Un nuevo enfoque para combatir el tráfico ilegal de estupefacientes debería ahorrar esfuerzos derrochados en políticas coordinadas y concentrarse en perseguir a aquellas organizaciones más violentas y con poder de fuego.

En un reciente y polémico artículo aparecido en la revista Foreign Affairs (en su edición de septiembre-octubre de 2011), titulado “Surgical strikes in the drug wars. Smarter policies for both sides of the border”, su autor, Mark Kleiman, convoca a ir más allá de las dos ideas fuerza que de manera cíclica se interponen en los debates sobre la lucha contra el narcotráfico: una guerra que aniquile esta actividad o su progresiva e inevitable legalización. Esta última ha ganado fuerza en los últimos años, de la mano de personalidades como ex presidentes de Brasil, Colombia y México, así como escritores, entre ellos Mario Vargas Llosa.

Asimismo, estados como el de California llevaron a cabo recientemente un referéndum para aprobar la legalización del consumo de drogas consideradas blandas, como la marihuana, y obtuvieron un 46% de voto afirmativo. En todo momento, el artículo busca alertar sobre los clichés y las simplificaciones que proliferan al momento de comparar lo que sucedió con el alcohol post Ley Seca en los EE. UU. en los años 20 y el comercio de drogas presente. También convoca a darle una visión integral a la cuestión del narcotráfico, poniendo el foco en los casos que ligan en un circuito infernal a México como productor de drogas tales como metanfetaminas y marihuana, y su rol de camino para la cocaína colombiana y andina. En este sentido, puntualiza la necesidad de darle una central atención al tráfico de armas y municiones como así también a otras tecnologías desde EE. UU. a territorio mexicano.

La propuesta polémica y novedosa es evitar seguir dilapidando fuerzas y recursos en un combate que se asemeja diariamente a la imagen de Sísifo subiendo la piedra por la colina para que vuelva a caer. En este sentido, los masivos y descoordinados rastrillajes contra vendedores medianos y pequeños, tanto violentos como no violentos, en territorio estadounidense hacen que exista medio millón de presos por ese delito. En su visión, el énfasis tendría que estar puesto en detectar y detener a aquellos vendedores y redes más propensas al uso de la violencia y que buscan algún tipo de control territorial o zonas liberadas. Asimismo, cita casos novedosos que se vienen dando en algunos estados de la Unión en materia de evitar encarcelamientos masivos de consumidores de drogas como metanfetaminas y recurrir a mecanismos de persuasión, monitoreo y advertencia.

En lo que respecta a países inmersos en una guerra del narcotráfico entre sí y contra el Estado, tal como ocurre en México, la estrategia propuesta es centralizar los esfuerzos en apabullar con todos los medios armados, de inteligencia y legales, a las organizaciones que busquen formas más violentas y exitosas de articular zonas liberadas. Si bien admite que ello podría sacarles presión en términos relativos a las organizaciones criminales relevantes que operan en el narcotráfico mexicano, unas seis, también permitiría ser más contundentes sobre las organizaciones más crueles y militarizadas, y transmitir un mensaje a las otras para que busquen hacer negocios pero con menos uso del terror y la muerte. En otras palabras, el foco de las políticas del Estado y sus aliados internacionales debería estar puesto en desgastar en todo lo posible los brazos armados y militarizados de las redes y carteles, así como a los planificadores de este flanco bélico del narcotráfico. De más esta decir que un EE. UU. consciente y firmemente decidido a dañar los flujos de armas, municiones y explosivos es un componente fundamental en todo este esfuerzo.

En momentos en que nuestro país ya lidera el consumo per cápita a nivel latinoamericano de cocaína, cuando se descubren redes mexicanas, colombianas y hasta balcánicas que utilizan a la Argentina como puerto de salida de la droga, y con casos en donde ya se registran escenas de “sicariato” y portación de armas largas y de guerra, la propuesta de este autor es digna de ser tenida en cuenta. En especial, sus párrafos dedicados al tema de la recuperación de adictos y a la forma de pensar los rastrillajes contra los vendedores en las calles. No hay ni que decir que si en el próximo lustro no se desarrolla una política seria y articulada en la lucha contra el narcotráfico y los crímenes conexos, habrá que releer las propuestas destinadas por el mismo artículo a redimensionar y debilitar las estructuras militarizadas de los traficantes de drogas. Tanto México como Brasil y antes Colombia ya han tenido y tienen que afrontar esta cuestión. Si bien no está en nuestro ADN nacional prevenir y pensar en el mediano y largo plazo, esperemos que el horror que vemos en estos países hermanos lleve a los tomadores de decisiones y a la misma sociedad a actuar.

El hecho de que Brasil haya lanzado en los últimos dos años una estrategia integrada (militar, policial y social) en varias de las principales favelas de Río de Janeiro con el objeto de desarticular los brazos armados (con material bélico y explosivos) del narcotráfico con un mix de ofensivas unidades de las FF. AA. y fuerzas especiales de la policía, seguidas de las denominadas unidades de pacificación (destinadas al desarrollo de políticas socioeconómicas, culturales, recreativas, de infraestructura, etc.), con vistas a mejorar los niveles de seguridad del próximo mundial de fútbol y juegos olímpicos, debería ser detenidamente analizado en la Argentina. Cabe recordar que tal como en otros casos nacionales, las presiones de un país sobre el narcotráfico han generado el corrimiento o traslado hacia países y zonas vecinas. En el caso de que nuestro país no asuma la amenaza que el crimen organizado y el narcotráfico representan para su seguridad y estabilidad, deberemos enfrentar la fase más desafiante y sangrienta del tráfico de drogas.