La Cámara de Diputados de Rusia, también conocida como la Duma Estatal, aprobó en segunda y tercera lectura una ley que habilita al presidente, Vladímir Putín, a desplegar a las Fuerzas Armadas más allá de su frontera. La iniciativa, aprobada con 381 votos a favor, busca proteger a ciudadanos del país que sean arrestados, detenidos o perseguidos judicialmente en el exterior.
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Una vez que Putin promulgue la norma, entrará en vigor diez días después de su publicación oficial. Según los propios autores del proyecto, la legislación contempla el empleo extraterritorial de unidades militares por decisión del jefe de Estado, con el objetivo de defender a sus ciudadanos. Sin embargo, la normativa colisiona con uno de los principios fundamentales del derecho internacional: el respeto a la soberanía.
Rusia y la nueva ley que adopta la injerencia externa como derecho
El antecedente que motivó esta nueva legislación fue el caso del arqueólogo ruso Alexandr Butiaguin, quien fue detenido en Polonia a pedido de Ucrania por haber realizado excavaciones en Crimea. Dicho territorio fue anexado por Rusia en 2014, que lo considera actualmente como parte de su soberanía, pese a haber sido ocupado de manera ilegal. Butiaguin fue luego liberado y regresó a Rusia mediante un intercambio de prisioneros.
Andréi Kartapólov, titular del Comité de Defensa de la Duma, señaló que situaciones como esa son las que busca evitar la nueva ley. El diputado aclaró que la aprobación de la legislación no implica el uso automático del ejército ante cada caso, sino que su existencia funciona más como una advertencia.
Sin embargo, el marco legal le otorga a Putin una herramienta de intervención militar con respaldo jurídico que antes no existía de manera explícita. En 2023 ya se había incorporado una enmienda a la ley federal sobre seguridad que permitía al presidente tomar medidas para defender a Rusia y a sus ciudadanos cuando organizaciones extranjeras actuaran en contra de los intereses del país.
Esa enmienda no especificaba qué medios podía emplear, vacío que la nueva legislación viene a llenar de forma clara y contundente.
Una doctrina ilegal desde el derecho internacional
Desde el punto de vista del derecho internacional, la nueva ley choca con uno de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Se trata de la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Ninguna norma aprobada por un parlamento nacional puede, por sí sola, otorgar legitimidad internacional a una intervención militar en territorio soberano ajeno.
La ley le entrega al Kremlin un margen de interpretación bastante amplio, ya que no delimita con precisión qué tipo de amenaza justificaría una intervención armada ni establece límites geográficos claros para la actuación militar. Tampoco prevé mecanismos de supervisión internacional, lo que significa que la decisión queda concentrada en manos del presidente ruso.
El portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Heorhii Tykhyi, calificó la medida como una muestra de ilegalidad agresiva y afirmó que con esta “ley Putin” reconoce que la agresión se convirtió en la norma de su política de Estado.
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Por su parte, desde la Unión Europea (UE), funcionarios de defensa advirtieron que el Kremlin podría ver los próximos años como el momento ideal para poner a prueba el compromiso de Occidente con la OTAN.
De esta manera, Rusia utilizó la misma lógica para justificar la anexión de Crimea en 2014 y la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. En ambos casos invocó la necesidad de proteger a poblaciones de origen ruso. La diferencia ahora es que esa doctrina queda codificada dentro de una estructura legal aprobada por el parlamento, lo que representa una formalización sin precedentes del expansionismo ruso.
