La intervención y resolución de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) desató una tormenta institucional sin precedentes en el país. Lo que comenzó como un acelerado deterioro de solvencia y liquidez en una de las entidades bancarias más promocionadas del sector fintech devino en un colapso generalizado: directivos imputados, ahorristas protestando frente a las sucursales, la salida forzada de la máxima autoridad monetaria y una oposición parlamentaria que ya impulsa el juicio político contra el presidente Santiago Peña.
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¿Qué pasó con Ueno Bank y con los ahorros de sus clientes?
La caída de la entidad se precipitó tras exhaustivas auditorías que confirmaron graves anomalías estructurales: una profunda crisis de liquidez alimentada por préstamos cruzados irregulares a compañías ligadas al Grupo Vázquez (propietario del banco), deficiencias críticas en la calidad de su cartera de créditos y balances comprometidos.
Ante la imposibilidad del banco de responder por sus pasivos, el Banco Central del Paraguay declaró formalmente el inicio del proceso de resolución bancaria, figura legal que implica su liquidación, disolución y salida definitiva del sistema financiero. En paralelo, la Justicia dictó órdenes de detención contra miembros del directorio e impuso embargos preventivos sobre los patrimonios de los principales accionistas.
Para los más de tres millones de clientes y usuarios de la entidad, el impacto generó escenas de angustia en todo el país. La restitución de los depósitos particulares recae en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que por ley cubre hasta 75 salarios mínimos por persona (aproximadamente 228,3 millones de guaraníes o unos 38.000 dólares).
Este mecanismo garantiza la devolución del 100% de los fondos a cerca del 97% de los clientes minoristas, aunque con los plazos burocráticos que impone la liquidación. Sin embargo, todos aquellos ahorristas con montos superiores al tope quedaron desprotegidos frente a las pérdidas.
La alarma mayúscula estalló en los fondos públicos: Ueno Bank retenía cientos de millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), comprometiendo directamente las reservas jubilatorias de miles de trabajadores. Además, la entidad tenía depósitos de empresas estatales como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y fondos de la binacional Itaipú, sumas colosales que no quedan cubiertas por el FGD y cuya recuperación permanece en grave incertidumbre.
El descalabro cobró de inmediato su primera pieza clave en el aparato estatal. El presidente Santiago Peña exigió a través de sus redes sociales la renuncia inmediata del titular del BCP, Carlos Carvallo.
La salida de Carvallo expuso un severo conflicto de intereses: antes de ser designado por Peña como superintendente del sistema bancario nacional, había sido directivo de Ueno. Sectores políticos, técnicos y sociales cuestionaron con dureza la presunta complicidad y la lentitud del ente regulador, acusándolo de haber demorado las alertas sobre el banco y permitir que la entidad continuara captando depósitos pese a las evidentes grietas en sus balances.
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¿Juicio político?: El cerco sobre Santiago Peña y Pedro Alliana
La crisis golpeó en la línea de flotación del Poder Ejecutivo. Ueno Bank y su grupo controlante mantuvieron vínculos de consultoría y acuerdos comerciales estrechos con Santiago Peña antes y durante su llegada a la presidencia, relación que profundizó las sospechas de un trato de favor político que aceleró la llegada masiva de fondos previsionales del Estado a las arcas de una entidad insolvente.
En la Cámara de Diputados, las bancadas de la oposición unieron fuerzas para firmar y presentar un libelo acusatorio de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana bajo la causal de mal desempeño de funciones.
El impacto desarticuló por completo la agenda del oficialismo: Alliana se vio forzado a suspender su precandidatura presidencial anticipada para 2028, mientras el bloque de Honor Colorado intenta contener el descontento popular y blindar en el Congreso un rescate legislativo que frene la sangría económica y evite la caída del gobierno.
