Ocho de cada diez argentinos dicen estar preocupados por el estado del medioambiente, según se desprende del informe Green 2011 realizado por TNS hace algunos meses. Pero, más o menos alertados por el calentamiento global, todos coinciden en que como sociedad se hace muy poco para mejorar la situación.
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Así funciona el mundo real que refiere Charly Alberti durante la entrevista con DEF, cuando dice que más allá de los discursos bien intencionados, casi nadie quiere hacer esfuerzos concretos y sostenidos para cuidar el ambiente. Ni las grandes industrias, ni las pymes, ni las administraciones públicas en todos los niveles. Comprender esta perspectiva realista es entender que la sustentabilidad tiene costos que no todos están dispuestos a pagar.
Por ello es mejor lograr pequeños avances que no lograr nada. Y es justamente allí donde crece el papel de las organizaciones ambientalistas, que ayudan a discutir sobre el tema y a canalizar el reclamo ciudadano.
En la Argentina, como se señala en la nota especial que presentamos, ya existen antecedentes de cómo la sociedad civil junto con el empuje de las ONG han conseguido, por ejemplo, que se reactive el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, una de las deudas ambientales más grandes de la historia.
Portavoces del mundo natural, algunas más conservacionistas, otras de perfil institucional y unas pocas directamente radicales, las organizaciones ecologistas irrumpieron en la década del 70 y desde hace años son actores decisivos a la hora de instalar la problemática ambiental en la agenda pública. Tenemos buenos ejemplos en el país, de Greenpeace a Vida Silvestre, de FARN a lo nuevo que expresa R21. Con sus métodos, trayectoria y enfoques particulares, se trata de lo mismo: comunicar, concientizar, movilizar, generar acción.
