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Estados Unidos vs. Anthropic: tras las tensiones, la Justicia le puso un freno al Pentágono

Una jueza federal de Estados Unidos determinó que el intento del gobierno de bloquear a la empresa de IA fue una represalia inconstitucional por sus críticas al uso militar de la tecnología.

La compañía Anthropic, desarrolladora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, logró una victoria clave en su enfrentamiento con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Una jueza federal de San Francisco resolvió que el gobierno actuó de manera ilegal al catalogar a la empresa como una amenaza para la seguridad nacional, en un fallo que reabre la posibilidad de que vuelva a hacer negocios con el Pentágono.

El conflicto se originó luego de que Anthropic se negara a permitir que sus modelos fueran utilizados en armas autónomas o en tareas de vigilancia dentro del país, una postura que la empresa sostiene por considerar que la tecnología todavía no ofrece garantías suficientes para ese tipo de usos.

Estados Unidos vs Anthropic: el orígen de la disputa

La disputa había comenzado meses atrás, cuando la administración instruyó a distintas agencias federales a discontinuar el uso de la tecnología de Anthropic, mientras el secretario de Defensa avanzaba con la designación de riesgo para la cadena de suministro. Se trataba de la primera vez que una empresa estadounidense recibía públicamente esa etiqueta bajo una normativa de contrataciones pensada, originalmente, para blindar los sistemas militares frente al sabotaje extranjero.

Anthropic había iniciado la demanda bajo el argumento de que se trataba de una represalia encubierta y logró, en una primera instancia, que se le otorgara una medida cautelar que suspendía preventivamente los efectos de la designación mientras avanzaba el litigio de fondo.

Según el Pentágono, las empresas privadas no deberían tener capacidad de condicionar las decisiones operativas de las fuerzas armadas.

Durante una audiencia previa al fallo definitivo, la propia jueza había calificado la postura del gobierno como preocupante y en tensión directa con los principios constitucionales. Asimismo, advirtió que las pruebas presentadas por la administración se habían debilitado con el paso del tiempo en lugar de reforzarse.

Desde el Pentágono se sostiene una posición distinta, según la cual las empresas privadas no deberían tener capacidad de condicionar las decisiones operativas de las fuerzas armadas. Voceros de Anthropic, por su parte, celebraron la resolución y remarcaron su intención de colaborar con el Estado para que el desarrollo de la inteligencia artificial beneficie a la seguridad nacional sin resignar sus límites éticos.

La postura de la Justicia de Estados Unidos 

La magistrada Rita Lin, del Distrito Norte de California, fue quien emitió la resolución en un extenso documento de 59 páginas. Allí concluyó que la decisión del Pentágono no respondía a una evaluación genuina de riesgos, sino a un castigo dirigido contra la compañía por manifestar públicamente su desacuerdo con las políticas del gobierno.

En su escrito, Lin fue contundente al señalar que la invocación de motivos de seguridad nacional no puede convertirse en un “cheque en blanco” para perseguir a quienes cuestionan al gobierno. La jueza remarcó, además, que el propio Pentágono había elogiado previamente a Anthropic como socio tecnológico y la había sometido a controles de seguridad rigurosos, lo que debilitaba el argumento de que representara un peligro real.

Pese a las denuncias del Pentágono, Anthropic sostuvo su intención de colaborar con el Estado para que el desarrollo de la inteligencia artificial beneficie a la seguridad nacional.

El fallo determinó que la medida violó tanto la libertad de expresión como la garantía de debido proceso contenidas en la Constitución estadounidense. Como consecuencia, se ordenó al gobierno dejar sin efecto las directivas dictadas contra la compañía.

Por su parte, la actual administración ya anticipó que apelará la decisión, por lo que el enfrentamiento legal entre la compañía y el Departamento de Defensa continuará en instancias superiores.

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