En el marco del 47° aniversario de la Revolución Sandinista en Managua, Daniel Ortega declaró abiertamente que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones que abran la puerta a que la oposición acceda al poder político.
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Las leyes que confirman la dictadura en Nicaragua
Durante su alocución, Ortega justificó la medida acusando a los sectores opositores de pretender “atrapar el Gobierno” y adelantó que trabajará junto a la Asamblea Nacional para promover un paquete de leyes blindadas que impida cualquier intento de cambio político.
“Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, aseveró Ortega ante sus partidarios, tildando a los líderes opositores exiliados de “golpistas” y “vendepatrias”.
El anuncio de Ortega refuerza la reestructuración política impulsada por el Ejecutivo nicaragüense. En febrero de 2025, el régimen aprobó una reforma a la Constitución Política de Nicaragua que transformó de manera radical el esquema de gobernanza del país:
- Eliminación de la división de poderes: El Poder Ejecutivo asumió la coordinación directa de los demás órganos del Estado, eliminando su independencia formal.
- Nueva figura presidencial: Se creó el cargo de copresidenta, otorgado a su esposa Rosario Murillo. La medida fue cuestionada por Estados Unidos y la comunidad internacional por carecer de mandato popular previo.
- Extensión de mandatos: El período presidencial se amplió de cinco a seis años.
- Institucionalización de la apatridia: Se legalizó la despojanza de nacionalidad para disidentes y opositores.
Con esta reforma, el calendario electoral original, que preveía comicios generales para noviembre de 2026, fue desplazado, y la reciente declaración de Ortega pone en duda la realización futura de cualquier proceso electoral competitivo.
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Daniel Ortega: un dictador a 2.200 kilómetros de Estados Unidos
Para comprender el escenario actual de Nicaragua, es fundamental revisar la trayectoria política de Daniel Ortega Saavedra, una de las figuras más longevas de la política latinoamericana contemporánea.
El dictador emergió en la vida pública como comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), guerrilla que lideró la insurrección popular que derrocó a la dictadura de la familia Somoza en 1979. Tras el triunfo revolucionario, coordinó la Junta de Reconstrucción Nacional y posteriormente ganó las elecciones presidenciales de 1984, gobernando el país entre 1985 y 1990.
En 1990, tras perder las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro, entregó el poder y permaneció en la oposición durante 16 años bajo el lema de “gobernar desde abajo”. 16 años más tarde, retornó a la presidencia tras ganar las elecciones generales de 2006, tomando posesión en enero de 2007. Desde entonces, ha gobernado el país de forma ininterrumpida por casi dos décadas consecutivas (19 años), sumados a sus cinco años de mandato en la década de 1980.
Sin embargo, su nueva etapa en el poder cambió drásticamente su forma de ejercer la política y moldeó la política nicaragüense como pocos mandatarios en la historia del país.
¿Cómo consolidó su figura en el gobierno?
La consolidación del control político de Ortega en Nicaragua se dio de manera gradual a través de diversos factores.
Tras su regreso al ejecutivo en 2007, tejió alianzas estratégicas con sectores empresariales y judiciales, lo que le permitió asumir paulatinamente el control del Consejo Supremo Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia.
A través de fallos judiciales favorables y posteriores reformas a la Constitución, eliminó los límites a la reelección presidencial y consolidó democráticamente su permanencia en el poder.
Desde ese momento y tras las multitudinarias protestas sociales de abril de 2018, el régimen encarceló o forzó al exilio a los principales líderes opositores, precandidatos presidenciales, periodistas y defensores de derechos humanos.
Las recientes declaraciones y reformas en Nicaragua continúan generando el rechazo de organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y el Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes denuncian que la concentración del poder basado en la represión cercena el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes.
