La reforma se fija como objetivo central la atracción de capital privado para elevar la producción de crudo, sin que ello implique romper con el monopolio estatal de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyas reservas totales ascienden a 44.530 millones de barriles de petróleo crudo.

“Tenemos que asegurar la participación del sector privado en mecanismos que, además, ya están probados en otras partes del mundo, y que sin perder la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos, den esta facilidad y esta oportunidad”, aseguró el jefe de Estado durante su reciente gira europea, en la que expuso los detalles de la reforma. “Lo que buscamos es ampliar la capacidad de Pemex bajo la base y sobre un consenso que tenemos con las fuerzas políticas y que tiene el propio Gobierno de la República: el Estado debe mantener la propiedad de los hidrocarburos y la rectoría sobre Pemex”.

En esa misma línea, el titular del Comité Ejecutivo Nacional del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho, enfatizó que el objetivo de la administración Peña Nieto es convertir al sector hidrocarburífero en “el motor del crecimiento económico, que atraiga inversión, fomente el desarrollo tecnológico e integre cadenas productivas con mayor valor agregado que generen más empleos mejor pagados, fortaleciendo la rectoría del Estado”. “La idea es alcanzar la recuperación financiera de Pemex, a través del establecimiento de un régimen fiscal competitivo que le asegure recursos propios y suficientes, para que cumpla sus objetivos con eficacia y eficiencia”, añadió.

“De esa manera -especificó Camacho- Pemex podrá ampliar la planta petroquímica básica, fortalecer y extender las redes de ductos y tanques de almacenamiento y promover el desarrollo científico y tecnológico; bajo un sistema de transparencia, control y rendición de cuentas efectivo que permitan un manejo eficaz y público de los recursos. Para ello, es necesario dotarla de las reglas de gobierno corporativo y de transparencia, como los de otras empresas productivas de clase mundial”.

El proyecto del Poder Ejecutivo ha abierto una brecha en la oposición de centro-izquierdista. El fundador e histórico líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas, aseguró que el riesgo de no encarar una reforma del sector es que “no se modernice la industria petrolera, que Pemex no desarrolle todo el potencial que puede desarrollar a favor del crecimiento económico, de la industria del país, de desarrollos regionales, de generación de empleos”. En cambio, el ex candidato presidencial Manuel López Obrador, principal referente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó que “no hace falta ninguna reforma” y que “lo que se necesita es combatir la corrupción en Pemex”.

La otra gran fuerza opositora, el centro-derechista Partido Acción Nacional (PAN) -al que pertenecen los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón- respaldó la necesidad de una reforma energética, alertó sobre el “estado crítico” de Pemex y pidió hacer a un lado los tabúes ideológicos para afrontar el debate parlamentario. “Quienes se niegan a reformar el sector energético no se han puesto a pensar en los mexicanos. México no puede negarse a la realidad, por tabúes. El modelo ya está agotado”, opinó el líder nacional del PAN, Gustavo Madero.