El sector agricultor de Europa se siente amenazado por las políticas climáticas y los potenciales tratados comerciales.
Durante enero y febrero, los agricultores europeos tomaron las calles de las principales ciudades del viejo continente en rechazo al Pacto Agropecuario Común, y a las nuevas políticas de reducción de emisión de carbono. El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur también alarma al sector por su potencial impacto en el mercado.
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Agricultores vs. el Pacto Verde y el Pacto Agropecuario Común
El Pacto Verde Europeo es un paquete de iniciativas políticas que tienen como objetivo encaminar a la Unión Europea hacia una transición ecológica y finalmente alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Este conjunto de medidas apuntan al sector energético, el transporte, la industria, la agricultura y las finanzas sostenibles. El Pacto Verde se reglamentó y comenzó a aplicarse en diciembre de 2019, constituyendo una obligación jurídica para la Unión Europea.
Las ambiciones del bloque pueden simplificarse con el Objetivo 55: al menos un 55% de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero a 2030.
¿Pero cómo afectan las nuevas políticas climáticas al sector agricultor? El Pacto Verde tiene una estrecha relación con el Pacto Agropecuario Común (PAC), el cual plantea cambios radicales en la agricultura y en los métodos de producción en pos de mejoras ambientales.
Los principales puntos del PAC ponen como objetivo primario para 2030 que se destine el 25% de las tierras agrícolas para la producción ecológica.
Entre las reivindicaciones durante las protestas se podían observar reclamos acerca de la reducción obligatoria de pesticidas y fertilizantes al 50% y 25% respectivamente, y la quita de subvenciones fiscales para el gasoil agrícola.
Además, el PAC impone que cada productor debe disponer de al menos 3 % de las tierras cultivables para la biodiversidad y a elementos no productivos.
Estos terrenos se convierten en Zonas Sin Tratamiento, que no pueden ser fumigadas si se encuentran cerca de espacios habitables y sitios que acogen a personas vulnerables, como las escuelas y fuentes de agua.
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Relacionado con el agua, los agricultores también reclaman por la obligación de pagar 47 millones de euros suplementarios por año por el consumo del recurso.
Ante la creciente complejidad de las reglamentaciones, que no les permite saber lo que pueden hacer y lo que no, se suma la nueva política de fronteras abiertas de la Unión Europea que modifica por completo el mercado de alimentos.
El acuerdo UE-Mercosur, en peligro
Al tensionado contexto para producir se le suma la apertura de importaciones del bloque europeo. El ingreso de productos alimenticios por fuera de la Unión Europea no contempla las restricciones y reglamentaciones que sí deben cumplir los agricultores europeos.
Esto genera una desigualdad a la hora de producir y una diferencia de precios notable que se traduce en menos ganancias ante el crecimiento de los costos debido al Pacto Verde. El sector teme que esté corriendo riesgo la rentabilidad y el sustento de miles de productores locales.
El tratado de comercio de la Unión Europea y el Mercosur se presentó en 2019 y hasta la fecha no pudo ratificarse, principalmente por la necesidad de que Sudamérica se integre a las medidas climáticas impulsadas por Europa.
Numerosos países del viejo continente se opusieron al acuerdo en su estado actual y el sector agricultor en general lo catalogó de “competencia desleal”.
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Ambos bloques comerciales, liderados por Argentina y Francia, buscan abrir un espacio de negociaciones fraccionadas y lograr de a poco los consensos necesarios para aprobar el tratado tras cinco años de dificultades.
Pero primero, en junio debe elegirse la nueva conducción de la Comisión Europea. Los intereses de las nuevas autoridades pueden ser diferentes a las que hoy buscan constituir uno de los mercados más grandes del mundo: 780 millones de personas involucradas y volúmenes comerciales entre 40 y 45 mil millones de euros.
