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Por Patricia Fernández Mainardi
Estados Unidos: una respuesta a las amenazas en el ciberespacio
Escriben Mariano Bartolomé y Alexander Ferreira
La administración Biden lanzó recientemente la Estrategia de Ciberseguridad Nacional de EE. UU., un instrumento que se vuelve cada vez más imprescindible para la gestión eficiente de las cuestiones cibernéticas, en tiempos en que esta tecnología alcanza cada aspecto de la actividad humana. Esta situación se acentúa día a día en todos los rincones del planeta, de la mano de un conjunto de avances tecnológicos que constituyen el núcleo de la llamada “Cuarta Revolución Industrial”, concepto acuñado por el líder del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Se destacan, en este campo, el Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y la tecnología 5G, entre otros adelantos.
Día a día, aumenta la importancia del ciberespacio en todos los planos de la interacción social, desde el interpersonal hasta el de las relaciones internacionales. Y, de la misma manera, se potencian los riesgos y amenazas que surgen y se despliegan desde ese entorno virtual. Los Estados más avanzados, dotados de cierta capacidad prospectiva, no permanecen ajenos a este formidable desafío. Por eso, sus gobiernos diseñan e implementan complejos paquetes de medidas orientadas a lograr un ambiente seguro en el cual sus ciudadanos estén protegidos de diversos ataques cibernéticos, sean estos locales o exógenos.
Empleando sin mucho rigor semántico un conocido concepto de la estrategia, este “estado final deseado” de protección es hoy denominado “ciberseguridad nacional”. De acuerdo con expertos del Centro de Excelencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la ciberseguridad nacional implica la aplicación de medidas gubernamentales específicas destinadas a la protección de los sistemas de tecnología de la información y de las comunicaciones públicas, privadas e internacionales relevantes, así como a su contenido asociado.
Tales medidas de gobierno configuran el núcleo de una estrategia de ciberseguridad nacional. Sin embargo, su alcance va mucho más allá. Según una agencia especializada de las Naciones Unidas, una estrategia de este tipo expresa la visión, los objetivos de alto nivel, los principios y las prioridades que orientan a un país a la hora de abordar la ciberseguridad. Además, refleja la concepción general que tienen los agentes encargados de mejorar la ciberseguridad del país y de sus respectivas funciones y responsabilidades. La estrategia de ciberseguridad nacional define normas y marcos jurídicos, a la vez que establece parámetros de cooperación público-privada.
UNA ESTRATEGIA AMBICIOSA
Todas estas condiciones se verifican en la estrategia aprobada hace poco tiempo en EE.UU., que en realidad constituye una actualización de la edición inicial emitida en 2018. Este documento fue concebido para asegurar a sus ciudadanos los beneficios de un ecosistema digital que sea defendible –de una manera simple y efectiva–, resiliente y, a la vez, congruente con un conjunto de valores centrales. Estos últimos incluyen la prosperidad económica, el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales, la vigencia de las instituciones democráticas, la diversidad y equidad sociales. Desde la administración demócrata en EE.UU., entienden que estos valores se encuentran amenazados en el ciberespacio por políticas autoritarias, que incluyen el robo de información y propiedad intelectual, la desinformación, los ataques a la infraestructura crítica, la difusión de discursos de odio y extremistas, y la actividad criminal.
La estrategia es relativamente breve, aunque mucho más ambiciosa que sus textos precedentes en algunos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con lo que Chris Inglis, el más importante funcionario de la Casa Blanca para estas cuestiones, oportunamente denominó “un nuevo Contrato Social Cibernético”; es decir, una novedosa distribución de responsabilidades en la prevención y mitigación de ataques generados en ese entorno. En esta línea, se contemplan regulaciones obligatorias a empresas privadas de un amplio espectro de actividades, frente a amenazas cibernéticas de distinto tipo. El motivo de este avance es claro: la política gubernamental seguida hasta ahora, de invitar a las compañías privadas a adherir voluntariamente a sus lineamientos de ciberseguridad, no siempre fue respondida en forma positiva por la contraparte. Es que la adopción de normas y estándares de ciberseguridad puede afectar en forma negativa la innovación y rentabilidad del sector privado.
Cabe destacar que esta necesidad de imponer regulaciones efectivas se sustenta en ataques perpetrados a empresas de ese país, que generaron un enorme daño, tanto económico como en términos de reputación. Basta con recordar el caso de la tecnológica Solar Winds, proveedora de programas informáticos a numerosas agencias de gobierno, cuyo software Orion fue corrompido con un código malicioso –luego fue denominado “Sanburst”– que facilitaba la exfiltración de datos. El ataque fue atribuido a un grupo de ciberespionaje denominado Fancy Bear, presuntamente vinculado al Kremlin. El caso Solar Winds mereció una atención tal que llevó al gobierno estadounidense a constituir un grupo integrado por el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA) y la Dirección Nacional de Inteligencia (ODNI).
Otro episodio de enorme trascendencia tuvo como blanco a Colonial Pipeline, administradora de una red de oleoductos que abastecía toda la costa oriental estadounidense, desde Texas a New Jersey, que cayó bajo el control de un grupo criminal llamado “Darkside”, que solicitó una millonaria recompensa para deponer su actitud. Este último acontecimiento confirmó la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas estadounidenses, esenciales para el normal funcionamiento de la sociedad moderna.
UNA POSTURA PROACTIVA
Un segundo aspecto para destacar de la estrategia, es que abandona definitivamente una postura defensiva. Así, se autoriza a organismos de las áreas de Defensa, inteligencia e imposición de la ley a diseñar y ejecutar operaciones ofensivas en el ciberespacio contra actores tanto estatales como no estatales, siempre que la conducta de estos atente contra los intereses nacionales. Como dato relevante, esos ciberataques no deben ser necesariamente una “retaliación” frente a agresiones sufridas, sino que también pueden adquirir un carácter preemptivo. Sobre esta última cuestión, la estrategia dedica un pasaje a la disrupción o desmantelamiento de acciones hostiles, en el que indica textualmente que el objetivo consiste en “hacer que actores maliciosos sean incapaces de montar campañas cibernéticas que puedan amenazar la seguridad nacional o seguridad pública de EE.UU.”.
En este punto, se observa un claro alineamiento con el planteo de “defensa adelantada e involucramiento persistente”, sostenido en materia cibernética por el Departamento de Defensa durante el último lustro. De este modo, se da a la estrategia un sesgo proactivo antes que reactivo al promover la búsqueda de un constante contacto con los adversarios dentro de sus propios espacios cibernéticos como mejor vía para defender los intereses nacionales propios y de los aliados. Esta postura es la que hoy adopta de cara al conflicto de Ucrania el titular del Comando Cibernético de las FF.AA. de EE. UU., Paul Nakasone, quien admitió ante el Capitolio haber ejecutado operaciones cibernéticas ofensivas para apoyar a esa nación europea en su respuesta a la invasión.
A la hora de hablar de actores maliciosos, la estrategia no titubea en calificar a China como “la más grande, activa y persistente amenaza a las redes del gobierno y el sector privado” de EE. UU., y destaca dos aspectos en particular del gigante asiático: por un lado, su constante robo de propiedad intelectual a través de actividades de ciberespionaje; y, por otra parte, el empleo de Internet y las redes sociales como mecanismo de control de su población, que afecta en forma autoritaria sus derechos y garantías.
Esa política de control es ampliamente conocida y se plasma en el proyecto “Escudo Dorado”, dirigido por el Ministerio de Seguridad Pública de China y endurecido con el gobierno de Xi Jinping. Por otro lado, vale la pena tener presente la preocupación existente en EE. UU. respecto al robo de la propiedad intelectual. Un informe parlamentario calculó las dimensiones de ese daño en casi 200.000 millones de dólares anuales. Y no solo involucra conocimientos civiles, sino también militares. De hecho, de acuerdo con algunas fuentes, el avión de combate chino J-31 se basa en su par estadounidense F-35.
OTRAS AMENAZAS AL ACECHO
La Federación Rusa también es objeto de una consideración especial en la estrategia de ciberseguridad estadounidense, donde se subraya que el régimen de Putin emplea herramientas cibernéticas para desestabilizar gobiernos e interferir en sus asuntos domésticos. Tampoco pasa desapercibida la ejecución de ciberataques rusos a infraestructuras críticas de Ucrania, al momento de la invasión militar de su territorio. En todos estos casos, Moscú canaliza sus operaciones a través de grupos presuntamente independientes que, en realidad, orbitan en sus esferas de seguridad e inteligencia. Entre los más importantes, y estudiados por los expertos en ciberseguridad, se encuentran Armagedon, Ghostwriter Sandworm y el ya mencionado Fancy Bear.
Por último, junto con el novedoso rol de la empresa privada en la prevención y mitigación de ciberataques y el abandono de posturas defensivas, EE.UU. asigna un rol relevante a la cooperación en materia cibernética con aliados y socios externos. En particular, le otorga un papel fundamental a la llamada “Iniciativa Internacional contra el Ransomware”, integrada por más de una docena de países y toda la Unión Europea. Todos ellos están comprometidos en combatir el empleo de ese tipo de software malicioso por parte de espías, criminales e, incluso, actores estatales.
A modo de conclusión, Washington pretende lograr, mantener y preservar una situación de protección de sus ciudadanos y las principales estructuras del país, frente a amenazas y riesgos procedentes del ciberespacio. Para alcanzar esos objetivos, ha desarrollado una nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que incluye una estrecha asociación entre las esferas pública y privada. También tiene como meta garantizar que Internet siga siendo un entorno abierto, libre, global y, sobre todo, seguro, arraigado en los valores universales de respeto de los derechos humanos y las libertades individuales fundamentales.
Hoy el ciberespacio continúa mostrando un limitado nivel de institucionalización, paliado parcialmente por esfuerzos de gobernanza en ciertas áreas temáticas y espacios geográficos. Sin embargo, estos esfuerzos, muchos de ellos impulsados desde las Naciones Unidas, no compensan la notable carencia de una convención global en esta materia. En este contexto, la flamante estrategia estadounidense podría tener importantes efectos en la evolución del tablero cibernético global, signado por una “anarquía moderada” y la vigencia de políticas de poder.
Mariano Bartolomé es profesor permanente del Colegio Interamericano de Defensa (CID)
Alexander Ferreira es coronel del Ejército de Brasil y profesor de Ciberdefensa en el CID
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Los desafíos del tercer mandato de Lula, en un país muy polarizado
Brasil, el gigante sudamericano y la duodécima economía del planeta, enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia. Apenas 2,1 millones de votos, de un universo total de 118,5 millones, separaron al vencedor, Luiz Inácio Lula Da Silva, del mandatario saliente, Jair Bolsonaro, en el balotaje del pasado 30 de octubre.
La diferencia entre los dos candidatos fue de solo 1,8 puntos porcentuales, la más exigua desde el retorno de la democracia en 1985. El contraste entre los grandes estados del sudeste, volcados a favor de Bolsonaro, y los conurbanos de las grandes ciudades y las populosas zonas del nordeste y del norte del país, históricos bastiones electorales de la izquierda, quedó más patente que nunca. Solo Minas Gerais, un estado que suele marcar el termómetro electoral del país, mostró una paridad casi absoluta entre los dos contendientes, con una luz de diferencia a favor de Lula.
El regreso del líder del Partido de los Trabajadores (PT) al Palacio del Planalto lo convertirá en el jefe de Estado más longevo en el cargo desde los tiempos del legendario Getúlio Vargas, quien ocupó la Presidencia de Brasil durante 18 años. Lula vive su retorno al poder como una verdadera “resurrección política” y una reivindicación personal tras los 19 meses transcurridos en una prisión de Curitiba entre abril de 2018 y noviembre de 2019, lo que él atribuye a una “persecución política, judicial y mediática”.
De todos modos, el momento del festejo ya quedó atrás. Las urgencias están a la orden del día y exigirán respuestas inmediatas a partir del 1º de enero de 2023. “No existen dos Brasiles; somos un único país, un único pueblo, una gran nación”, afirmó el mandatario electo en la noche del triunfo, en un intento por cerrar las heridas luego de una campaña electoral cargada de descalificaciones, agravios e insultos.
POBREZA Y PLANES SOCIALES, EN EL BARRO ELECTORAL
Uno de los principales caballitos de batalla de Lula durante la campaña fue el éxito de la política social durante sus dos gobiernos, simbolizada en su programa Bolsa Familia, creado en 2003 y que permitió sacar de la pobreza extrema a 24 millones de brasileños e incorporar a la clase media a unas 30 millones de personas. “Nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez”, aseguró durante la campaña, frente a la insistencia de Bolsonaro de que en Brasil nadie pasa hambre gracias a la ayuda económica del Estado. Los datos de la reciente encuesta nacional sobre inseguridad alimentaria, sin embargo, señalan que 33,1 millones de brasileños (15,3% de la población) no logran satisfacer sus necesidades nutricionales más elementales y que, en números globales, 152,2 millones de brasileños sufren algún nivel de inseguridad alimentaria, lo que implica un incremento del 60% respecto de 2018.
Lo cierto es que el COVID-19 provocó un cimbronazo en las franjas más carenciadas del país. Según un estudio de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), en base a datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en 2021 había 62,9 millones de habitantes con un ingreso menor a los 497 reales mensuales (97 dólares), lo que significa que el 29,6% de la población del país se ubicaba por debajo de la línea de la pobreza. De acuerdo con el “Mapa de la nueva pobreza” de la FGV, entre 2019 y 2021 el número de pobres en el país sufrió un incremento de 9,6 millones. Como dicen los autores del trabajo, “casi un Portugal de nuevos pobres surgidos a lo largo de la pandemia”, en referencia al país luso que tiene una población total de 10,3 millones.
En los meses más duros del coronavirus, el gobierno de Bolsonaro lanzó el denominado Auxilio Emergencial, una asignación mensual de 600 reales (poco más de 110 dólares) implementada en abril de 2020 y destinada a los sectores más vulnerables, que se relanzó posteriormente, entre abril y octubre de 2021, con un monto menor: 250 reales (45 dólares). Finalmente, en diciembre del año pasado, se puso en marcha un nuevo programa destinado a reemplazar al Bolsa Familia: el Auxilio Brasil, una ayuda mensual de 400 reales (algo más de 70 dólares) destinada a unas 18 millones de familias. En una de sus habituales chicanas políticas, durante uno de los últimos debates televisados con Lula, el actual mandatario afirmó que con su flamante programa social se puede comprar “tres veces más picanha” que con el plan estrella del PT. El partido de Lula, por su parte, enrostró a Bolsonaro haber mantenido congelado el monto del Bolsa Familia durante los últimos tres años y haber lanzado el nuevo plan con un mero fin electoralista. La gran pregunta que flota en el ambiente es qué hará Lula con el Auxilio Brasil y, en caso de mantenerlo, cómo maniobrará para no superar el límite del gasto público, establecido por una enmienda constitucional votada a fines de 2016.
LA ECONOMÍA, UNA GRAN INCÓGNITA
El otro gran interrogante es, justamente, el de la economía, ya que durante la campaña Lula evitó dar precisiones sobre su política en esa materia. Ya no son años de bonanza para Brasil, que registró entre 2011 y 2020 su peor performance en los últimos 120 años, al registrar un crecimiento acumulado de su PBI de apenas el 0,3%. El desequilibrio fiscal también es preocupante y lo mismo ocurre con el incremento de la deuda pública. Tal como señalaba el expresidente del Banco Central del vecino país, Armínio Fraga, en un artículo publicado en marzo de este año en la revista Finanzas & Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional (FMI), “la dinámica de la deuda [ externa ] se torna preocupante: desde un mínimo del 53% del PBI en 2014, el coeficiente trepó al 89% en 2020 y actualmente se sitúa en un 83%, gracias a tasas de interés bajas en respuesta a la recesión y a un inflación inesperadamente elevada”. Su perspectiva es que “ahora que las tasas han vuelto a subir, el coeficiente de endeudamiento reanudará su tendencia alcista e insostenible”.
Sin embargo, no está claro que Lula esté dispuesto a una drástica reducción del gasto público. Lejos de la tímida política de privatizaciones impulsada en los últimos cuatro años por el ministro Paulo Guedes, el presidente electo ya adelantó que buscará retomar el control estatal de Eletrobras –el actual gobierno redujo la participación estatal del 72% al 45% y recaudó 33.700 millones de reales (unos 6855 millones de dólares) por su salida a la Bolsa en junio pasado– y dijo que frenará el proceso de privatización de la empresa postal Correios, que se encuentra en estudio en el Congreso. “Vamos a atraer inversiones directas, no para que compren nuestras empresas públicas porque no vamos a privatizarlas. Queremos que el dinero extranjero venga a invertir en cosas nuevas para generar más producción, más riqueza y más crecimiento económico”, afirmó el líder del PT.
LA AGENDA AMBIENTAL VUELVE A ESCENA
“Lo que está en juego en Brasil es una cuestión de supervivencia del planeta”, aseguró, además, Lula durante la campaña. “Estamos luchando a favor de los valores civilizadores contra un egoísmo desenfrenado”, agregó, en referencia al triste récord de los últimos tres años, cuando, según cifras del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) brasileño, al área deforestada en el Amazonas superó los 34.000 kilómetros cuadrados. En octubre del año pasado, la ONG All Rise presentó una denuncia contra el gobierno brasileño de Jari Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el supuesto “ecocidio” que se estaría cometiendo en uno de los últimos pulmones verdes del planeta. Bolsonaro, por su parte, hizo de la defensa de la soberanía brasileña sobre esa región uno de los caballitos de batalla de su administración y llegó a confrontar abiertamente con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien había propuesto en 2019 un “estatuto internacional” sobre la selva amazónica para evitar que “un Estado soberano adoptase medidas claramente contrarias al interés de todo el planeta”.
En su programa electoral, Lula se comprometió con el objetivo de “deforesetación cero” en la Amazonia y con el fortalecimiento de órganos como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y la Fundación Nacional del Indio (Funai), encargado de la protección de las poblaciones aborígenes del país. “Brasil volverá a liderar con el ejemplo y asumirá nuevamente el protagonismo en la escena ambiental internacional”, aseguró la exministra y excandidata presidencial, Marina Silva, quien se sumó al equipo de campaña de Lula en estas elecciones luego de más de una década de enfrentamiento con el líder del PT.
La recuperación de los estándares del Acuerdo del Clima de París y otros compromisos globales no es solo una cuestión ambiental. También se juega la reputación del país y la posibilidad de avanzar en la concreción del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), paralizado por la fuerte presión de grupos ecologistas del Viejo Continente. El mandatario electo se comprometió a retomar este importante tratado comercial, aunque matizó que tanto ni su país ni la Argentina abdicarán de su “derecho a reindustrializarse” y seguirán defendiendo los intereses de sus sectores manufactureros.
Los desafíos serán múltiples y complejos para el veterano líder político que iniciará el próximo 1º de enero su tercer mandato presidencial. La polarización política, las divisiones sociales y las múltiples demandas del electorado obligarán a Lula a recurrir a su experiencia política y a sanar las heridas de la campaña electoral más tensa y reñida de la historia brasileña.
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