Sudáfrica atraviesa, desde hace años, un debate interno sobre la situación de su minoría blanca, en particular la comunidad afrikáner, descendiente de los colonos neerlandeses que se instalaron en el país durante la época colonial. Ese debate escaló a partir de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó al gobierno sudafricano de impulsar políticas discriminatorias contra ese sector de la población.
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El reclamo del mandatario estadounidense se apoya en una narrativa que circula desde hace tiempo en sectores de la derecha internacional: que los agricultores blancos sudafricanos son víctimas de una persecución sistemática, e incluso de un supuesto exterminio. Sin embargo, organismos independientes y el propio gobierno sudafricano desmintieron en reiteradas ocasiones esas afirmaciones.
Sudáfrica: la discriminación racial y el reclamo por las tierras
El eje central del conflicto tiene que ver con una ley sudafricana que habilita la expropiación de tierras sin compensación económica en determinados casos. Estados Unidos sostiene que esa normativa afecta de manera desproporcionada a los propietarios blancos y la interpreta como parte de una política más amplia de discriminación racial impulsada por el Estado.
El gobierno de Cyril Ramaphosa, actual presidente de Sudáfrica, rechaza esa lectura. Remarcan que no existen pruebas creíbles de un genocidio ni de una persecución sistemática contra la población blanca, y afirman que las estadísticas de criminalidad no muestran que ese sector sea objeto desproporcionado de delitos violentos, en comparación con el resto de la sociedad sudafricana.
A partir de este planteo, Estados Unidos decidió priorizar el ingreso de sudafricanos blancos al país bajo la figura de refugiados. Esa política se dio en simultáneo con una fuerte reducción del cupo total de refugiados admitidos cada año y con el cierre de otros programas destinados a personas que huyen de guerras y crisis humanitarias en distintas regiones del mundo.
El mandatario africano intentó recomponer el vínculo con una visita a la Casa Blanca, para la cual llevó una delegación que incluía a miembros blancos de su gobierno de coalición y a golfistas sudafricanos reconocidos. Pese al gesto, Trump volvió a insistir durante ese encuentro con acusaciones sobre supuestos asesinatos de agricultores blancos, mientras su homólogo sudafricano defendió el funcionamiento democrático de su país.
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Las restricciones de visas que impulsó la administración Trump
En este contexto, el Departamento de Estado anunció nuevas restricciones de visado dirigidas a determinados funcionarios sudafricanos. La medida apunta a personas que, según Estados Unidos, son responsables o cómplices de legislación y políticas estatales vinculadas a la toma de tierras sin compensación, la discriminación racial y la incitación a la violencia contra minorías étnicas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, fue quien comunicó la decisión y sostuvo que el gobierno sudafricano no atendió de manera adecuada los reclamos que Estados Unidos plantea desde hace tiempo. El funcionario expresó preocupación puntual por lo que describió como delitos motivados racialmente y discriminación respaldada por el Estado contra los afrikáners y otras minorías del país.
El gobierno estadounidense no dio a conocer públicamente los nombres de los funcionarios afectados por la restricción. De todos modos, trascendió que un grupo de presión que representa a la minoría blanca sudafricana ya le había pedido a Estados Unidos que avanzara con sanciones contra representantes del Congreso Nacional Africano, el partido gobernante que lidera Ramaphosa.
Esta se suma a otras medidas que la administración Trump ya había tomado contra Sudáfrica, entre ellas el recorte de ayuda económica y la expulsión del embajador sudafricano en Washington. La tensión bilateral también se vincula con otros frentes diplomáticos, como la postura del país africano en la causa que impulsó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por la ofensiva en Gaza, y la exclusión de reuniones del Grupo de los 20 organizadas durante este segundo mandato de Trump.
