El gobierno de Javier Milei aprobó el Decreto 864/2025 que establece la primera Política de Inteligencia Nacional formal en más de 20 años, con el objetivo de modernizar el sistema, ampliar capacidades en ciberdefensa, proteger recursos estratégicos y reorganizar la estructura operativa de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
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SIDE: qué establece la nueva Política de Inteligencia
El decreto de 34 páginas presentado por el Gobierno trae novedades en la estrategia de inteligencia y defensa nacional, posicionando a la SIDE como conductor del Sistema de Inteligencia Nacional y asignando nuevas herramientas y roles.
En materia de ciberseguridad, la agencia deberá garantizar la protección frente a amenazas en el ciberespacio, desinformación y ataques externos. También tendrá a su cargo los recursos estratégicos y de soberanía nacional como recursos naturales, infraestructura crítica, áreas de frontera, zonas marítimas y de proyección antártica.
A su vez, actuará contra el terrorismo y crimen organizado, asumiendo el rol de preventor de redes criminales, en especial con estructuras enfocadas al narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y amenazas terroristas con alcance global o regional.
En cuanto al accionar respecto al Estado argentino, la SIDE permanecerá como la responsable de la contrainteligencia y la seguridad institucional, asumiendo la detección de operaciones de inteligencia extranjeras, espionaje, injerencias, amenazas a la estabilidad institucional y a la soberanía.
Otro de los puntos importantes del Decreto 864/2025 es la cooperación internacional, para la cual se fomentará la colaboración con otros países, intercambio de información, control de influencias externas y redefinición del posicionamiento argentino en la geopolítica global.
Finalmente, el gobierno de Javier Milei impulsará la modernización del sistema de inteligencia en varios ejes claves: profesionalización, tecnificación, redefinición orgánica de los organismos, y actualización normativa tras décadas de atraso.
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El camino de Argentina hacia una SIDE funcional
Para realizar un análisis integral de la Política de Inteligencia Nacional, DEF accedió a la opinión de Edgardo Glavinich, director ejecutivo de la Fundación Sherman Kent, un think tank sobre inteligencia estratégica con sede en Argentina, y Secretario Nacional del Consejo Argentino para la Seguridad Integral (CAPSI).
El consultor especializado en inteligencia estratégica define el Decreto 864/2025 como el esfuerzo más ambicioso y técnicamente sofisticado de la historia democrática de Argentina, y considera que se trata de “un documento estratégico y técnicamente superior a la mayoría de los publicados a nivel regional”. Además, considera que la especificidad del documento logra conectar inteligencia estratégica con reivindicaciones soberanas históricas como Malvinas y los espacios marítimos disputados de manera que pocos documentos latinoamericanos logran.
Sin embargo, para hacer realidad la nueva Política de Inteligencia Nacional, indicó tres reformas necesarias. La primera es la creación de una Dirección de Inteligencia Económica y Competitiva para proteger las capacidades económicas y productivas del país. En segundo lugar, considera fundamental el establecimiento de una Dirección de Análisis de Amenazas Futuras y Anomalías, con foco en amenazas físicas (pandemia, climatología), digitales (como la inteligencia artificial y la computación cuántica) y biológicas, esta última relacionada con el bioterrorismo.
La tercera y última reforma se enfoca en el control con la institucionalización del Inspector General de Inteligencia independiente, un cargo de funcionario implementado en Australia y designado con mandato de siete años no renovable, staff de profesionales, presupuesto independiente controlado por el Parlamento, y autoridad legal para acceder a toda información clasificada sin excepciones.
A su vez, Glavinich evidenció las consecuencias de la falta de control sobre los servicios de inteligencia con casos como el software Pegasus en México, la “ABIN paralela” en Brasil y el escándalo de las “chuzadas” en Colombia.
Por último, el especialista concluyó que “Argentina tiene la oportunidad histórica de liderar la transformación regional hacia un modelo de inteligencia estratégica que combine sofisticación técnica con accountability democrático efectivo”, aunque depende de su capacidad para “construir una arquitectura institucional que permita ejecutar esta visión de manera profesional, legal y democráticamente legítima de forma sostenida”.
