En una de las peores crisis de seguridad en África, el ejército de Malí enfrenta el avance de los grupos rebeldes, que se acercan a la capital, Bamako. El conflicto desestabiliza al nuevo eje regional que conforman los gobiernos militares de Malí, Burkina Faso y Níger, reunidos en la Alianza de Estados del Sahel.
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El asesinato del ministro de Defensa maliense, Sadio Camara, en un ataque contra su residencia de Kati, a 15 kilómetros de Bamako, es un duro golpe al gobierno. Los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) y los rebeldes tuareg del Frente de Liberación de Azawad (FLA) se han atribuido el ataque.
Las Fuerzas Armadas de Malí aseguraron que la situación se encuentra “totalmente bajo control” y llamó a la población a mantener la calma. Sin embargo, las fuerzas insurgentes afirman tener bajo su control la ciudad de Kidal –que había sido recuperada por el gobierno en 2023– y haber alcanzado unacuerdo con las tropas rusas del Afrika Corps, aliadas de la junta militar, para el desalojo de la zona.
Malí: cercanía al Kremlin y “yihad económica” de los rebeldes
En sus cinco años de gobierno, la junta militar de Malí ha promovido un nuevo eje de poder con sus vecinos del Sahel y se ha volcado hacia Rusia para garantizar su seguridad. Tras la retirada de las tropas francesas, y de las fuerzas de la Minusma, la misión de paz de Naciones Unidas en el país, el gobierno maliense firmó un acuerdo de cooperación militar con el Kremlin.
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En agosto de 2025, el JNIM, grupo asociado a Al Qaeda, anunció un bloqueo al ingreso de combustible desde los países vecinos, cuyas rutas principales conectan a Malí –país que no cuenta con salida al mar– con Senegal y Costa de Marfil. Los cortes de carretera y los ataques contra camiones cisterna pusieronen jaque el abastecimiento de Bamako y otros centros urbanos.
En julio del año pasado, el general Goïta, presidente de facto de Malí, fue confirmado por el Consejo Nacional de Transición (CNT) para un mandato de cinco años (2025-2030). Por alegadas “razones de orden público”, el gobierno mantiene la prohibición de todas las manifestaciones y actividades políticas. La oposición en el exilio, bajo el paraguas de la Coalición de Fuerzas por la República (CFR), ha denunciado “las deficiencias de seguridad del régimen militar” y exige la convocatoria a un diálogo nacional.
