“En un contexto internacional atravesado por conflictos, amenazas híbridas y crecientes disputas estratégicas, resulta necesario que nuestro país cuente con un Sistema de Defensa preparado para proteger sus capacidades, su soberanía y su estabilidad”, comunicaron desde el Ministerio de Defensa al dar a conocer los cambios en materia de inteligencia y contrainteligencia en el instrumento militar.
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De acuerdo al comunicado del organismo encabezado por el teniente general Carlos Alberto Presti, los cambios tomados a partir de la resolución 323/2026 apuntan a fortalecer las herramientas de prevención con un objetivo: “cuidar la paz social y proteger la tranquilidad”.
¿Qué dice la resolución 323/2026 del Ministerio de Defensa?
De acuerdo con la cartera castrense, la resolución 323/2026, impulsada por el Teniente General Carlos Alberto Presti, adecua el Sistema de Inteligencia de la Defensa (SIDEF) en base a los lineamientos con los que se reorganizó el Sistema de Inteligencia Nacional: redefine las funciones de esta disciplina militar frente a amenazas externas y actores estratégicos.
“El Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF), subsistema que integra el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), estará conformado por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO), la Dirección General de Inteligencia Del Ejército Argentino (DGIE), la Dirección General de Inteligencia de la Armada Argentina (DGIA) y la Dirección General de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina (DGIFAA). Las direcciones generales de inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los estados mayores generales de las Fuerzas Armadas deberán considerarse como componentes independientes entre sí y bajo control funcional de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”, plantea el artículo número 2 del documento.
De acuerdo con la cartera, la nueva normativa corrige una “anomalía doctrinaria e ideológica” que durante 20 años (2006, con Nilda Garré como ministra) limitó las capacidades esenciales del Sistema de Defensa al separar de manera artificial la inteligencia de la contrainteligencia: “una situación excepcional dentro de los sistemas de defensa modernos, y que genera grandes vulnerabilidades frente a operaciones externas de influencia, obtención de información sensible y acciones dirigidas a afectar personal, infraestructura y capacidades militares”.
Contrainteligencia, control y modernización: los ejes de la reforma del Ministerio de Defensa
“La nueva resolución se inscribe en un proceso más amplio de modernización, integración y coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional”, señalaron desde la cartera, y añadieron: “Además de restablecer capacidades de contrainteligencia militar, fortalece la conducción conjunta y establece mecanismos explícitos de control y coordinación institucional a través de la SIDE”.
En esa línea, el comunicado explica que, de acuerdo con el artículo número 6 de la resolución, es la Secretaria de Estrategia y Asuntos Militares, a cargo del general de división Jorge Alberto Puebla, la que efectuará los requerimientos de inteligencia en función de las necesidades de la defensa. Cuando lo haga, deberá llevarlo adelante a través de directivas específicas sectoriales. “A través de ellas, impartirá a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas los lineamientos generales que orienten la planificación y la producción de inteligencia del Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF), en concordancia con las Directivas de Inteligencia Nacional correspondientes”, aclararon.
¿Las Fuerzas Armadas pueden hacer inteligencia de los ciudadanos?
En cuanto a las actividades de inteligencia vinculadas a personas, organizaciones políticas, sociales, sindicales o acciones lícitas ajenas al ámbito de la defensa, la normativa es contundente: mantiene expresamente las prohibiciones vigentes.
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En ese contexto, desde el Ministerio de Defensa sí aclararon que el documento plantea una adecuación a la evolución tecnológica actual, donde prima un aumento de las operaciones en el campo de lo cognitivo, en un escenario internacional complejo, “que obliga a modernizar permanentemente las capacidades de defensa y protección del instrumento militar”.
“Argentina avanza en la modernización de su sistema de defensa y adecua sus capacidades de inteligencia militar a los desafíos del escenario internacional actual. Fortalecer herramientas de prevención, coordinación y protección constituye una condición necesaria para defender la soberanía, preservar la estabilidad y garantizar la capacidad de respuesta frente a las amenazas del siglo XXI”, concluye el comunicado de la cartera castrense.
La resolución 381/06 de la gestión de Nilda Garré
La resolución del teniente general Presti modifica la número 381/06 de la gestión de Nilda Garré como titular de la cartera de Defensa durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Por entonces, el documento específicaba que los organismos de inteligencia militar no podían hacer contrainteligencia ni actividades de “acción psicológica” y que debían ajustarse a producir inteligencia estratégica militar (relacionada con las capacidades y debilidades del potencial militar de los países que interesen al sistema y del ámbito geográfico de áreas estratégicas desde el punto de vista operacional), estrategia operacional (vinculada al conocimiento de enemigos u oponentes, reales o potenciales) e inteligencia táctica (capacidades y debilidades de los enemigos u oponentes -reales o potenciales- y del ambiente geográfico de interés necesario en una operación militar). Sobre la depedencia: éstos responderían a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM).
Entre varios aspectos, la resolución 381/06 establecía que las Fuerzas Armadas sólo debían proporcionar inteligencia sobre el componente militar de su competencia.
En este contexto, los expertos detallan que, por entonces, esta normativa limitaba las contramedidas activas del sistema de inteligencia militar. De todas maneras, aclaran, laLey de Inteligencia Nacional y el decreto 941/2026 profundizan el papel de las Fuerzas Armadas en esta materia.
