Considerada una de las actividades más contaminantes del mundo, la minería es una industria creciente en la Argentina. Para analizar su impacto real en los ecosistemas y en las comunidades, entrevistamos a la doctora Diana Mutti, geóloga y ambientalista. Sin duda, la República Argentina tiene el potencial necesario para ser un país de destino para la industria minera. No solo cuenta con una magnífica cordillera, sino que conserva alrededor del 75% de sus recursos sin explotar. Si a esto le sumamos un marco legal, ambiental y social favorable, que garantiza las inversiones de las empresas multinacionales, es fácil comprender el porqué del crecimiento de la actividad. Pese a los aspectos positivos y por tratarse de la explotación de recursos no renovables, un sector de la ciudadanía plantea el dilema del desarrollo sostenible o la sustentabilidad.

-Dra. Mutti, ¿cuáles son los principales recursos mineros en la Argentina?

-Tenemos oro, plata, cinc, tierras raras, uranio, litio, potasio, molibdeno, entre otros metales, pero la realidad es que no somos un país con tradición minera y nos falta explorar gran parte de nuestro territorio. La región central, el noroeste y el sur del país pueden ser potencialmente ricos y es esperable que lo sean por la diversidad y el tipo de rocas que tenemos.

-¿A qué le atribuye el poco desarrollo de esta industria?

-A que históricamente, pese a que fue una de las primeras actividades desarrolladas en la Argentina, la minería -en particular la metalífera- quedó minimizada y se siguió solo con la explotación de rocas de aplicación, como el mármol, el granito, la arena, el canto rodado o la grava, entre otras. El mayor desarrollo se dio entre 1950 y 1980. A partir de esta época empezaron a ingresar las producciones chinas, con las que no podían competir las pequeñas empresas de capital nacional radicadas en nuestro país. En ese momento se inició una etapa de recesión minera que se extendió hasta los 90, cuando se modificó el Código de Minería, hecho que auspició la llegada de capitales multinacionales. En síntesis, creo que nuestro país aún no desplegó su potencial minero y esto requiere de una gran inversión en exploración y seguridad legislativa que acompañe una justa distribución de beneficios y protección del ambiente. ¿Por qué? Porque la minería como actividad involucra una gran magnitud de riesgo, pues son operaciones a largo plazo y de cada cien áreas de exploración solo una puede llegar a ser viable para transformarse en un yacimiento.

-¿Existe un mapa base de los recursos minerales ya detectados?

-Sí, la Secretaría de Minería realizó mapas en la década del 90, para hacer la medición de base de las condiciones ambientales. Ello se debió haber implementado cubriendo todo el país y antes de que empezara la etapa de minería que estamos transitando, es decir antes de que el Cerro Vanguardia o Bajo Alumbrera existieran. De haber tenido los valores de base previos en suelo, agua y aire, se hubiera podido comparar y definir los reales conceptos de contaminación, además de afrontar los pasivos ambientales generados por la explotación artesanal previa y las características propias de cada terreno. La ausencia de una línea ambiental básica y de una planificación territorial lleva a que las responsabilidades se diluyan. Un país requiere de una visión y un accionar más allá de los ámbitos de incumbencia legales de un área de concesión minera.

EL IMPACTO AMBIENTAL

-¿Es factible hacer minería con un bajo impacto ambiental?

-Ante todo, es importante aclarar que no existe actividad no contaminante. El tema es que hay distintas formas de trabajar, dos estilos contrapuestos. Uno de ellos es la minería responsable que realiza todos los estudios pertinentes, que prevé los potenciales impactos que puede producir la actividad en el agua, suelo, aire, flora, fauna y en la sociedad, y que analiza el riesgo antes de comenzar la explotación. Esto permite llevar adelante la tarea con el menor costo ambiental posible e, incluso, facilita tomar medidas para prevenir o mitigar los potenciales impactos. Le doy un ejemplo, si pongo material sobre un sustrato sin prever que puede existir percolación de aguas ácidas, estoy haciendo minería irresponsable, ya que el escenario deseable es, por ejemplo, colocar una geomembrana, utilizar materiales para evitar el filtraje, hacer pozos que permitan el monitoreo y, por último, saber cómo voy a disponer de ese material durante el desarrollo de las faenas y en la etapa final de cierre de mina. Hablo de una minería planificada, en la que se realizan cierres progresivos a medida que se va dejando de explotar, y eso debe analizarse antes de iniciar la explotación. Se trata de prevenir el incidente para no llegar al accidente, de elegir dentro de los sitios con recursos aquellos que puedan operar bajo una minería responsable y con un desarrollo sostenible.

-Pero existe también la gran minería, que no trabaja con esos cuidados.

-Sí, pero en general la gran minería es auditada por múltiples actores porque necesita financiamiento externo y los accionistas no dan préstamos si no se cumplen los estándares internacionales y se adhiere a reportes internacionales. Como son controlados permanentemente, tienen que cumplir más que nadie con las responsabilidades -legales, ambientales, sociales- para poder subsistir como empresa en el tiempo.

-¿Cómo es el caso de la minería artesanal?

-Es una minería ancestral, la que realizan los pueblos originarios o sin medios de tecnificación (comúnmente se visualiza mediante un hombre lavando oro en un plato). Se practica en numerosos países y es altamente contaminante, ya que utiliza, para el caso del oro por ejemplo, amalgama de mercurio. Sin embargo, en este caso no se puede hablar de irresponsabilidad porque ese concepto implica el factor conciencia y aquí hay que tener en cuenta el valor cultural. De todos modos, existen mecanismos para que su actividad pueda ser respetada e incorporada como patrimonio legítimo de una región, mejorando su calidad de vida y brindando herramientas para mitigar los impactos negativos en el ambiente y en otras poblaciones.

LAS LEYES

-¿Quiénes determinan los estándares internacionales?

-Las normas son dictadas por organismos multinacionales que van sumando exigencias relacionadas con la interdependencia respecto de diferentes códigos como, por ejemplo, no superar determinada cantidad de arsénico en el agua o ciertos valores en el particulado de la atmósfera. Hay normas europeas, americanas y locales. Las mayores son acordadas por un porcentaje elevado de países adherentes y son las más exigentes. Aunque muchas veces se ponga en duda, la realidad es que los accionistas suelen ser los primeros en querer seguir los estándares más rigurosos posibles porque saben que si la empresa se adecua a ellos aumenta sus posibilidades de supervivencia. Hay compañías que no siguen los estándares, no son auditadas y no califican en normas ambientales como las ISO 14.000. ¿Por qué es importante? Porque el Estado y la sociedad misma pueden resguardarse no consumiendo esa línea de productos, lo que provocaría en definitiva el cierre de la industria. En Europa, el propio Estado las ralea del sistema. Lamentablemente, esto no ocurre necesariamente en la Argentina, donde las empresas, y en particular no me refiero a las mineras, pueden no adoptar normas de conducta basadas en calidad, seguridad, higiene y otras múltiples responsabilidades.

-Ud. habla de normas internacionales y locales, ¿cuál es la situación en la Argentina?

-Por un lado, hay estándares internacionales que las empresas deben respetar. Por otra parte, cada país -más allá de las normas genéricas que manejan las empresas a nivel global- tiene su propia gerencia. Dicho de otro modo, la casa matriz en cada país trabaja con determinadas fusiones y, dentro de ese contexto, debe seguir las normativas genéricas pero con independencia. Es en este punto donde creo que la Argentina necesita inversiones que le permitan alternativas viables, acordes con lo que la sociedad pretende. Esas opciones existen y, aunque puedan parecer muy costosas, en la medida en que se apliquen se comprobará que son una inversión a futuro. Recientemente fueron aprobadas las normas ISO 26.000, que trabajan en la gestión de industrias responsables socialmente.

-¿Está de acuerdo con quienes afirman que las empresas mineras vienen para hacer todo aquello que en su país de origen está prohibido?

-No. Lo que creo es que se habla con mucha liviandad y sin poner el foco donde corresponde. Le doy un ejemplo: cuando empezó toda esta mala prensa se hablaba de las inversiones norteamericanas, aunque eran las que menos participaban en nuestro país. En el otro extremo del arco tenemos las empresas chinas a las que nadie hace mención, pese a que están invirtiendo en la Argentina y es uno de los países que aún no se adecua necesariamente a las normas internacionales. Ese es el punto a focalizar. Canadá, con un ordenamiento territorial y determinadas condiciones, hace minería subterránea hasta debajo de un parque nacional. ¿En qué se diferencian de nosotros? En que hay confianza en el Estado, tienen gobiernos fuertes que controlan rigurosamente y la infraestructura ya existente en el país permite obtener regalías o tasas más exigentes.

-Si las normas existen, ¿lo que falla entonces es el control?

-Hay  regiones en que sí, por eso creo que podría mejorarse con sistemas pluralistas en los que participaran distintos grupos de gestión o de intereses para propiciar mecanismos confiables y más transparentes. La legislación existe, pero es muy difícil hacerla cumplir cuando una sola persona es la encargada de controlar la parte ambiental en el rubro minero. Por otro lado, he comprobado que en ocasiones conocen y cumplen más la legislación las empresas que algunos funcionarios que deben auditarlas. Hay quienes hacen las cosas bien por voluntarismo, por ética; y otros, porque existen las normas. Es por ello que el Estado debería ejercer su rol de control con extrema rigurosidad y, también, con la participación de otros actores.

CUESTIONAMIENTOS

-Uno de los principales cuestionamientos que se le hace a esta actividad está relacionado con el uso del agua. Teniendo en cuenta que el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático ya detectó cambios en la distribución de las precipitaciones, retracción en los glaciares y pérdida de hielo, entre otros factores relacionados con la escasez de este elemento vital, ¿cuánto afectará esto a la industria minera?

-Mire, yo considero que este es uno de los mitos relacionados a la minería. La realidad es que la escasez de agua afecta a todas las industrias y también que el campo tiene más demanda de agua que la minería. Por eso uno de los puntos que trabajan las empresas junto a gobiernos, científicos y entidades multisectoriales es cómo generar fuentes de energía y de agua, dos insumos de los que dependen todas las actividades.

-Otro tema muy controvertido es el referido a la problemática de los pasivos ambientales que quedan cuando se cierra un yacimiento.

-Creo que la problemática del cierre de minas en la Argentina es un camino que recién estamos empezando a transitar con Bajo Alumbrera. Los pasivos que ya tenemos fueron hechos con el consenso de la ciudadanía y pertenecen a la minería del pasado, cuando ni siquiera existía una legislación que enmarcara esa etapa de la explotación. En la actualidad, hay herramientas para ejercer controles efectivos, lo que no sé es cuánta capacitación existe ni qué experiencia tienen los profesionales encargados de evaluar los planes. En esta etapa se debería, por ley, tomar decisiones consensuadas entre la empresa minera, la población y el gobierno para retornar el ambiente a una condición de equilibrio, que satisfaga a la población y sea viable. Pienso que un desafío es incorporar el concepto de innovación desde la gestión empresarial, gubernamental y social, que apunte a alcanzar un desarrollo sostenible que esté en camino de armonizar intereses junto al capital social.

-Otro de los problemas relacionados al cierre de las minas es el de la pérdida de las fuentes de trabajo.

-Exacto, por lo cual es muy importante generar polos de desarrollo que permitan la inserción de los trabajadores, además de aportar valor agregado a los emprendimientos. Lo fundamental es que una vez terminado un proyecto haya otro que emplee la mano de obra generada, de modo que no baje la calidad de vida de la población.

-¿No cree que la comunidad debería tener más participación en las decisiones?

-Por supuesto. Sería fundamental que la ciudadanía tuviera fácil acceso a la información para poder interactuar y, junto al gobierno y la empresa minera, decidir qué quiere para su terruño a lo largo de las etapas de un proyecto minero. Por ejemplo, hay áreas donde al cierre de mina se establecen lagos en los grandes huecos en superficie, producto de la extracción, que permiten fomentar la formación de aguas ácidas y el aporte de fuentes de agua, áreas recreativas y paisajísticas.

-¿Por qué cree que esta actividad genera tanta resistencia en la gente?

-Antes que nada, creo que el dilema “minería sí o no” es producto del desconocimiento. Por un lado, estoy convencida de que quienes están por el no a la minería son un número mínimo y, por otro, creo que hay una mezcla de distorsiones y de intereses financieros y laborales en muchos casos. Hay desinformación que prende, sobre todo, desde los medios. En nuestro país, la llamada megaminería no informó, no interactuó con la sociedad ni generó una percepción de beneficio.

-¿Cuál es su experiencia personal después de haber recorrido largamente el país?

-Creo que aunque hay movimientos muy polarizados, existe un rango muy amplio de gente que no tiene opinión formada. En los lugares donde trabajé, las poblaciones aledañas convivían con los emprendimientos, viendo sus virtudes y defectos. En este tipo de actividad están aquellos que reciben una mejora económica y quienes quedan excluidos del sistema. Hay etapas que requieren de una gran cantidad de puestos de trabajo, pero otras no. Esa realidad no formó parte del discurso político y estas son las cosas que generan frustración en la gente. No se explicó cómo están integradas las empresas ni quiénes son los responsables de reintegrarles a los pueblos el beneficio de las regalías, por ejemplo. Actualmente, también he visto mejoras en las regiones y una industria que está siendo cada vez más conciente de los reclamos de la sociedad.

-Un elemento muy discutido es el relacionado al asistencialismo de las mineras respecto de la sociedad donde trabajan.

-Es un tema difícil. Si hay, por ejemplo, un hospital que no es atendido como corresponde por el Estado y una empresa detecta una necesidad social -como puede ser una ambulancia- y la cubre, ¿está mal? En un país en desarrollo, con carencias en la infraestructura de base, sin caminos y sitios con energía, la minería aporta esa infraestructura que queda más allá de su permanencia en el tiempo. Generarle beneficios a la sociedad no es asistencialismo. Lo cierto es que propiciar el beneficio social debería ser un principio básico de expectativa de las empresas.

-Pese a todos los cuestionamientos señalados, la realidad es que la demanda de la sociedad de consumo es cada vez mayor.

-Creo que ese es el tema clave. La minería, como la agricultura y la ganadería, es inherente a la civilización. Ya desde la década del 70 se reconoce la ausencia de recursos para abastecer el ritmo de consumo de la humanidad, de donde surge el concepto de sustentabilidad y luego el de desarrollo sostenible. En la actualidad, un alto porcentaje de los elementos extraídos en minería están destinados a la comunicación y la tecnología de base y de punta. Globalmente, por ejemplo, se calcula que en China hay cinco celulares por habitante y en la Argentina, uno como mínimo. Es entonces cuando aparece el tema de la responsabilidad individual relacionada con el consumo y con la educación de una sociedad que parecería ciega respecto de su destino ambiental.