval
En Palermo, dentro del Centro Educativo de las Fuerzas Armadas, la Fuerza cuenta con la Escuela de Guerra Naval, lugar en el que se forman los futuros comandantes y se dictan posgrados para civiles y militares, principalmente vinculados a los intereses marítimos.
“En esa etapa se eleva la profesionalización: la formación se centra en la toma de decisiones en contextos de incertidumbre”, explica el decano, quien también señala que -para el militar- el egreso como Oficial de Estado Mayor es clave para desempeñar funciones de conducción y liderazgo.
En el presente, el instituto ofrece una especialización en Gestión de Intereses Marítimos y Fluviales, a distancia y abierta al público civil y militar. “Lo que aprendemos lo compartimos con la sociedad: es esencial contar con herramientas para interpretar procesos geopolíticos, tomar decisiones e investigar. Comprender el valor estratégico de los espacios marítimos es central. Por eso, en esta Escuela de Guerra también participan civiles —por ejemplo, licenciados en Relaciones Internacionales— aportando a la conciencia marítima del país”, destaca.
Las carreras de la Facultad abordan, en distintos niveles, la importancia estratégica del ámbito naval para el país (Foto: Fernando Calzada)
En la misma sede se dicta la maestría en Estudios Estratégicos, abierta a civiles y militares, de un año de duración. “Es un ámbito de reflexión interdisciplinaria sobre teoría y práctica de la estrategia, orientado a comprender y evaluar ambientes complejos, formar magísteres para la alta dirección e impulsar investigación aplicada al pensamiento estratégico nacional”, detallan desde la Fuerza.
Por último, el decano menciona el curso de Historia Naval y Marítima Argentina, un espacio abierto para profundizar -críticamente- este del país y su impacto en el pensamiento estratégico.
Una licenciatura en Cartografía en la Escuela de Ciencias del Mar
En la Escuela de Ciencias del Mar, la Armada ofrece opciones de capacitación para el personal militar vinculadas con aspectos científicos y técnicos y orientados a la cartografía, la oceanografía, la hidrografía, la meteorología y la navegación antártica, entre otras áreas.
Dentro de este instituto, la Armada también ofrece opciones para civiles y militares. Entre las más relevantes se encuentra la licenciatura en Cartografía, una carrera de cuatro años que, además, contempla un título intermedio e integra saberes geográficos, geodésicos y tecnológicos para la representación y el análisis del espacio marítimo y terrestre.
La licenciatura en Cartografía es una de las opciones más relevantes que ofrece la Armada (Foto: Fernando Calzada)
La Escuela de Suboficiales de la Armada, una opción para ingresar a la Fuerza
Prieto destaca a la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA), con asiento en Puerto Belgrano, como el principal centro de formación del personal de suboficiales de la Fuerza. Allí se forman integralmente a los futuros suboficiales -en lo ético, militar, académico y psicofísico- para desempeñarse como marinos, técnicos y combatientes, con aptitudes acordes a los perfiles que demanda la Armada.
En esa línea, la ESSA busca consolidarse como referente nacional por su calidad y excelencia, ya que integra educación formal con experiencia práctica, a través de embarcos, campañas y actividades en unidades navales orientadas a la defensa de los intereses marítimos.
“Estamos en proceso de incrementar una oferta orientada a las tecnicaturas universitarias”, adelanta el capitán de navío. En ese sentido, adelanta que ya se avanzó en cuatro y cinco se encuentran en desarrollo. No solo eso, este proceso se acompaña con el fortalecimiento de las funciones sustantivas propias de la formación universitaria.
Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano”: ¿qué hay que estudiar para ser marino mercante?
“En la Escuela Nacional de Náutica se forman los oficiales de la Marina Mercante Argentina en las especialidades que requiere el servicio en buques de ultramar”, explica el capitán de navío Prieto sobre la institución -otra de las seis unidades académicas de la FADARA- que tiene asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Fuerza trabaja para incorporar nuevas tecnicaturas para la Escuela de Suboficiales de la Armada (Foto: Fernando Calzada)
En esa línea, cuenta que la escuela combina formación técnica y universitaria orientada a la seguridad y eficiencia de la navegación y que, además, incorpora competencias profesionales y valores de responsabilidad, liderazgo y trabajo en equipo.
Quienes finalizan la carrera en la Escuela Nacional Náutica lo hacen como Pilotos de Ultramar, Maquinistas Navales, y Comisarios Navales. Además, obtiene las licenciaturas en Transporte Marítimo y en Plantas Propulsoras Marinas (para los pilotos y maquinistas, respectivamente).
Para finalizar, Prieto agrega que la oferta educativa de la Armada -insiste, conducida por la Dirección General de Educación y articulada con la UNDEF a través de la Facultad de la Armada y sus unidades académicas- sostiene la política educativa de la Fuerza con un propósito central: formar y capacitar a su personal y, en paralelo, generar conocimiento sobre los desafíos vinculados a los intereses marítimos de la Argentina: “Nuestra tarea es preparar profesionales con valores, competencias y visión estratégica, capaces de responder a un entorno tecnológico y operativo en permanente evolución, y de aportar, desde la educación y la investigación, a la defensa y al desarrollo del país”.
El último tratado de armas nucleares, vigente entre Estados Unidos y Rusia, está a punto de expirar el próximo 5 de febrero sin un sucesor claro, lo que genera incertidumbre global sobre una posible nueva carrera armamentista nuclear y pone en riesgo más de medio siglo de acuerdos bilaterales.
Estados Unidos y Rusia, ¿sin acuerdo nuclear en febrero?
Firmado en 2010 y extendido por última vez en 2021, el Nuevo START es el pilar moderno de la estabilidad nuclear entre Washington y Moscú, estableciendo límites en cabezas nucleares y vehículos de lanzamiento.
Su objetivo fue limitar los arsenales nucleares estratégicos de Estados Unidos y Rusia, poniendo topes a 1.550 cabezas nucleares desplegadas y a 700 sistemas de lanzamiento como misiles balísticos intercontinentales, bombarderos y submarinos nucleares.
Desde 1963, Estados Unidos y la Unión Soviética, sucedida por Rusia, firmaron más de 10 acuerdos para establecer marcos de desarrollo y proliferación del armamento nuclear.
Durante más de una década, este tratado ofreció un marco de previsibilidad y transparencia, con inspecciones y notificaciones mutuas que contribuyeron a reducir las tensiones post-Guerra Fría.
En septiembre de 2025, el presidente ruso Vladímir Putin propuso extender voluntariamente por un año los límites del Nuevo START, siempre que Estados Unidos hiciera lo mismo, lo que habría mantenido los límites actuales mientras se negociaba un nuevo acuerdo.
Sin embargo, a pesar de que Donald Trump calificó la idea de una extensión como “buena”, no existen conversaciones formales ni negociaciones estructuradas entre ambos gobiernos.
Los tratados nucleares, una garantía de seguridad en medio de tensiones
Los distintos acuerdos firmados desde la introducción de las armas nucleares en la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos y el uso de la tecnología dentro de la Unión Soviética establecieron una serie de normas y límites al armamento no convencional.
El primer tratado firmado por Washington y Moscú fue en 1963, el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares (PTBT), que establecía la prohibición para realizar ensayos nucleares en la atmósfera, el espacio y bajo el agua en plena Guerra Fría.
Cinco años más tarde, las dos potencias mundiales rubricaron la firma para el Tratado de No Proliferación Nuclear, el primero de su clase que buscó limitar los arsenales nucleares y promover el desarme.
Sin un tratado vigente, Estados Unidos y Rusia podrían dar rienda suelta a sus ambiciones nucleares y tensar aún más las relaciones bilaterales, así como con el resto de la comunidad global.
A partir de la década del 70, Estados Unidos y la Unión Soviética, luego Rusia, establecieron un marco más concreto gracias a los acuerdos SALT I, ABM, SALT II, INF, START I y START II, que reguló los misiles con múltiples ojivas, sistemas antimisiles, así como la eliminación de misiles nucleares y convencionales de alcance medio (500–5.500 kilómetros).
Con la llegada de Vladímir Putin al poder, se firmó el Tratado SORT en 2002, que fue finalmente reemplazado por el Nuevo START en 2010. De todos los acuerdos firmados, solo se encuentran en vigencia el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Nuevo START, con el peligro de que este último expire el 5 de febrero de 2026.
Al respecto, la falta de un acuerdo de reemplazo o extensión formal del Nuevo START deja un panorama de incertidumbre geopolítica en materia nuclear. Sin un tratado que los limite, Estados Unidos y Rusia podrían dar rienda suelta al despliegue de ojivas y a una carrera armamentista que incremente las tensiones, ya en un punto límite bajo el escenario de la guerra en Ucrania y la expansión de la OTAN en Europa del Este.
