“Argentina es un país con recursos naturales y posición estratégica”, afirmó el presidente de la Nación, Javier Milei, al anunciar por cadena nacional las duras medidas que aplicará para desalentar la explotación petrolera offshore en las Islas Malvinas.
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En esa línea, durante la transmisión, el mandatario recorrió el reclamo de soberanía que Argentina mantiene desde 1833, año en que las Malvinas fueron usurpadas por Gran Bretaña, y anunció una serie de sanciones a las empresas que busquen ser parte del negocio petrolero en ese sector de nuestro territorio -en referencia directa al proyecto Sea Lion, que las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration impulsan a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.
Además, entre otras decisiones, comunicó una ampliación del presupuesto de Defensa destinada a “fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas”. En ese sentido: Milei no tardó en hacer realidad su anuncio. Este mismo 4 de septiembre, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, modificó el presupuesto de la administración nacional para reforzar al Ministerio de Defensa con fondos destinados a la “incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento”.
El dato: la medida integra un paquete de dos decretos anunciados en la misma cadena nacional. El el otro, el 868/2026, endurece el régimen sancionatorio contra las empresas que exploten hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina, poniendo el proceso bajo la conducción de la Cancillería.
Qué dice el decreto que aumenta el presupuesto militar de Argentina
El Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, firmado por Javier Milei junto a su gabinete y publicado este viernes en el Boletín Oficial, modifica el presupuesto para el Ejercicio 2026 de forma inmediata.
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Según sus considerandos, la medida busca “dotar a las áreas competentes de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”, con especial atención al Ministerio de Defensa, cuyo presupuesto se incrementa “para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento”.
El detalle: en el texto, el Ejecutivo advierte que, de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, “peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales” cuyo responsable es el Estado Nacional. En esa línea, el decreto sostiene que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de algunas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de inteligencia y contemplar erogaciones que hacen al cumplimiento de su cometido”.
Asimismo, el decreto también dispone un refuerzo de fondos para otras instituciones del Estado, como la SIDE y Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
De acuerdo con las 56 páginas del anexo del DNU, elaborado por el Ministerio de Economía, son varias las jurisdicciones alcanzadas por la modificación. Sin embargo, cabe aclarar que el grueso del refuerzo recae sobre el Ministerio de Defensa, que recibe un incremento superior a los $217.954 millones distribuidos entre sus distintas fuerzas: $114.732.800.677 para la cartera; $60.429.467.258 para el Ejército; $8.115.569.620 ($2.200 millones destinados a equipamiento informático y $5.915,4 millones al programa de Alistamiento Operacional) para la Armada, $34.156.946.600 (pago a proveedores y contratistas) y $2.945.822.600 millones (alistamiento operacional) para la Fuerza Aérea y $519.368.706 para el Estado Mayor Conjunto (para el planeamiento militar conjunto).
