Las organizaciones no gubernamentales han adquirido a través del tiempo un papel cada vez más decisivo en la sociedad. Para analizar su incidencia en la construcción de políticas públicas, entrevistamos a referentes de diversas ONG nacionales y provinciales. Que la participación ciudadana incide en las políticas socioambientales es una realidad. Basta pensar en los grandes temas que han movilizado a la sociedad argentina en estos últimos años para disipar cualquier duda. Desde las asambleas de Gualeguaychú, que lograron poner sobre el tapete la problemática ambiental en su protesta contra la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos, hasta las más recientes leyes sancionadas por las Cámaras, bajo la presión de las ONG y de la opinión pública. “Creo que tenemos un rol fundamental tanto en el monitoreo social como en el reclamo ante las autoridades”, afirma María Eugenia Di Paola, responsable de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Y destaca tres hitos que muestran la eficiencia del trabajo conjunto de las organizaciones y el progresivo reconocimiento de parte de las autoridades. El primero de ellos es la causa Matanza-Riachuelo, que fue llevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2006 por un grupo de vecinos, logrando que el Estado comenzara a actuar después de más de 200 años de inacción. “Las ONG fuimos designadas, junto al Defensor del Pueblo, en el Cuerpo Colegiado para monitorear la implementación del fallo, con lo cual vemos que no solo está instalada la temática sino también su seguimiento”, señala. El segundo es el proceso que culminó con la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos, previa obtención de más de un millón de firmas, claro ejemplo de “cómo a través de múltiples alianzas se puede llegar a la ciudadanía e incidir en un proceso legislativo. Esto se alcanza dando lo mejor de cada organización y con mucha capacidad de diálogo”, reflexiona Di Paola. El hito más reciente es la Ley de Glaciares, que fue seguida con mucha preocupación tanto por las ONG como por las organizaciones territoriales provinciales, las asambleas de ciudadanos, el sector académico e incluso el privado, que necesita del agua para desarrollar sus actividades.
Por su parte, Pablo Herrera, director de Conservación y Desarrollo de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) califica el rol de la sociedad civil en la elaboración, implementación y monitoreo de las políticas públicas como ineludible. “Cuando los mecanismos de frenos y contrapesos del sistema democrático no funcionan del todo bien y el poder se monopoliza, es necesaria la intervención de la sociedad civil para corregir el rumbo de las políticas públicas”, afirma. Y explica que las ONG son espacios que pueden dar seguimiento a temas para los cuales el Estado no tiene los recursos o capacidades suficientes. “En lo ambiental, lamentablemente, la agenda se establece a partir de las crisis y por eso la sociedad civil tiene un rol importante”. En el mismo sentido opina Diego Rodríguez, miembro de la Fundación entrerriana M´Biguá, quien manifiesta que las ONG, a diferencia de los funcionarios públicos que deben desarrollar la cartera ejecutiva de su área, se rigen por un principio de libertad que les permite “plantear temas en la vanguardia de los cambios sociales e instalarlos en la agenda pública para que después los gobiernos accionen en consecuencia”.
Emilio Spataro, coordinador de la campaña “Salvemos al Iberá”, de la Fundación Guardianes de la Naturaleza Argentina, expresa que como las organizaciones se dedican a temáticas específicas, “tienen conocimientos, información y propuestas de calidad sobre los temas particulares en los que trabajan y son un insumo importante para los tomadores de decisiones, además de aportar visiones globales de sectores específicos que muchas veces no son tenidos en cuenta”.
CULTURA CIUDADANA
Más allá de ser un factor de peso en la agenda política, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil tiene un papel importante en la formación de la opinión pública. “Es fundamental su función como generadoras de conciencia, ya que pueden brindar información sobre temas que a veces la ciudadanía no llega a percibir”, reflexiona Herrera. “Yo creo que otorgan una posibilidad concreta de participación, influencia e injerencia en asuntos públicos, sin tener que involucrarse en partidos políticos o estructuras estatales”, considera Spataro.
“Nuestro papel no es educar ni instruir al público, sino movilizarlo para que forme parte e impulse los cambios necesarios para proteger el planeta, a través de la no violencia”, declara Prieto, y asevera que el trabajo de movilización contribuye indirectamente a la formación ciudadana. “Ejemplo de ello es el trabajo realizado junto a más de un millón y medio de argentinos para que el Congreso Nacional aprobase la Ley de Bosques. Ponemos al servicio de la ciudadanía distintas herramientas de participación a través de las cuales pueden reclamarles a las autoridades o a las empresas que adopten políticas ambientalmente adecuadas”.
HERRAMIENTAS
El abanico de instrumentos que permiten incidir en las políticas públicas es amplio y suele depender de las características propias de cada organización. Un caso emblemático es el de Greenpeace, con sus campañas de alto impacto. “Trabajamos con la participación de la gente, con acciones y manifestaciones directas no violentas, a través de las herramientas que brinda Internet como canal de comunicación, redes sociales, trabajo político y estrategias de medios, entre otras cosas”, describe Prieto. En el caso de la FVSA, destacan la importancia de sumar a las campañas en los medios de comunicación “el desarrollo del vínculo con autoridades y funcionarios, la bajada de información técnica y científica a términos que sean entendibles por todos”. Herrera sostiene que para muchos funcionarios vincularse con las ONG trae un rédito positivo de imagen y “las organizaciones aprovechan esa necesidad para intentar meter en la agenda determinados temas”.
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Definitivamente, la participación ciudadana es fundamental a la hora de tratar los problemas ambientales y un elemento vital es el acceso a la información pública. Consultados acerca de las dificultades con las que suelen enfrentarse, los representantes de las ONG coinciden en cuanto a que varían según el tema del que se trate, los funcionarios y jurisdicciones implicados; y, desde otro lugar, también hacen hincapié en la ausencia de una cultura de parte de la ciudadanía para recabar este tipo de datos. Para Di Paola, el problema es complicado pero no imposible, y las respuestas a los pedidos de informes abarcan desde a quienes las otorgan sin mayores inconvenientes hasta “algunas jurisdicciones, como la provincia de San Juan, donde se llega a coartar la libertad de expresión”.
“Los crímenes ambientales ocurren normalmente a espaldas del público y nuestra tarea es desnudarlos y exponerlos”, denuncia Prieto y afirma que en Greenpeace dedican muchísimos recursos y profesionales “para conseguir información adecuada que avale un trabajo sólido”.
Diego Rodríguez, por su parte, considera que la ciudadanía no conoce ni se ha apropiado de estas herramientas, hecho que queda en evidencia ante la falta de requerimiento de parte de las instituciones. Como ONG provincial, M´Biguá suele tener una respuesta aceptable de parte de los funcionarios entrerrianos, no así cuando requiere información a nivel nacional. Emilio Spataro, de la correntina Fundación Salvemos la Naturaleza Argentina, asevera que “muchas veces las relaciones interpersonales son canales más rápidos para obtener esta información que lo normado por los procesos administrativos”.
TRABAJAR EN RED
Más allá del tamaño de las organizaciones y de su poder de convocatoria, el trabajo en red es fundamental a la hora de sumar voluntades, como bien lo han evidenciado los últimos casos ambientales resonantes de la Argentina, ya se trate de un problema a nivel nacional o provincial. Pablo Herrera declara, por ejemplo, que una característica de la FVSA es apuntar al trabajo mancomunado con todos los actores que forman parte del problema: el sector público, académico, privado. Martín Prieto, por su parte, recuerda que tanto la Ley de Bosques como la de Glaciares se lograron gracias al trabajo conjunto de organizaciones y comunidades que habitaban las áreas en peligro. Spataro, sobre la base de su experiencia provincial, asegura que este tipo de organizaciones suele tener estructuras chicas, siempre condicionadas por escasos recursos económicos, por lo cual el trabajo articulado es parte de su estrategia.
CONCLUSIÓN
Una característica de las causas ambientales es que, lejos de ser temas resueltos e instalados, son cuestiones que exigen el seguimiento constante de parte de la ciudadanía y de las organizaciones. “Es hora de que se revea la labor de las ONG en la problemática ambiental y de que se comprenda que la tarea ciudadana participativa no va en contra del quehacer de las autoridades, sino que lo complementa. Creo que es necesario generar capacidades para el cambio en un sistema que se está abriendo al rol de la sociedad civil, para lo cual es necesario un marco legal que la reconozca”, concluye Di Paola.
