La minería ilegal provocó incendios en parques nacionales para presionar al gobierno de Luis Arce en busca de licencias para extraer oro.
Por Nataniel Peirano
El extractivismo está generando conflictos en todo el mundo y recientemente este problema se acrecentó en Latinoamérica. Las cooperativas mineras en Bolivia buscan expandir las áreas de operación y para esto apuntan a varias áreas protegidas. Con protestas en La Paz, incendios y presiones, lograron que las autoridades autoricen las explotaciones de oro.
La flora, la fauna y las poblaciones que viven en estos parques son los principales afectados por esta decisión que vulnera el medio ambiente y tiene como único motivo el beneficio económico.
El oro, la principal fuente de ingresos para Bolivia
El gobierno de Luis Arce cedió ante las protestas de más de 80.000 trabajadores de la minería en la capital, y los incendios provocados en los parques nacionales Madidi y Noel Kempff. No solo autorizó las licencias para extraer oro en áreas protegidas, sino que sentó un alarmante precedente para el poder minero.
La minería es la principal actividad exportadora del país: solo el oro representó 1.791 millones de dólares en exportaciones de enero a agosto del 2023. En contraste con otras actividades, Bolivia exportó gas valuado en 1.421 millones en el mismo período.
La problemática radica en que la actividad minera ya explotó el 94% de los recursos ubicados en los yacimientos de oro habilitados por el gobierno nacional. Desde 2006 a 2022, se obtuvieron beneficios por 16.284 millones de dólares y solo el 2% total llegó a manos del Estado.
Para seguir funcionando, la minería tenía que buscar otras ubicaciones. En este sentido, las áreas protegidas, que hasta ahora eran intocables, son una gran posibilidad de explotación. Sin este ingreso, tanto la industria como la estructura gubernamental se podrían ver afectadas.
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De mercurio a cianuro, el peligro de la contaminación extractivista
Más allá del expansionismo, la contaminación y el daño ambiental están en la agenda. El uso de mercurio afectó notablemente los ríos de la Amazonía boliviana y el Poder Judicial, ante reclamos y estudios de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), terminó prohibiendo la actividad en los ríos Madre de Dios, Beni y sus afluentes.
El estudio de CPILAP tomó muestras del cabello en 36 comunidades de los pueblos indígenas, y concluyó, que en el 74,5% de las personas analizadas, los niveles de mercurio superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El gobierno decretó la regulación del mercurio, pero algunas cooperativas no tardaron en optar por el cianuro. Hay preocupación de que la difícil manipulación de este químico termine afectando a quienes lo manipulan, se filtre en el suelo y termine afectando incluso a los animales.
Históricamente, las grandes mineras reportaron problemas con el cianuro y las 1.700 cooperativas de menor tamaño y recursos que operan en Bolivia no son una excepción.
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La minería en Bolivia, similar a lo que sucede en Latinoamérica
Lamentablemente, Bolivia no es un caso aislado en Latinoamérica y comparte similitudes con las operaciones mineras en otros países. Argentina, Colombia y Panamá, por diversas cuestiones, enfrentaron como Bolivia los procesos mineros que muchas veces traen beneficios económicos a cambio de perjuicios ambientales y sanitarios.
Argentina tuvo el icónico caso del pueblo Famatina, que enfrentó con éxito a cuatro empresas mineras en La Rioja en defensa del acceso al agua potable, mientras que las provincias de Mendoza y Chubut pudieron frenar el uso de químicos, altamente contaminantes, y la ampliación de la industria con zonificaciones a gran escala.
Colombia no pudo evitar los graves daños causados por la irresponsabilidad que caracteriza a la minería ilegal y perdió, solo en Antioquia, cerca de 500.000 hectáreas de bosques en los últimos 20 años con reportes de alta deforestación. La zona del Bajo Cauca se ve amenazada por la depredación de la minería ilegal, con dragas artesanales y equipamiento importado de Brasil y la comercialización de madera producto de la tala indiscriminada de árboles.
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En octubre de este año, Panamá está atravesando un largo proceso social de oposición a la extracción en el yacimiento de cobre más importante de Centroamérica, ubicado en la provincia de Colón. El contrato que nuevamente se quiso aprobar tiene denuncias desde 2009 de impacto ambiental, apropiación del agua y el territorio, y recién en 2017 se logró la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema. Las distintas empresas que operaron en Colón están emparentadas por apropiarse del acceso al agua y del espacio aéreo y terrestre.
La minería sin restricciones trae grandes perjuicios al medioambiente, como se pudo ver con el daño irreversible que sufrió Colombia con la tala indiscriminada de árboles o en Argentina y Panamá con procesos a espaldas de los habitantes que viven cerca de los yacimientos, incluso con apropiación de tierras y de las fuentes de agua.
Bolivia, con la entrega de áreas protegidas y la determinación política de no controlar la minería ilegal, delega la soberanía de sus tierras a cambio de beneficios económicos y consecuencias directas en la salud de sus habitantes.
