Por Roberto García Moritan

El acuerdo nuclear firmado en 2015, tendiente a limitar la capacidad tecnológica de Irán de obtener un arma nuclear y resolver una de las crisis de proliferación horizontal más complejas en Medio Oriente, languidece y corre el riesgo de quedar vaciado de contenido.

La escalada de tensión en la zona ha generado tal grado de inestabilidad y desconfianza, que podría conducir a que el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por su sigla en inglés) quede sin efecto. Sería un acontecimiento lamentable, ya que más allá de argumentos sobre ciertas falencias técnicas del instrumento, como el hecho de no cubrir la problemática misilística, se tratara de un compromiso multilateral que reduce riesgos de proliferación inminentes y limita la militarización y vectorización de un artefacto nuclear por parte de Irán. Prevé, asimismo, restricciones específicas de diferente duración y un mecanismo razonable de verificación internacional, además de otorgar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas plena competencia durante los términos de vigencia del acuerdo.

Aunque Teherán no se ha desvinculado aún del instrumento, ha dejado de cumplir con una serie de compromisos fundamentales e incluso ha adoptado medidas contrarias a la letra del acuerdo, como es el caso del aumento del grado de enriquecimiento de uranio más allá del límite autorizado, la superación del límite de almacenamiento de esa producción y la multiplicación del número de centrífugas –30 nuevas centrífugas IR6–, lo que acelera más de un 50% la capacidad de generar una calidad de uranio enriquecido con potencial peligro proliferante.

Todas estas acciones, que pueden ser desviadas para la fabricación de armas nucleares, fueron anunciadas por el gobierno iraní. Las más significativas tuvieron lugar a partir de julio de 2019; y la última, en enero de 2020, cuando Irán se declaró liberada de las restricciones previstas para el programa de enriquecimiento de uranio.

Es urgente que Teherán vuelva al pleno respeto de las obligaciones contraídas. A pesar de no haber sido ratificado por las partes, el JCPOA es un acuerdo político que está avalado por la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, por lo tanto, es jurídicamente vinculante y de cumplimiento obligatorio para los firmantes. El punto 26 del acuerdo no permite a Irán dejar de respetar los compromisos si no ha hecho una denuncia formal de ese instrumento. Hasta tanto eso ocurra, no es justificación suficiente la argumentación iraní de que la reprochable retirada de Estados Unidos del acuerdo en 2018 y la reinstalación de sanciones habrían modificado el alcance y las circunstancias políticas del instrumento.

Es urgente que Teherán vuelva al pleno respeto de sus obligaciones. A pesar de no haber sido ratificado por las partes, el Plan de Acción Integral Conjunto es un acuerdo político avalado por Naciones Unidas y es de cumplimiento obligatorio para los firmantes.

En este contexto, es también importante que Irán siga aceptando los estándares independientes de verificación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El acuerdo prevé la implementación de un régimen de transparencia reforzado y un protocolo adicional, que permite al OIEA acceso a instalaciones que estén fuera de las actividades nucleares declaradas cuando se sospecha que se están adoptando medidas ligadas al ciclo de combustible nuclear (uranio enriquecido y plutonio). El OIEA puede, en ese marco, incluso pedir acceso a instalaciones militares.

Los compromisos asumidos por Irán en el acuerdo nuclear son obligatorios y no pueden ser reducidos unilateralmente sin una explicación verosímil. La activación del mecanismo de solución de controversias por parte de Alemania, Francia y el Reino Unido pretende preservar el acuerdo y forzar a Teherán a reconsiderar las acciones ilegitimas emprendidas, ante el riesgo de que se reinstalen las sanciones anteriores al 2015. Rusia y China no se han manifestado al respecto, aunque es de imaginar que ambas potencias buscarán salvaguardar el pacto conforme a sus propósitos originales.

Una violación a las cláusulas del instrumento supondría la vuelta a las sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Es de esperar que la escalada de confrontación entre EE. UU. e Irán no sea la gota que ponga fin a un acuerdo que, hasta el momento, ha servido para limitar un programa nuclear que, por su alcance, tiene el claro potencial de superar propósitos pacíficos.

Las implicancias de ese proceder afectarían la seguridad de todo el planeta y vulnerarían gravemente el régimen vigente desde la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).