El nivel de homicidios relacionados con el tráfico ilegal de drogas alcanzó cifras inusitadas. Hasta ahora ninguna receta logró erradicar el flagelo de los Carteles. ¿Cuál es el panorama al que se enfrenta la flamante gestión de Enrique Peña Nieto?

Hablar de narcotráfico hoy es hablar de México. No solo por el poder que ganaron los carteles que se dividen el territorio del país, sino también por el nivel de violencia asociado al tráfico ilícito de estupefacientes. Las cifras hablan por sí mismas: 31 muertos diarios, unos 70.000 en los últimos seis años. Además, el número de muertes violentas pasó de 10.000 en 2007 a 22.500 en 2011 y las ejecuciones ya se ubican como la segunda causa de muerte.

Este nivel de violencia podía deducirse de las primeras planas de los periódicos de todos los días, pero las cifras fueron oficializadas por el flamante presidente Enrique Peña Nieto al presentar su plan “antinarco”, quien busca marcar la diferencia con la estrategia de guerra que planteó su antecesor, Felipe Calderón. Peña Nieto devolverá el control de la lucha contra las organizaciones delictivas -que el anterior gobierno había traspasado a los militares- a las Fuerzas de Seguridad.

El tema no es menor. Como dice el investigador italiano Francesco Forgione en su libro Mafia export (Anagrama, 2010), “México corre un serio riesgo de convertirse en un ‘narcoestado’. Áreas enteras de su territorio están hoy en manos de bandas que no reconocen otra ley que la de las armas, la de sus abusos y la de su violencia”.

Después del declive de los carteles colombianos durante la década de los 90, el narcotráfico mexicano volvió a ser el líder en su rubro: según el informe Lavado de Dinero Proveniente del Narcotráfico en Chihuahua, elaborado por Angélica Holguín López, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México hoy es el responsable del 75 por ciento de la droga que se consume en los EE. UU. A su vez, después del endurecimiento de los controles en la frontera entre ambos países luego de los atentados a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, el consumo interno mexicano de cocaína aumentó de 0,4 a 2,1 por ciento, y el de marihuana, del 3,6 al 9,8 por ciento.

Forgione agrega datos en su libro que dan idea de la magnitud que tiene el narcotráfico en México: “El conjunto de sus organizaciones, entre soldados, sicarios, camellos y falanges militares, dan de vivir a 150.000 personas. Y cerca de 300.000 se ganan la vida con el ‘ciclo de la marihuana’, de la que México es el segundo productor mundial después de Afganistán”.

De controlado a controlador

La historia del narcotráfico en México -no de la droga en sí, que es anterior- comenzó a principios del siglo XX, en la década de 1920, cuando se sancionaron la Ley contra la Marihuana (1920) y la Ley contra la Amapola (1926). Los antiguos comerciantes de “adormecedores” pasaron a la ilegalidad y la actividad comenzó a considerarse como tráfico ilícito.

“El denominado ‘Cartel del Golfo’ nació en los años treinta con los contrabandistas de alcohol que abastecían al mercado negro estadounidense en el período del prohibicionismo, para pasar (…) al tráfico de droga a lo grande en los años setenta”, detalla Francesco Forgione.

La particularidad del primer sistema de narcotráfico mexicano es que estaba subordinado al poder político posrevolucionario. “El mercado no era comparable al de ahora, pero sí lo suficientemente interesante como para que los políticos se metieran”, dijo el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Luis Astorga.

Se instalaron cultivos ilegales en el noreste del país y se fueron afinando los mecanismos institucionales para mantener el negocio. En 1947, siempre bajo el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se creó la Dirección General de Seguridad, que tuvo un rol activo en la contención de opositores, pero también de grupos criminales, como narcotraficantes.

Hasta la década del 60, el nivel de violencia fue bajo. “No es que necesariamente tenga que haber una violencia desbordada por parte de los traficantes de drogas ilegales por el negocio en sí mismo. Todo depende del tipo de Estado y de los controles que este aplique para poder contener este tipo de dinámicas”, explicó Luis Astorga en una conferencia que brindó para ProyectoECOS. Los controles autoritarios ayudaron a mantener la violencia contenida.

Pero el boom de las drogas en los 60 cambió el panorama y cuando el control del PRI -el partido de Estado- se fue perdiendo, aparecieron los cortocircuitos. Según Astorga, el proceso se acentuó hacia 1985, cuando se disolvió la Dirección General de Seguridad (DGS), después de la tortura y el asesinato del agente de la DEA (la agencia norteamericana antidrogas) Enrique Camarena Salazar, en el que estaban implicados funcionarios corruptos del gobierno. El organismo que sustituyó a la DGS, la Policía Judicial Federal, ya no tuvo las mismas capacidades de control.

“Una vez que desapareció el árbitro -el Estado-, el nuevo árbitro se va a buscar entre las organizaciones criminales a punta de pistola”, dijo Astorga. Explicó además que “en el sistema de partido de Estado, los traficantes que no seguían las reglas de juego impuestas tenían tres opciones: salir del negocio; ir a la cárcel; o morirse. En el esquema de la alternancia de partidos, la clase política va a ser ahora la que tiene tres opciones: no hacer nada y subordinarse a los criminales; hacer arreglos con estos grupos; o tratar de coordinar esfuerzos en una misma visión para intentar construir una política de Seguridad de Estado”.

Eduardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de Columbia y catedrático de la UNAM, concuerda con la idea que sostiene Astorga. En una entrevista con el Centro de Estudios Casa de América, Buscaglia aseguró que “la delincuencia organizada mexicana era gestionada por el Estado, por el partido único. Se le asignaban mercados a cada grupo criminal. Con la transición política caótica de los últimos veinte años, se invirtieron las reglas de juego: antes era la delincuencia organizada la que era gestionada por un Estado piramidal, ahora cada grupo criminal se ha adueñado de una porción del Estado mexicano. Estos grupos compiten ferozmente por la captura de ese Estado, esto es, compiten para que, por ejemplo, la policía de Nuevo León opere para un grupo y no para otro, que la fiscalía de Sinaloa opere para unos y no para otros, etc.”.

Reagrupados, no fragmentados

En México hoy existen al menos siete grandes carteles, y unas 20 bandas y grupos locales. El mapa fue mutando a lo largo de los años, pero ese es el panorama al que se tiene que enfrentar Peña Nieto, quien durante la exposición de su plan antinarco, no ahorró descalificaciones para la campaña de su antecesor.

Felipe Calderón había lanzado una guerra contra el narcotráfico, ordenando el accionar directo de las Fuerzas Armadas. Según Luis Astorga, desde finales de los 60, México va a ser experimento de EE. UU. para una política de seguridad donde las Fuerzas Armadas van a tener un papel cada vez más importante. “La primera operación para la destrucción de cultivos se hizo en México”, dijo. Fue el Plan Cóndor, lanzado oficialmente entre los años 1977 y 1978, aunque ya funcionaba extraoficialmente desde 1975. Esto constituyó el preludio para lo que posteriormente fue la Operación Fulminante (1978-1980), llevada a cabo en Colombia.

Bajo la presidencia de Ronald Reagan, el tráfico de drogas se convirtió en una cuestión de seguridad nacional. De ahí en adelante, varios países de América Latina van a considerar este mismo esquema. “La característica de todos los operativos que se lanzaron en la región es el papel central de las Fuerzas Armadas, que va a ser aceptado, al principio a regañadientes pero después cristalizándose, como método de lucha antinarco”, explicó Astorga.

Ante el panorama actual, el experto de la UNAM asegura que no ha habido fragmentación de las organizaciones criminales, “sino más bien escisiones para reconfigurar nuevas coaliciones. Si nos dicen por ejemplo que se separaron los Beltrán Leyva de la organización de Sinaloa, y los Zetas de la del Golfo, por el otro lado nos están diciendo que Sinaloa, El Golfo y la familia Michoacana (Los Caballeros Templarios) están unidos en ciertos aspectos”, argumentó. Por el otro lado, los Beltrán Leyva, los Carrillo y los Zetas, también tejieron su propia alianza. “Vemos que hay escisiones -continuó Astorga-, pero no fragmentación, porque esto último implicaría un debilitamiento visible de las organizaciones y probablemente la hegemonía de una organización que podría imponer eventualmente las reglas de juego sobre las demás. Por lo menos yo no lo veo hasta ahora”.

Sin unión, no hay espada que valga

Por otro lado, Astorga también señaló que en el esquema de alternancia tampoco se consolidan las instituciones del Estado, ni hay una visión de conjunto de parte de las fuerzas políticas para definir qué tipo de Estado, qué tipo de esquema de seguridad y qué reglas de juego se quieren.

En ese mismo sentido, Eduardo Buscaglia señaló que el expresidente Calderón “ha elegido una estrategia contraproducente, porque se concentró en reprimir a los grupos criminales, sin tocar su dimensión patrimonial. Más allá de la confiscación fortuita de dinero que se les encuentra a grupos criminales abajo del colchón, las miles y miles de empresas legales con las cuales opera la delincuencia organizada para poder transportar, producir y distribuir, no han sido tocadas”, enfatizó. La idea de Buscaglia es que aunque se reprima más y más, y se detenga un mayor número de miembros, si no se les afecta el patrimonio, “lo que hace cualquier organización criminal en el mundo es asignar más dinero a más violencia y más corrupción para defenderse. A eso se le llama la paradoja de la represión: más soldados, más policía, más corrupción, más violencia. Es echarle más gasolina al fuego”, advirtió.

La sugerencia de Buscaglia es similar a la de Astorga: “Lo que tiene que hacer el Estado mexicano es limpiarse a sí mismo, a través de un pacto político tipo la Moncloa, donde los actores políticos decidan por sí mismos cambiar las reglas de juego, que no acepten que grupos criminales les financien las campañas electorales, que no acepten que sistemas de licitación pública estén penetrados por dineros de grupos criminales, que no acepten que grupos criminales pongan su gente en puestos políticos. Cuando un poder político se autopurga, ahí comienza el fin para los grupos criminales. Ese pacto político todavía no se ha delineado entre todas las fuerzas políticas en México. En ningún país del mundo una sola fuerza política pudo deshacerse de este cáncer”, concluyó.