El investigador del Conicet, ganador del Premio Taeda,  indagó en las causas de la acumulación de “cuasi rentas de privilegio” en el sector petrolero en los 90 y explica qué cambia con la nueva política en el sector a partir de la nacionalización de YPF.

– ¿A qué atribuye la naturalización que tuvo a comienzos de los 90 el discurso justificador de las reformas neoliberales y cómo explica el consenso social en el caso de la privatización de YPF?

– En primer lugar, aunque parezcan contradictorios, parte de la explicación radica en cómo en determinados contextos históricos, ciertos discursos se vuelven legítimos como resultados de las disputas entre sectores sociales con intereses diferentes. No es posible entender la privatización de YPF si antes no se toma en consideración el largo proceso de degradación económica y cultural que desde la última dictadura cívico-militar se llevó adelante respecto de todo lo que fuera estatal. No hay dudas de que hacia finales de los 80 las empresas estatales brindaban servicios muy deficientes. Sin embargo, el fracaso del modelo neoliberal para lograr una justa distribución de los recursos se evidenció en la crisis del 2001. La nacionalización de YPF se constituyó en un hito de vital importancia en la recuperación del rol preponderante del Estado para generar procesos virtuosos de desarrollo económico. La recuperación del imaginario donde “lo público” puede ser tan eficiente como “lo privado” resultó posible gracias a la confrontación ideológica del kirchnerismo contra el neoliberalismo más puro, que aún pretende desregulación, privatización y apertura comercial irrestricta como fundamentos para lograr el crecimiento económico. El contundente apoyo popular a la expropiación de YPF sólo puede ser entendido en el marco de la eficiente gestión estatal a partir de la recuperación de otras empresas, como es el caso del Correo, AySA, las AFJP y Aerolíneas Argentinas, que ayudaron a revertir la constante descalificación sobre la capacidad empresaria del Estado introducida durante muchos años por la lógica neoliberal.

– ¿Qué rol jugó la conducción de YPF en el período posterior a la “desregulación” de la actividad petrolera y previo al ingreso de Repsol como accionista mayoritario?

– Una vez que se constituyó en Sociedad Anónima el 31 de diciembre de 1990, bajo el decreto 2778/90, estuvo claro desde un comienzo que había privatizar YPF y  “correr” al Estado de la dirección estratégica de esta industria. Todos los interventores y presidentes que tuvo YPF, no sólo desde que se privatizó, sino incluso desde los últimos años del alfonsinismo, abogaron por la liberalización comercial y la desregulación sectorial. Sostenían que para aumentar la extracción, había que habilitar la libre disponibilidad del crudo para los operadores de las áreas nacionales. La penetración del ideario neoliberal en la industria permitió desacoplar el ritmo de extracción interna de hidrocarburos de la dinámica económica nacional, en busca de lograr saldos exportables para colocar el crudo “excedente” en el mercado internacional. Esta fue una de las estrategias que habilitó tanto a YPF como al resto de los operadores privados, una rápida captación de renta a través de una estrategia de corto plazo.  Esto quedó reflejado en los indicadores de rendimiento de la industria, que muestra una rápida expansión de la extracción tanto de gas como de petróleo, que no fue acompañada por un mismo ritmo de reposición de reservas. Esto llevó a una caída sostenida del horizonte de reservas, que se vería agravado en la siguiente década por una profundización de esta dinámica para la captación de renta en el menor plazo posible.

– ¿Qué papel tuvieron las provincias productoras de hidrocarburos en el proceso de privatización de YPF?

– Más allá de los distintos posicionamientos que cada una de las provincias petroleras tuvo frente a los proyectos de privatización de YPF que estaban en pugna, no caben dudas de que el lobby estuvo centrado en dos aspectos: por un lado, quién se quedaba con la renta pública de la explotación petrolera; y, por otro, a quién pertenecía el dominio de los recursos. En cuanto al primero, los gobernadores presionaban para que las regalías que las empresas privadas pagaran por la exploración de los recursos petroleros quedaran en potestad de las provincias. Respecto al segundo punto, el fundamento para que las regalías permanecieran en las provincias se fundaba en la avanzada de estas sobre el dominio de los recursos naturales. Este tuvo como consecuencia que, en la reforma constitucional de 1994, en el artículo 124 quedara legislado que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”; el mismo punto sería profundizado por la ley 26.197 de 2007, conocida como “ley corta”, que establece dicha transferencia constitucional del dominio de los recursos. Esta transformación no sólo produjo una inequidad distributiva muy grande entre las provincias que tenían capacidad de recaudación fiscal a partir de la explotación privada de los recursos naturales respecto de aquellas provincias que no lo tenían. También se convirtió en un obstáculo para la planificación integral y nacional de las políticas petroleras. Sin embargo, en la actualidad esta situación intenta ser revertida por La ley de Soberanía Hidrocarburífera, que involucra a la expropiación de YPF, y por el Decreto 1277/12.