La crisis desatada por el colapso e intervención de Ueno Bank escaló a un conflicto institucional directo en Paraguay. Bloques de la oposición, junto a sectores disidentes del Partido Colorado, presentaron formalmente en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana por presunta responsabilidad política y fallas graves de supervisión financiera.
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Qué pasó con Ueno Bank: las claves del escándalo financiero
La intervención de la entidad por inconsistencias en los fondos detonó la peor tormenta financiera de los últimos años en el país. La medida dejó a cerca de tres millones de clientes con dificultades o bloqueo de acceso a sus cuentas.
Ueno Bank administraba cerca de 850 millones de dólares correspondientes a fondos del Estado, de los cuales alrededor de 380 millones pertenecían a colocaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), afectando las reservas de pensiones y salud.
El escándalo derivó en la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y la detención de directivos de la entidad bancaria tras denuncias elevadas ante la Fiscalía.
Ante las protestas de ahorristas en las calles, el Parlamento y el Ejecutivo tramitaron medidas de emergencia para liberar desembolsos iniciales mediante el fondo de garantía de depósitos.
Juicio político: ¿qué puede pasar con Santiago Peña?
El proceso de juicio político en Paraguay está reglamentado por el artículo 225 de la Constitución Nacional y consta de dos etapas obligatorias.
En primer lugar, la etapa de acusación (admisibilidad). Se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, donde se exige una mayoría calificada de dos tercios para admitir el trámite. Esto equivale a reunir al menos 53 votos sobre un total de 80 miembros.
De ser aprobado en Diputados, se prosigue con la etapa de juzgamiento: Corresponde a la Cámara de Senadores, que se constituye en tribunal. Para resolver la condena y destitución del mandatario se requiere también una mayoría calificada de dos tercios, lo que representa un piso de 30 votos sobre los 45 miembros del cuerpo.
El pedido de juicio político contra Santiago Peña fue firmado inicialmente por 35 diputados, entre fuerzas opositoras como el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y bancadas afines.
Para alcanzar los 53 votos requeridos para aprobar la acusación y elevar el expediente al Senado, la oposición necesita captar el respaldo del bloque disidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR / Colorado Añetete).
Si no se llega a la barrera de los 53 escaños en Diputados, la acusación quedará archivada. En caso de superar ese filtro, el Senado asumirá el rol de tribunal y sólo podrá decretar la destitución del mandatario si reúne un mínimo de 30 votos.
