Las denuncias en el contexto de la alta conflictividad que se vive en Medio Oriente y en Europa obligan a actuar al organismo con sede en La Haya.
El mundo observa con atención la evolución de los conflictos en Franja de Gaza y Ucrania, sobre las que recaen varias denuncias. Sudáfrica acusó a Israel de genocidio y el gobierno ucraniano mantiene dos procesos judiciales contra Rusia en medio de la guerra que se libra la región oriental.
Ambos casos los lleva la Corte Internacional de Justicia y, por el poder que le atribuye las Naciones Unidas, sus decisiones pueden cambiar el curso de los enfrentamientos. ¿Cómo se compone el tribunal y qué injerencia puede tener sobre los Estados involucrados?
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Origen y actualidad de la Corte Internacional
Como gran parte de los organismos de la ONU, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) nació prácticamente de la mano de dicha organización.
La CIJ surgió el 26 de junio de 1945 durante la Conferencia de San Francisco, como medida para garantizar la paz después del fin de la Primera Guerra Mundial. Fue sucesora de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que venía actuando desde 1921 producto de un tratado independiente de la Sociedad de las Naciones.
Durante la conferencia existió un debate sobre si se daba continuidad a la Corte Permanente o se creaba un órgano judicial nuevo, ya que la anterior corte se creó bajo la esfera de otra organización y había un conflicto de intereses con países que no formaban parte del estatuto, como Estados Unidos y la Unión Soviética.
Además, la vieja Corte estaba compuesta parcialmente por países neutrales o enemigos de los Aliados, el bando ganador de la Segunda Guerra Mundial.
Finalmente se decidió la creación de la Corte Internacional de Justicia y, como su antecesora, se radicó en La Haya, Países Bajos y heredó todo su capital judicial y tratados, además de basarse en su funcionamiento para redactar su estatuto.
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Conformada por 15 jurados de distintos países, sus funciones principales son intervenir y resolver las disputas que le sometan los Estados y emitir dictámenes u opiniones consultivas ante planteos de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad.
Cada resolución del tribunal es vinculante, final y no existe posibilidad de apelación y cada Estado Miembro de las Naciones Unidas involucrado se compromete automáticamente a obedecer cualquier sentencia.
Entre los casos más relevantes en los que intervienen, se encuentra un conflicto latente: el reclamo de Venezuela por la región del Esequibo y en el que la CIJ actualmente revisa el fallo del Laudo arbitral del 3 de octubre de 1899.
En la actualidad, la Corte Internacional de Justicia está presidida por Estados Unidos y Rusia, y los otros 13 puestos están ocupados por jueces de Eslovaquia, Francia, Marruecos, Somalia, China, Uganda, India, Jamaica, Líbano, Japón, Alemania, Australia y Brasil.
La solicitud de Sudáfrica a la CIJ
En los últimos años, la Corte Internacional admitió tres pedidos de intervención en conflictos militares claves para el mundo: dos procesos de demanda de Ucrania a Rusia y una solicitud de Sudáfrica en contra de Israel.
El pedido que ya tuvo dictamen fue la acusación de Sudáfrica a Israel de ser responsable de cometer un genocidio en Franja de Gaza. En el mismo se solicitaban nueve medidas preventivas, entre ellas la suspensión de las operaciones militares.
El equipo jurídico sudafricano argumentaba que las acciones del ejército israelí “son de carácter genocida porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino”.
Finalmente, el pasado 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia instó a Israel a “tomar todas las medidas posibles” para impedir el genocidio en Gaza, decisión que dejó conformes a las tres partes involucradas, aunque los representantes sudafricanos esperaban que la CIJ exijiera la detención de la guerra.
El caso de Ucrania y Rusia
En el contexto de la guerra con Rusia, el gobierno ucraniano presentó dos denuncias en las que acusa al Estado ruso por violaciones a las convenciones internacionales relativas a la financiación del terrorismo, discriminación racial en el medio de su injerencia política en el país, y ocupación de territorios.
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Ucrania argumenta que Rusia inició en 2004 un proceso de intervencionismo político hasta el punto de ocupar por la fuerza la Península de Crimea e iniciar una guerra para controlar la región del Donbás, con el antecedente de otorgar financiamiento a grupos prorrusos para realizar insurrecciones.
Hoy, desde el Palacio de la Paz de la Haya, la CIJ se pronunció al respecto y estableció que Moscú no investigó acusaciones sobre fondos enviados de Rusia hacia Ucrania que podrían haber sido destinados al financiamiento del terrorismo. Esta acción constituye una violación al tratado antiterrorista de la ONU.
Al mismo tiempo, los jueces instaron a Rusia a cumplir con las normativas correspondientes pero rechazaron la petición de reparaciones presentada por Kiev.
Por otro lado, el viernes, la Corte se pronunciará sobre la acusación referida a la supuesta falsa aplicación rusa de la Convención sobre el Genocidio de 1948, que justificó la invasión del 24 de febrero de 2022.
