La disputa internacional de Estados Unidos y China por los recursos estratégicos y la riqueza local representa una clara oportunidad para que Argentina desarrolle distintos proyectos de tierras raras.
Sin embargo, el potencial argentino enfrenta una serie de desafíos, entre ellos la necesidad de construir un marco legal propicio para las inversiones de riesgo. DEF consultó sobre este tema a Julio Theaux, doctor en Ciencias Económicas, vicepresidente de ASIS International en Argentina y director de Investigaciones y Estrategia Académica.
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Los proyectos en Argentina: ubicación, financiamiento y tecnología
-¿Qué proyectos hay en marcha y qué otros podrían darse en los próximos años?
Todos se encuentran aún en etapas de exploración temprana o intermedia, pero el país cuenta con recursos cuantificados en más de 190.000 toneladas.
Los focos de mayor interés son el yacimiento Rodeo de los Molles (San Luis), considerado el más importante con concentraciones de 2,1% de óxidos de tierras raras; el Distrito Rangel, en la Puna de Salta y Jujuy; el área de Jasimampa (Santiago del Estero); el Valle Fértil (San Juan) y las prometedoras arcillas iónicas en Barker (Buenos Aires), que permitirían extracciones a menores costos.
En los próximos años, se espera que el amparo del régimen RIGI fomente la llegada de las enormes inversiones de riesgo necesarias para llevar estos blancos geológicos a la etapa de factibilidad industrial.
Para que Argentina no sea un simple espectador en la “guerra fría mineral” y alcance su verdadero potencial, debe ejecutar una estrategia en tres dimensiones fundamentales. La primera es la industrialización y evasión de la “Trampa de la Cantera”. El mayor riesgo para Argentina es la primarización: exportar roca cruda o concentrados básicos sin capturar el inmenso valor de la cadena tecnológica.
Para evitarlo, el país debe aprovechar el financiamiento multilateral. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea han lanzado iniciativas y fondos (apalancando hasta US$140 millones) para apoyar técnica y financieramente a los países latinoamericanos en el desarrollo de cadenas de valor “aguas abajo” (refinación y procesamiento).
También se deben condicionar incentivos a la transferencia tecnológica. Los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberían orientarse a la creación de plantas piloto de refinado químico y eventualmente, fábricas de imanes permanentes. En este sentido, Taiwán y países europeos se perfilan como socios estratégicos ideales que buscan diversificar sus fuentes fuera de Asia y poseen el know-how industrial.
Otro aspecto clave es asegurar contratos de suministro a largo plazo. Como advierte el BID, firmar acuerdos a 20 o 30 años bajo el modelo friend-shoring es vital para reducir la brecha de costos frente al monopolio asiático y dar viabilidad a las costosas plantas de separación.
La segunda dimensión es la Doctrina de “Inteligencia Mineral Soberana”. Al tratarse de un mercado opaco y manipulable, Argentina debe adoptar una doctrina de seguridad mineral. Esto implica crear reservas estratégicas y monitorear los precios de referencia privados para proteger a los productores locales de la volatilidad y el “dumping” de precios que China suele utilizar para quebrar proyectos emergentes en Occidente.
La tercera y última parte de la estrategia necesaria es la Gobernanza Socioambiental Estricta. Las tierras raras conllevan una “paradoja medioambiental”. Su extracción suele estar asociada a elementos radiactivos, como el torio y el uranio, y su separación requiere volúmenes masivos de ácidos fuertes y agua. El Estado debe exigir tecnologías de ahorro hídrico extremo y gestión impecable de efluentes. Sin un control riguroso, los proyectos enfrentarán un alto rechazo social (como ha ocurrido con la minería en otras provincias), lo que paralizaría las inversiones. Este punto es central, dado que va a ser y es uno de los principales frenos por parte de ambientalistas en nuestro país.
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Las tierras raras y los desafíos jurídicos para consolidar soberanía
-¿Qué debe hacerse en materia de seguridad jurídica en Argentina?
-El debate sobre la seguridad jurídica en Argentina ha cobrado una relevancia estratégica sin precedentes tras el reciente Congreso del William J. Perry Center (WP). En dicho encuentro en la UNDEF, junto a los senadores Agustín Coto, Juan Cruz Godoy y Enzo Fullone, se llegó a una conclusión unívoca: Argentina posee un potencial minero extraordinario, pero sin un resguardo jurídico integral, el país está condenado a ser un mero proveedor de materia prima.
Para trascender la extracción y convertirnos en desarrolladores de productos refinados, es imperativo modificar leyes esenciales que conformen un verdadero blindaje soberano. No se trata solo de atraer capital, sino de proteger el futuro industrial de la nación.
Para que un inversor de friend-shoring elija a la Argentina por sobre otros destinos globales, el Estado debe garantizar que los activos más valiosos —el conocimiento técnico y el material sensible— estén protegidos por ley. Sin este escudo, ningún proyecto de gran envergadura logrará radicarse de forma sostenible.
Es urgente reformar la Ley de Propiedad Intelectual para crear un registro de Patentes de Interés Estratégico. Esto garantiza que el corazón de la operatoria, el refinado de tierras raras, no pueda ser apropiado discrecionalmente por estados provinciales, municipales o nacionales. Este punto es esencial en este tipo de proyectos.
La garantía de confidencialidad también es importante debido a que, sin esta protección bajo estándares internacionales, las empresas seguirán prefiriendo exportar el mineral bruto para procesarlo en China. La seguridad de la propiedad intelectual es la única llave real para la industrialización local, punto con el que los senadores estuvieron de acuerdo.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta la dimensión de seguridad. Los minerales críticos no son commodities comunes; su procesamiento genera isótopos radioactivos (como el Torio) y subproductos de uso dual. Este material requiere protocolos de control donde las Fuerzas Armadas poseen capacidades que exceden a las fuerzas de seguridad convencionales.
Resulta imperativo articular la Ley de Seguridad Interior con la de Defensa Nacional. No buscamos “policializar” a los militares, sino facultar a las FF.AA. para la custodia de infraestructuras críticas y materiales sensibles bajo un marco legal transparente. Este es un estándar de seguridad que potencias como EE. UU. exigen a sus aliados para el manejo de materiales con potencial radioactivo.
-¿Qué rol tiene la capacitación?
La cuestión académica es un aspecto central al hablar de tierras raras. La seguridad jurídica es, en última instancia, seguridad de talento.
Hoy, muchas provincias exigen por ley un cupo de empleo local del 90%. Sin embargo, este requisito es de imposible cumplimiento si no existe personal capacitado en los estamentos operativos. Las currículas actuales son obsoletas y no cubren los desarrollos en minerales críticos ni las nuevas matrices energéticas, y estamos haciendo referencia a profesionales con carrera de grado, aunque lo mismo corre para el personal operativo.
Para alcanzar esta condición, debe reformarse la Ley de Educación Superior (LES) para permitir que universidades como la UNDEF o las nacionales del Noroeste Argentino, integren de forma ágil materias de Geopolítica de los Recursos, Ingeniería de Tierras Raras y Derecho Minero Internacional. Solo formando el “cerebro” del proyecto en suelo argentino podremos proteger la soberanía tecnológica a largo plazo.
Por último, la verdadera seguridad jurídica para la Argentina del 2026 no se agota en el déficit cero. Se construye en la intersección de una Ley de Propiedad Intelectual que proteja la ciencia, una Ley de Educación Superior que forme a los expertos y una articulación entre Defensa y Seguridad Interior que custodie los recursos y sus subproductos. Solo con este escudo tridimensional, Argentina dejará de ser un “espectador geológico” para transformarse en un líder tecnológico en el mercado global.
