El máximo tribunal de Venezuela revirtió parte de dos sentencias que habían cercenado las facultades del parlamento dominado por la oposición, en un intento por calmar protestas y la condena internacional.

En la semana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había dictaminado que su sala constitucional asumiría el rol del parlamento, al considerar que este cuerpo permanece en “desacato” por no haber desincorporado a tres de sus miembros acusados de comprar votos.

Además, la corte había limitado la inmunidad parlamentaria abriendo la posibilidad de llevar a juicio o apresar a los diputados opositores, mayoría en el hemiciclo.

Pero la madrugada del sábado, Maduro conminó al Tribunal Supremo a revisar las sentencias para sanar lo que calificó como un “impasse”.

“El Tribunal Supremo de Justicia, apegado al principio constitucional de colaboración de las ramas del poder público, atiende al exhorto efectuado”, dijo el presidente del TSJ, Maikel Moreno, leyendo una declaración.

“Nosotros no haremos nunca nada que atente contra la estabilidad de nuestro país”, agregó el magistrado, un ex miembro de la policía política que cumplió dos años de cárcel acusado de asesinar a una mujer en 1987.

Las decisiones del TSJ encendieron las alarmas en América. La oposición las calificó como un “golpe de Estado”, la OEA programó una reunión de emergencia el lunes, y varios países llamaron a dar marcha atrás y respetar la separación de poderes.

Los fallos, incluso, abrieron divisiones dentro del chavismo, que no suele ventilar sus diferencias. La fiscal general, Luisa Ortega, criticó las sentencias del TSJ asegurando que se trataba de una “ruptura del orden constitucional”.

Sin embargo, en la práctica, la Asamblea Nacional seguirá bloqueada por la justicia, que le ha impedido aprobar una sola ley desde que asumió funciones a principios del 2016 acusándola de “desacato”.

“Quieren hacerle ver al mundo que ellos supuestamente recularon y (…) no han hecho nada. El Tribunal Supremo de Justicia pretende maquillar a un muerto, pero ya dio un golpe de Estado que no puede corregir”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en una concentración opositora.

“Que no crean que tachando una palabra en esa sentencia corrigen el entuerto”, agregó ante los gritos de “fuera TSJ”.

La oposición señala a Maduro como el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela, con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez, pero el mandatario sostiene que sus adversarios libran una “guerra económica” con el fin de desbancarlo.

La oposición asegura que en Venezuela gobierna una dictadura que tiene tras las rejas a un centenar de presos políticos, que suprimió elecciones y que impide la apertura de un canal humanitario para suavizar la escasez de alimentos y medicinas.

“Debemos seguir activamente en la calle. No descansemos hasta restituir el hilo constitucional en nuestro país”, dijo el diputado Juan Andrés Mejía en una concentración opositora en Caracas ante la algarabía de una multitud que pedía permanecer en las calles para tumbar la “dictadura”.

La marcha atrás alcanzó un par de párrafos de las sentencias y no cambió un fallo más amplio del miércoles que le permite al Ejecutivo firmar contratos con empresas mixtas petroleras sin la aprobación del parlamento, violando la normativa acostumbrada.

En busca de liquidez para hacer frente a millonarios pagos de deuda el mes de abril, la estatal PDVSA le habría ofrecido vender a Rosneft una parte de su participación en la empresa mixta Petropiar, pero el Parlamento dijo que rechazaría el ofrecimiento.

Fuente: Reuters Latinoamérica