El proceso de negociaciones en Venezuela sumó un nuevo capítulo de tensión. El tercer ciclo de conversaciones entre representantes del chavismo y la plataforma opositora concluyó en medio de evidentes dificultades para concretar avances sustanciales en la mesa de garantías políticas para María Corina Machado y otros líderes opositores, considerada el punto más sensible del proceso de transición institucional que atraviesa el país sudamericano.
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Inhabilitaciones, el gran obstáculo del diálogo en Venezuela
La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, admitió públicamente la complejidad de los debates en esta área estratégica. Según la vocera, la mesa de garantías políticas resultó ser el eje de discusión “más difícil” debido a los desacuerdos en torno a tres puntos clave:
La oposición busca que se revoquen las inhabilitaciones a sus líderes, que impiden la participación electoral de figuras clave, así como el fin de la intervención judicial sobre las organizaciones políticas de oposición.
Otro punto clave de la tercera ronda de negociaciones en Venezuela es la revisión de normativas de carácter punitivo, como la denominada Ley contra el Odio, aplicada en los últimos años para sancionar la disidencia política.
Desde la representación oficialista encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se propuso la modificación y “despenalización” de algunos aspectos de la norma, postura que resulta insuficiente para las organizaciones de la sociedad civil y los delegados opositores, quienes exigen su anulación definitiva.
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María Corina Machado y el debate por las candidaturas
Aunque el tema de las inhabilitaciones se aborda en términos institucionales dentro del marco de la mesa de diálogo en Venezuela, el caso emblemático se centra en María Corina Machado.
La líder opositora, quien reside en el exterior y denuncia reiterados bloqueos de ingreso por parte del oficialismo para su retorno al país, continúa inhabilitada para ejercer cargos públicos. Sin una resolución clara respecto al levantamiento de estas sanciones administrativas, la oposición considera que no existen condiciones plenas para el trazado de un cronograma electoral hacia elecciones presidenciales.
Por su parte, la representación gubernamental argumenta que las exigencias opositoras colisionan con las atribuciones del sistema de justicia y vinculan el avance de la agenda política con la exigencia de un levantamiento total de las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la comunidad internacional.
Cabe destacar que, desde el 1 de agosto, el chavismo y la oposición avanzaron en acuerdos centrados en medidas para atender la crisis tras el doble terremoto que sufrió el país, así como la liberación de presos políticos y levantamiento de vetos.
Sin dudas, uno de los hitos es la renovación de los poderes públicos, incluyendo el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Si bien se alcanzaron compromisos para renovar la magistratura del máximo tribunal y adaptar la normativa del poder judicial, la falta de consenso en torno a las candidaturas electorales mantiene en suspenso los próximos pasos de las negociaciones en Venezuela.
